Los padres de una alumna de 14 años que se quitó la vida en Sevilla manifiestan que habían alertado al colegio de los insultos y vejaciones sufridas por su hija; mientras, la Junta de Andalucía ha abierto una investigación y ha trasladado el caso a la Fiscalía por presunto incumplimiento de los protocolos escolares.
La trágica pérdida de Sandra Peña, una joven de 14 años que decidió terminar con su vida recientemente, ha provocado una fuerte conmoción social y un profundo sentimiento de indignación en su entorno. Sus progenitores sostienen que desde hacía tiempo habían advertido al colegio Irlandesas de Loreto sobre el acoso escolar que padecía su hija por parte de algunas compañeras, pero lamentan que la institución no actuara con la diligencia debida para protegerla.
Según los testimonios familiares, la adolescente era objeto de insultos frecuentes, burlas y comentarios dirigidos a su aspecto físico y actitud personal. La madre había presentado una queja formal ante la dirección del centro y aportó con anterioridad informes psicológicos que documentaban el sufrimiento emocional de la menor. A pesar de ello, denuncian que el colegio no activó ni el protocolo de acoso escolar ni el protocolo de conductas autolíticas que de forma obligatoria debe contemplar ante indicios de riesgo. En lugar de medidas estructuradas, la única decisión del centro fue reubicar a las supuestas agresoras en otro grupo de clase, medida que no evitaba que continuaran los enfrentamientos en otras circunstancias: pasillos, recreo, salida o entrada.
Las investigaciones oficiales ya están en marcha. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía ha confirmado que remitirá a la Fiscalía toda la documentación recabada hasta ahora y abrirá un expediente administrativo contra el colegio para esclarecer posibles responsabilidades institucionales. Asimismo, la Inspección Educativa ha verificado que el centro no cumplió con los protocolos obligatorios que debía aplicar ante casos de acoso y riesgo suicida.
Por su parte, las autoridades policiales también están realizando averiguaciones. El suceso tuvo lugar al mediodía del martes, cuando la menor se precipitó desde un balcón de su vivienda poco después de regresar del colegio. Aunque los servicios de emergencia llegaron con rapidez, no pudieron reanimarla. Las fuerzas del orden han abierto diligencias para determinar si existieron indicios previos que justificaran una intervención obligada o un seguimiento más riguroso del caso.
La comunidad educativa, mientras tanto, vive momentos de dolor y reflexión. En el colegio se ha movilizado un equipo de profesionales en bienestar emocional para acompañar a los estudiantes, maestros y personal del centro. Desde la institución han manifestado su consternación, asegurando que colaboran con los organismos competentes y que su prioridad es acompañar tanto a los compañeros como a la familia de la estudiante fallecida.
La familia de Sandra ha pedido que su nombre no quede en el olvido y que este caso sirva para cuestionar qué mecanismos fallaron en la protección de menores. Su tío, en declaraciones públicas, ha enfatizado que el colegio “era perfectamente conocedor” de la situación y que nunca se pusieron los medios necesarios para evitar una desgracia. “Si hubieran actuado con rigor, esto no habría terminado así”, ha lamentado.
Este suceso pone nuevamente en el centro del debate la eficacia real de los protocolos contra el acoso escolar y la prevención del suicidio en el ámbito educativo. Más allá de la responsabilidad institucional, se reclama una revisión profunda del sistema de alerta, una formación más rigurosa para docentes y orientadores, así como una atención inmediata y coordinada entre colegios, servicios sociales y salud mental, cuando existan indicios de maltrato psicológico o riesgo para el alumno.
