Bruselas da luz verde al nuevo reglamento de retornos que permite enviar inmigrantes con orden de expulsión a países terceros considerados “seguros”. El Gobierno de España, representado por Fernando Grande‑Marlaska, advierte de graves riesgos jurídicos, políticos y de derechos humanos.
Los 27 Estados miembros de la Unión Europea han aprobado este lunes un paquete normativo que incluye una reforma de las reglas de asilo y retorno, así como la creación de “centros de deportación” en países extracomunitarios, siguiendo el modelo impulsado por algunos gobiernos de Europa.
Según el nuevo marco aprobado por los ministros de Interior de la UE, los Estados podrán devolver a personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada a terceros países catalogados como “seguros”, incluso si nunca han tenido vínculo previo con ellos. Entre los países incluidos en la lista preliminar figuran naciones como Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez, Kosovo, así como varios candidatos a entrar en la UE.
La normativa permite además establecer “hubs” o “centros de retorno” en terceros países, donde los migrantes con orden de expulsión podrían ser trasladados mientras se tramita su retorno definitivo.
Para el Gobierno español, esta decisión supone un cambio de rumbo drástico en la política migratoria europea. Marlaska ha sido el único ministro que expresó su rechazo explícito durante la votación, señalando “serias dudas jurídicas, políticas y de derechos humanos” respecto al mecanismo. El Ejecutivo advierte que la medida podría perjudicar las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular, y teme que el reglamento vulnere los derechos fundamentales de las personas solicitantes de protección internacional.
España, además, rechaza que los “centros de retorno” puedan suponer detenciones prolongadas y advierte del riesgo de externalizar la gestión migratoria sin garantías claras de respeto a las obligaciones internacionales sobre asilo y derechos humanos.
Con esta decisión, la UE da un giro hacia un modelo más restrictivo de control migratorio y externalización de retornos, lo que supone una fractura respecto a la posición defendida por España y algunos otros Estados que optan por una política migratoria más basada en cooperación con países de origen y tránsito, y en el respeto a los derechos de los solicitantes de asilo.
