Un perito en navegación marítima concluye que la narcolancha que embistió a la patrullera de la Guardia Civil el 9 de febrero de 2024 no frenó ni maniobró para evitar el choque fatal, lo que refuerza la tesis de actuación deliberada. Mientras tanto, organizaciones de guardias civiles exigen explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y reclaman justicia para las víctimas.
En un momento decisivo para la investigación del trágico suceso que costó la vida a los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, un informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción de Barbate ha determinado que la narcolancha implicada no intentó esquivar ni redujo su velocidad antes del impacto.
Según el experto en navegación marítima, la embarcación mantuvo su rumbo y “planeo” aún cuando se encontraba en una distancia crítica, sin que se observara ninguna maniobra evasiva que pudiera indicar un accidente.
Este hallazgo es de gran trascendencia, pues puede inclinar la balanza hacia la acusación de premeditación.
De acuerdo con fuentes jurídicas, el informe se suma a otras evidencias que apuntan a un posible asesinato, en lugar de un mero accidente.
La asociación profesional JUCIL, que representa a guardias civiles y ejerce la acusación popular en el caso, ha vuelto a exigir una respuesta firme del Ministerio del Interior.
Sus portavoces subrayan que, si el informe confirma intencionalidad, no basta con las medidas judiciales: “Debe haber responsabilidades políticas y operativas”, declaran.
Por otro lado, varios agentes supervivientes del operativo han denunciado públicamente una falta de recursos y una improvisación estructural en la misión en Barbate.
Según sus testimonios, el dispositivo no estaba debidamente coordinado ni preparado para enfrentarse a embarcaciones tan potentes.
Este nuevo peritaje no solo reaviva el clamor por justicia para David y Miguel Ángel, sino que también intensifica el debate sobre la rendición de cuentas en las altas esferas del Ministerio del Interior.
Las familias de los fallecidos claman ahora por transparencia total, y por una investigación exhaustiva que arroje luz sobre todas las responsabilidades, tanto penales como políticas.
