La obligatoriedad de implantar una tasa de residuos en todos los municipios de más de 5.000 habitantes ha desatado críticas.
En los próximos meses entrará en vigor una normativa que obligará a todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes a aplicar una tasa de basuras.
Su cuantía dependerá de criterios como el valor catastral del inmueble, lo que podría provocar diferencias significativas entre localidades e incluso entre barrios de la misma ciudad.
Aunque la medida se enmarca dentro de los esfuerzos de la Unión Europea para fomentar la economía circular y mejorar la gestión de residuos, se está generando preocupación ante la posibilidad de que la nueva tasa termine siendo muy desigual dependiendo del municipio.
Los consistorios tendrán potestad para fijar el importe, tomando en cuenta factores como el valor catastral de la vivienda y el uso del inmueble.
Por ejemplo, localidades con precios catastrales bajos podrían establecer una tasa anual que ronde los 30 euros, mientras que en ciudades con valor catastral elevado la factura podría superar los 150 euros al año.
En barrios acaudalados de grandes ciudades, e incluso para locales comerciales, esas cifras podrían dispararse aún más: en Aravaca (Madrid) se estima que el recibo podría rebasar los 570 euros.
Otro aspecto que genera ambigüedad es quién asumirá el coste de la tasa: aunque en general se considera que será responsabilidad del propietario del inmueble, existe la posibilidad de que este cargo pueda trasladarse al inquilino, siempre que el contrato de arrendamiento lo estipule claramente.
Organizaciones ciudadanas alertan de que, dado el uso de criterios como el valor catastral, barrios con mayor capacidad económica podrían terminar pagando mucho más, acentuando desigualdades territoriales.
Además, los comerciantes advierten que el coste para locales podría resultar especialmente gravoso, dependiendo del uso del inmueble, la generación de residuos y su valoración catastral.
El debate ya ha comenzado en numerosos municipios, donde vecinos y entidades sociales exigen que la aplicación de la tasa contemple medidas compensatorias o escalones basados en renta u otros parámetros sociales que mitiguen el impacto en ciudadanos con menores ingresos.
