La familia de la menor sevillana que se suicidó tras sufrir acoso escolar interpone una querella admitida por el juzgado contra el colegio Irlandesas de Loreto y algunos de sus responsables, y apela a un cambio profundo en la actuación educativa para prevenir futuros casos de bullying.
La familia de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que falleció el pasado 14 de octubre después de sufrir acoso escolar prolongado, ha dado un paso decisivo en su lucha por justicia al interponer una querella contra el colegio Irlandesas de Loreto (Sevilla) y varios de sus responsables docentes.
El juzgado ha admitido la querella a trámite, y los progenitores esperan que se impongan las sanciones más graves posibles, no solo como respuesta legal al sufrimiento de su hija, sino también como mensaje para que otros centros educativos refuercen sus protocolos de actuación ante situaciones de bullying y conductas autolíticas.
La querella, además de dirigirse contra el centro educativo, incluye a personas concretas dentro de su personal, a quienes la familia acusa de no haber activado ni cumplido de forma adecuada los protocolos establecidos contra el acoso ni los mecanismos de prevención de conductas suicidas pese a las advertencias y denuncias presentadas previamente.
Esta presentación judicial se enmarca en una investigación más amplia, que ya incluye diligencias abiertas tanto sobre la posible implicación de las menores señaladas como acosadoras como sobre la actuación del propio colegio y que ha movilizado a la sociedad española a exigir medidas efectivas contra el bullying en las aulas.
En declaraciones a medios, el portavoz de la familia ha subrayado que la verdadera victoria sería que el caso de Sandra sirva para provocar cambios reales en la gestión de acoso escolar y que ninguna otra familia tenga que vivir una tragedia similar.
La familia también ha agradecido el respaldo social y la acogida de la Junta de Andalucía, que mantiene abierta una investigación administrativa a la espera de la resolución judicial.
