El ministro de Transportes insiste en que el carril roto era “nuevo” y acusa de desinformación, pero las imágenes y la controversia sobre el estado de la vía mantienen la incertidumbre y el debate público
La polémica en torno al descarrilamiento registrado en Adamuz (Córdoba) continúa escalando y se mantiene “todo en el aire” a medida que se cruzan versiones sobre el estado real de la infraestructura ferroviaria en el punto del incidente.
En las últimas horas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido públicamente a las informaciones difundidas y ha calificado lo ocurrido como “un bulo como una catedral”, asegurando que el carril implicado en el suceso no era antiguo, sino “un carril nuevo”, fabricado en 2023 e instalado durante mayo y junio de 2025.
En un mensaje difundido en redes sociales, el ministro remarca que el tramo concreto estaría identificado con un número de referencia y que la soldadura “pasó los controles”, además de pedir que se deje de “desinformar” para poder centrarse en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la solución de los problemas derivados del accidente.
Sin embargo, el debate se mantiene vivo tras la aparición de imágenes y explicaciones en televisión que apuntan a una unión de piezas de distintos años, con referencias a carriles marcados como 1992 y 2023, y una información que señala que el carril se habría roto en un punto de empalme con piezas de 1989 y 2023, insistiendo en que, según Adif, la soldadura había superado las revisiones.
La situación ha generado una fuerte controversia pública, ya que mientras desde el Ministerio se insiste en que se está ante una campaña de desinformación, la ciudadanía y distintos sectores reclaman claridad, explicaciones técnicas completas y depuración de responsabilidades.
En paralelo, el asunto ha tomado dimensión política y mediática, con declaraciones que elevan el tono del debate.
En el programa de radio ‘Herrera en COPE’ difundido en televisión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que “Puente debe dimitir”, criticando que el presidente del Gobierno alabara al ministro en un acto público mientras aún se hablaba de víctimas pendientes de enterrar.
Estas declaraciones han aumentado la presión sobre el Ejecutivo y han colocado el foco no solo en el origen del fallo, sino también en la gestión institucional y la comunicación pública del caso.
Mientras se espera que las investigaciones y los informes técnicos determinen qué ocurrió exactamente y por qué, el clima social y político sigue marcado por la incertidumbre.
La exigencia de una parte importante de la opinión pública es clara: alguien debe asumir responsabilidades si se confirma cualquier fallo en la cadena de control, mantenimiento o supervisión, y las administraciones implicadas deben ofrecer una explicación completa y verificable para despejar dudas y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
