Un jubilado residente en Playa Blanca (Lanzarote) ha admitido en el juicio que mató a un hombre que le había robado su teléfono móvil. Según su versión, el atraco le dejó incomunicado justo cuando aguardaba una comunicación decisiva desde el hospital.
El hecho se remonta al 27 de julio de 2023, cuando el acusado, un hombre de 69 años identificado como Manuel Esteban Montoro, fue abordado en la vía pública por un individuo que le arrebató el móvil.
No se trataba del primer robo: según declaró el procesado, ya había sido víctima de hurtos similares en ocasiones anteriores.
Ese mismo día, la necesidad de estar localizable tenía para él una relevancia vital: estaba esperando una llamada del hospital para recibir detalles sobre una fecha de operación médica, algo que según sus palabras le generó una fuerte ansiedad.
Tras el robo, Montoro regresó a la calle, esta vez con un pequeño cuchillo en el bolsillo (una herramienta que, según dijo, usaba habitualmente para pelar fruta o cortar pan).
El encuentro con su agresor se repitió por casualidad. En ese momento, asegura que perdió el control emocional: recriminó al ladrón por no devolverle el teléfono y, según su versión, comenzó una confrontación que terminó con tres puñaladas en la cabeza de la víctima. El agresor falleció de forma inmediata.
Durante la vista oral, Montoro manifestó su arrepentimiento. “Yo nunca he querido hacer daño a nadie, siempre he evitado los problemas, pero esa situación me desbordó”, declaró ante el tribunal.
También explicó que la víctima, en el pasado, le había ofrecido comprarle una caravana para financiar un viaje familiar, oferta que él había rechazado.
Según su relato, ese día también hubo burlas por parte del ladrón y otras personas que se cruzaron con ellos, lo que intensificó su frustración.
El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde el Ministerio Fiscal pide una condena por homicidio.
Según los medios que cubren el juicio, Montoro y la acusación particular alcanzaron un acuerdo de conformidad: se solicita una pena de 10 años de prisión.
