Durante las protestas protagonizadas por la Generación Z en Marruecos, un manifestante fue arrollado por un vehículo policial en uno de los vídeos virales recientes. Las imágenes muestran un resultado dramático: el individuo sufre la amputación de ambas extremidades. El episodio ha generado indignación, debates sobre el uso de la fuerza policial y una ola de reacciones sociales.
En la cuarta noche consecutiva de manifestaciones en distintas ciudades marroquíes, numerosas movilizaciones de jóvenes reclamaban mejoras en el empleo, educación y sanidad. En medio de la tensión, una unidad policial empleó un furgón para dispersar concentraciones, lo que derivó en escenas de violencia extrema. En uno de los videos difundidos, el vehículo arrolla a varios manifestantes; uno de ellos queda gravemente herido y pierde ambas piernas.
Los disturbios han dejado un saldo significativo de detenidos y una crisis en la percepción pública del accionar policial. Usuarios de redes sociales han reproducido las imágenes con advertencias sobre su dureza, y diversos medios han señalado que la represión escaló en diferentes puntos, desde barricadas hasta enfrentamientos directos con fuerzas del orden.
Según testigos presentes durante las protestas, el manifestante arrollado quedó inmóvil en el suelo con una enorme cantidad de sangre, lo que disparó inmediatamente la atención de los presentes y generó pánico en la escena. En localidades como Oujda, donde se ubicó el incidente, se reporta que la carga policial fue contundente y no exenta de críticas.
Las demandas de los jóvenes movilizados giran en torno a una mejor inversión en servicios públicos esenciales y la garantía de oportunidades laborales. Desde las calles, se han alzado consignas como “más hospitales, menos estadios”, apuntando a la desproporción percibida entre las prioridades estatales y las necesidades ciudadanas.
La atención internacional ya se ha posado sobre Marruecos tras este episodio. ONG’s de derechos humanos y medios globales han exigido explicaciones oficiales, investigaciones transparentes y responsabilidades para quienes ordenaron las intervenciones policiales. El caso se ha convertido en un símbolo de tensión entre el derecho a manifestarse y los límites del uso del poder estatal.
Se espera que las autoridades marroquíes emitan comunicados formales, esclarezcan las circunstancias del atropello y acaten posibles sanciones si se comprueba exceso o abuso. Mientras tanto, la noticia sigue su difusión viral, generando reacciones críticas tanto dentro como fuera del país, y planteando un interrogante profundo sobre el rol de las fuerzas del orden frente a protestas ciudadanas.
