El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros amplía las zonas donde estará vetado fumar incluyendo terrazas de bares, estaciones, parques infantiles y alrededores de centros públicos y equipara el cigarrillo electrónico al tabaco tradicional. Su entrada en vigor depende ahora de la aprobación parlamentaria, en cuyo caso podría aplicarse a lo largo de 2026.
El Gobierno ha dado luz verde a un ambicioso anteproyecto de ley antitabaco que sustituirá y reforzará la normativa vigente hasta ahora (ley de 2005), incorporando medidas más estrictas de control y protección frente al humo. Entre las novedades más destacadas figura la prohibición de fumar en terrazas de bares, restaurantes y espacios abiertos de ocio, así como la creación de nuevos perímetros de seguridad alrededor de inmuebles públicos.
Este cambio normativo surge como respuesta a la creciente presencia de productos relacionados con el tabaco como los cigarrillos electrónicos—, que hasta la actualidad carecían de una regulación específica. Con esta reforma, estos dispositivos quedarán sujetos a las mismas restricciones que los cigarros convencionales, cerrando lo que el Ministerio de Sanidad entiende como un vacío legal. Además, por primera vez se fija la prohibición expresa del consumo para menores de edad.
Las zonas donde dejará de permitirse fumar abarcarán exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales; terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos al aire libre; parques infantiles y espacios culturales o deportivos. También se impondrá una zona de exclusión de al menos 15 metros lineales alrededor de accesos de edificios públicos, centros educativos, museos, bibliotecas, instalaciones sanitarias y recintos deportivos, tanto públicos como privados.
Para que estas medidas sean de obligado cumplimiento, el anteproyecto debe transitar por el proceso legislativo: una nueva deliberación en el Consejo de Ministros, debate con enmiendas en el Congreso y Senado, aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aún no se ha concretado una fecha de entrada en vigor, pero los primeros efectos podrían empezar a sentirse en 2026 si el calendario parlamentario no sufre retrasos.
Las autoridades sanitarias defienden que esta norma responde a un modelo de prevención integral: la intención es ofrecer una mayor protección a colectivos vulnerables (como menores o personas con patologías respiratorias), facilitar la convivencia en espacios públicos libres de humo y proporcionar claridad jurídica frente a las nuevas realidades del mercado de productos relacionados con el tabaco.
