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La Corte Penal Internacional ha emitido este viernes por la tarde una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes cometidos durante la guerra de Ucrania. Moscú ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades durante el año de invasión de su país vecino.
Sin embargo, el organismo internacional emitió la orden de arresto de Putin bajo sospecha de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a la Federación Rusa. Además, el tribunal también ha lanzado una orden de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial de Rusia para los Derechos del Niño, por los mismos cargos.
Putin se ha reunido en varias ocasiones con Lvova-Belova para abordar temas como la situación de los menores en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas o los subsidios para las familias de voluntarios y mercenarios rusos. Al respecto, Lvova-Belova se congratuló hoy de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos «buenas condiciones de vida».
«Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando», dijo a la prensa local. En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.
Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos ‘in absentia’ del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.
Sin embargo, el TPI sí que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.
Como nota particular, el TPI ha hecho un caso excepcional al identificar por nombre a Putin y Lvova-Belova, contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato, al indicar que «el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos», particularmente el de la deportación infantil forzada, «que todavía continúa».
«El señor Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8.2.a.vii y 8.2.b.viii del Estatuto de Roma). Los crímenes se habrían cometido en territorio ocupado por Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (artículo 28(b) del Estatuto de Roma)», dice la orden de arresto emitida este viernes.
