Miles de andaluces soportan demoras de hasta ocho meses para acceder a una resonancia, consulta con especialista o intervención preferente.
Las listas de espera se disparan y los profesionales alertan de que los plazos legales se incumplen de forma sistemática.
La sanidad pública andaluza vive un momento de máxima tensión por las demoras prolongadas en pruebas diagnósticas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas.
Según datos oficiales y fuentes sindicales, los pacientes esperan hasta ocho meses para una resonancia magnética y una media de 150 días para una cita con especialista, superando ampliamente los plazos legales establecidos de 30 y 60 días, respectivamente.
En especialidades como neurología o cirugía vascular, la espera llega a superar el año y medio, mientras que la media para una operación preferente roza los 169 días.
Actualmente, más de 207.000 personas aguardan una cirugía y cerca de 852.000 pacientes están pendientes de una primera consulta médica.
Aunque el Ejecutivo andaluz defiende haber reducido los tiempos en determinadas áreas, sindicatos, colegios profesionales y colectivos de pacientes advierten que el problema es estructural y que las mejoras anunciadas son “insuficientes” para aliviar la saturación real de los hospitales.
Los efectos de estos retrasos son graves: diagnósticos tardíos, enfermedades que se agravan con el tiempo, aumento de la presión psicológica en los pacientes y una creciente brecha entre quienes pueden acceder a la sanidad privada y quienes dependen exclusivamente del sistema público.
Las organizaciones sanitarias reclaman un plan de choque urgente, con más personal, recursos tecnológicos y quirófanos en funcionamiento, además de transparencia en la gestión de las listas de espera.
“Lo que está ocurriendo no es solo un problema de gestión: es un problema de salud pública que afecta directamente a miles de familias”, ha señalado un portavoz de la Federación de Sanidad de UGT Andalucía.
“La ciudadanía tiene derecho a recibir atención en los plazos legales, y si no se garantiza desde la sanidad pública, se está vulnerando un derecho básico”.
