La Guardia Civil y la Policía Portuaria ejecutaron el desahucio de Margarita, una mujer mayor que residía desde hace años en su embarcación amarrada en el muelle deportivo, en medio de protestas de colectivos sociales y dudas sobre el respeto a su situación de vulnerabilidad.
En una intervención que ha generado considerable atención mediática y social, las fuerzas de seguridad desalojaron este martes a Margarita, una mujer de 71 años, del velero Claudine, la embarcación que utilizaba como su vivienda en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.
La actuación fue llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Portuaria tras una orden respaldada por la Autoridad Portuaria local, que alegó deficiencias en la flotabilidad, la seguridad y las condiciones de higiene del barco como justificación principal del desalojo.
Según informaron fuentes oficiales, durante alrededor de media hora los agentes intentaron convencer a Margarita de que abandonase voluntariamente la embarcación, sin éxito.
Finalmente, la operación culminó con la entrada de tres agentes en el velero alrededor de las 10:48 h. y su posterior retirada del muelle para que el personal portuario procediera a desatracar la embarcación de la dársena.
El desahucio se produjo en un contexto de protesta y apoyo de colectivos sociales como Derecho al Techo y Mi Barco, Mi Casa, que reunieron a una veintena de personas en el muelle para intentar frenar la actuación policial.
Estos grupos han cuestionado la validez del procedimiento, asegurando que no se contó con la presencia de la comitiva judicial durante el lanzamiento y que no se evaluó adecuadamente la vulnerabilidad de la afectada, que afirma no tener otra alternativa habitacional.
Tras el desalojo, Margarita fue trasladada a un centro de salud cercano debido a un golpe sufrido en el forcejeo y a su evidente nerviosismo.
Posteriormente, con el apoyo de los servicios sociales municipales y organizaciones de ayuda, pasó la noche en un alojamiento temporal facilitado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mientras se tramitan otras soluciones habitacionales de emergencia.
El caso ha reavivado el debate sobre la situación de las personas que viven en embarcaciones atracadas en el puerto se estima que alrededor de 200 residen en este tipo de condiciones y la tensión entre la normativa portuaria que prohíbe el uso residencial de estas instalaciones y las necesidades sociales de quienes no cuentan con opciones de vivienda más convencionales.
Los colectivos de apoyo han manifestado su preocupación por la falta de alternativas habitacionales dignas y han instado a las autoridades a reconsiderar las políticas que afectan a este colectivo vulnerable.
