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Gran varapalo a los padres de Marta del Castillo: la Justicia vuelve a rechazar analizar los móviles de los implicados

La Audiencia de Sevilla considera que afectaría seriamente a "Los derechos fundamentales de las personas que ya han sido condenadas"

La Audiencia de Sevilla rechaza de nuevo que se investiguen los teléfonos de algunos de los condenados por el asesinato de Marta del Castillo, que fueron absueltos en el juicio, porque afectaría seriamente a «Los derechos fundamentales de las personas que ya han sido juzgadas».

La sección tercera de la Audiencia desestima en un auto el incidente de nulidad presentado por los padres de Marta del Castillo contra un auto de octubre de 2022 que ya desestimaba la investigación de los móviles de Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño condenado por el asesinato de la joven; de María García, novia de Delgado; de Samuel Benítez, amigo de Carcaño, y de Francisco Javier García, conocido como El Cuco, que fue condenado por encubrimiento por un Juzgado de Menores.

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, autorizó en su día el desbloqueo de los teléfonos móviles de Marta del Castillo y de Miguel Carcaño para tratar de arrojar algo más de luz al caso de la joven sevillana. Eso sí, el magistrado no permitió tampoco acceder al móvil del resto de los implicados, como el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez o Javier García Marín, el Cuco.

El auto de la Audiencia, fechado el 24 de marzo y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además de desestimar la solicitud de nulidad del auto del 26 de octubre de 2022, condena al los padres de Marta del Castillo al pago de las costas causadas en este incidente de nulidad.

Recuerda la Audiencia que la pieza separada abierta con la finalidad de continuar la búsqueda del cuerpo de Marta ya fue cerrada y asegura que «en ningún caso procede mantener una investigación sine die, sin justificación para la intervención judicial y, menos cuando lo que se pretender es la práctica de nuevas diligencias que afectan a derechos fundamentales de personas ya enjuiciadas».