La Audiencia Nacional investiga la difusión de información sensible del presidente y varios ministros; los arrestos se produjereron en islas Canarias y en la península
En una operación llevada a cabo por la Policía Nacional en coordinación con la Comisaría General de Información (CGI), han sido arrestados dos menores de edad presuntamente implicados en la filtración de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de varios miembros del Ejecutivo. La investigación fue declarada secreta por la Audiencia Nacional el pasado 22 de septiembre, ante la gravedad del caso y el posible daño institucional.
Según fuentes oficiales facilitadas a este medio, los jóvenes fueron localizados en sendas zonas una en el archipiélago canario y otra en territorio peninsular como resultado del seguimiento técnico e informático de los investigadores a un hacker autodenominado “N4TOX”, quien reivindicó la autoría de la filtración.
La información divulgada incluye documentos de más de 500 páginas con datos como DNI, fecha de nacimiento y dirección del presidente y de otros cargos públicos, aunque no se llegó a difundir el número de teléfono de Sánchez.
Entre los demás afectados figuran ministros como María Jesús Montero, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.
La autoridad judicial competente ordenó el secreto de sumario para preservar la integridad del procedimiento y evitar filtraciones que pudieran entorpecer el esclarecimiento de los hechos. En paralelo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) colaboró con personal de la CGI para rastrear los canales de difusión, que incluían plataformas como Telegram y la llamada “dark web”.
Ahora que los presuntos responsables están bajo custodia, la investigación se centra en determinar el grado real de participación de cada uno, si actuaron de forma individual o coordinada, y en encontrar cualquier otro colaborador que haya participado en la logística del ataque informático.
Las autoridades han señalado que este suceso pone de relieve la urgencia de reforzar los mecanismos de seguridad digital que protejan la información de altos cargos y prevenir que vulnerabilidades semejantes puedan repetirse.
La Policía Nacional ha comunicado que continuará su actividad operativa hasta completar las diligencias necesarias, y que el caso pasará al Juzgado Central de Instrucción correspondiente para su juzgamiento.
