El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid cita a la esposa del presidente para que comparezca el lunes 6 de octubre ante la posibilidad de enfrentarse a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, además de la malversación inicialmente contemplada.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha emitido un auto en el que propone que Begoña Gómez sea objeto de un juicio con jurado popular por una serie de delitos graves vinculados al llamado “caso principal”. Hasta ahora, su implicación se había considerado principalmente en el ámbito de la malversación, pero la nueva decisión amplía el alcance a los cargos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
El juez ha citado a Gómez para que acuda a comparecer el lunes 6 de octubre a las 17:30 horas, momento en que será informada formalmente de esta decisión. En la misma convocatoria figuran también Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes igualmente deberán comparecer asistidos de sus abogados.
Este paso judicial surge pocos días después de que se celebrase la vista exigida por la normativa para concretar la imputación de los investigados en la pieza dedicada a la presunta malversación. En aquella ocasión, ni Gómez ni los demás imputados acudieron, alegando que la presencia de sus abogados bastaba conforme a una circular de la Fiscalía.
Con esta iniciativa procesal, el juez Peinado refuerza la hipótesis delictiva contra Gómez más allá del desfalco presupuestario, apuntando a que pudo haber operado en redes de influencia, gestionado negocios personales con ventaja y actuado como intermediaria indebida entre empresas y organismos públicos. La decisión de someterla a jurado popular subraya la gravedad con que el órgano instructor valora los hechos investigados.
La orden de comparecencia y la ampliación de los delitos atribuidos suponen un giro notable en la evolución del caso, al plantear una acusación más amplia y compleja que podrá someterse al escrutinio de ciudadanos-jurados en lugar de exclusivamente a un tribunal ordinario.
