El juez de Barbate ha acordado abrir juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, presunto piloto de la narcolancha implicada en el brutal ataque mortal contra agentes de la Guardia Civil el 9 de febrero de 2024, tras concluir la instrucción del caso y atribuirle delitos de asesinato, tentativa de asesinato y atentado agravado contra la autoridad.
Tras casi dos años de investigación sobre uno de los casos más graves de violencia vinculada al narcotráfico en el Estrecho, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate (Cádiz) ha decidido dar por finalizada la instrucción de la causa judicial derivada del ataque perpetrado por una narcolancha contra una embarcación oficial de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, ocurrido el 9 de febrero de 2024, en el que perdieron la vida los agentes Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo y resultaron heridos otros cuatro compañeros en el ejercicio de sus funciones.
Con la instrucción cerrada, el juez ha dictado auto por el que acuerda la apertura de un juicio con jurado popular que se celebrará en la Audiencia Provincial de Cádiz contra Karim El Baqqaly, identificado como el piloto de la narcolancha semirrígida de alta potencia que embistió de manera reiterada la zodiac de la Guardia Civil, así como contra Yassine El Morabet, uno de los tripulantes que acompañaba a El Baqqaly aquella noche, a quien se atribuyen varios delitos de atentado agravado por emplear un puntero láser contra los agentes antes de la colisión.
El auto judicial atribuye a El Baqqaly de forma provisional dos delitos de asesinato consumado, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa por las lesiones sufridas por los agentes que sobrevivieron y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar que actuó con “ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte” a los agentes, consciente de la abrumadora diferencia entre la embarcación que pilotaba y la fragilidad de la zodiac oficial.
A la vez que ordena la apertura del juicio, el juez ha fijado para El Baqqaly una fianza de 3,3 millones de euros con el fin de garantizar el pago de posibles indemnizaciones a las víctimas y sus familiares.
Otros dos tripulantes de la narcolancha, detenidos también tras una investigación que se prolongó durante meses, van a ser juzgados en procedimientos separados por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal, mientras que El Morabet será juzgado en el mismo jurado por su implicación en reducir la capacidad de defensa de los guardias civiles con el láser.
El caso, que ha conmocionado a toda España y reavivado el debate sobre la peligrosidad a la que se enfrentan las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico marítimo, llega así a su fase decisiva en los tribunales, marcando un hito sin precedentes en la aplicación de la justicia penal a la violencia mortal vinculada a las redes de tráfico de drogas en aguas gaditanas.
