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Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y colaboración internacional con la Policía Judiciaria de Portugal, han intervenido en un trastero de Cádiz 172 kilos de hachís introducidos en España en el camarote de un velero.
La operación, enmarcada dentro del Plan Meridional y el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar destinado a la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, ha finalizado con la detención de dos personas en El Puerto de Santa María (Cádiz).
Para introducir la droga, uno de los arrestados realizaba una travesía marítima en velero hasta las costas marroquíes, donde cargaba la sustancia estupefaciente que ocultaba en los camarotes; una vez en aguas territoriales solicitaba asistencia marítima de socorro, fingiendo una avería o accidente, para entrar a puerto remolcado. Una vez en España, trasladaban la droga en pequeñas partidas hasta un trastero, sito en el municipio gaditano, utilizado como guardería a la espera de ser transportada fuera del país.
La investigación comenzó en verano de 2021 cuando los agentes detectaron una embarcación tipo velero y a varios individuos, con antecedentes por tráfico de drogas, realizando movimientos sospechosos, compatibles con actividades relacionadas con el narcotráfico.
En junio de 2021 el principal investigado y dueño de la embarcación, atracó en el Puerto Deportivo de Barbate, tras haber sufrido un supuesto ataque de orcas cuando cruzaba el Estrecho de Gibraltar. El incidente provocó un cambio de la embarcación utilizada, no consiguiendo, sin embargo, alejar el foco de la investigación a la que estaba siendo sometido.
Tras varias pesquisas policiales, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de desplazamientos habituales del principal investigado a Lisboa, motivo por el que solicitaron colaboración a la Policía Judiciaria de Portugal. En este sentido, establecieron un dispositivo integrado por agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, que permitió detectar una reunión entre el investigado español y un ciudadano portugués. Los agentes de la Policía Judiciaria lusa, identificaron a esta persona, conocida por sus numerosos antecedentes relacionados con el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas.
Los investigadores pudieron documentar diversos encuentros que permitieron asignar al objetivo portugués el papel de propietario de la sustancia estupefaciente y la persona que financiaba todas las operaciones necesarias para concluir el tráfico de drogas; mientras el ciudadano español era quien navegaba hasta un punto en aguas internacionales, donde se cargaba el estupefaciente, regresando a su base en un puerto deportivo de la zona.
