Los triángulos catadióptricos serán definitivamente sustituidos por las balizas V16 conectadas con la DGT a partir del 1 de enero de 2026, una medida que aumentará la seguridad vial
La nueva baliza V16 conectada será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que los tradicionales triángulos catadióptricos pasarán definitivamente a la historia. Este cambio representa una importante evolución en los sistemas de señalización de emergencia para vehículos inmovilizados en carretera, tras haber dejado de ser obligatorio el uso de triángulos en 2023 debido a los riesgos que suponía su colocación para los conductores en situaciones de peligro.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado este cambio normativo con el objetivo de aumentar la seguridad vial en situaciones de emergencia, evitando que los conductores tengan que abandonar el vehículo para señalizar una avería o incidente. Según los expertos de Alquiber, quienes han elaborado una guía para despejar las principales dudas sobre este dispositivo, la baliza V16 no solo ofrece mayor visibilidad que los triángulos tradicionales, sino que además incorpora tecnología de conectividad que permitirá alertar a otros conductores en tiempo real.
A menos de un año para que esta normativa entre en vigor de manera definitiva, son muchos los conductores españoles que todavía no han adquirido este dispositivo obligatorio o desconocen sus características esenciales. La transición hacia este nuevo sistema de señalización conectado con la plataforma DGT 3.0 ha generado numerosas dudas entre los usuarios, especialmente relacionadas con su homologación, precio y consecuencias legales de no cumplir con la normativa.
¿Qué es exactamente la baliza V16 y cómo funciona?
La baliza V16 es un dispositivo luminoso diseñado para identificar la posición de vehículos detenidos en zonas no apropiadas para el estacionamiento. Su principal ventaja frente a los triángulos tradicionales es que no requiere que el conductor abandone el vehículo para su colocación, ya que se adhiere magnéticamente a la parte más alta y visible del coche. Este sistema emite potentes destellos luminosos de color amarillo visibles a gran distancia (360°), garantizando que otros conductores puedan detectar el obstáculo con suficiente antelación.
Lo que distingue a este dispositivo es su capacidad de conexión con la plataforma DGT 3.0, transmitiendo la ubicación exacta del vehículo en tiempo real. Esta información permite a las autoridades emitir alertas a través de los paneles informativos en carretera y enviar notificaciones directamente a los navegadores GPS de otros vehículos, creando un sistema de prevención mucho más eficaz que los métodos tradicionales.
Las balizas homologadas deben cumplir con requisitos técnicos específicos, entre ellos, mantener una emisión de luz durante al menos 30 minutos consecutivos y contar con una batería o pila con vida útil mínima de 18 meses. La DGT mantiene actualizado un listado con más de 200 modelos certificados oficialmente que cumplen con lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998.
Consecuencias legales por no disponer de la baliza V16 homologada
El incumplimiento de esta normativa a partir del 1 de enero de 2026 puede acarrear importantes consecuencias legales en diversos ámbitos. En el ámbito administrativo, las sanciones económicas pueden oscilar entre los 80 y 200 euros tanto para el propietario del vehículo (por no disponer del dispositivo obligatorio) como para el conductor (por no utilizarlo correctamente en caso de emergencia).
Más allá de las sanciones directas, existen implicaciones graves en el ámbito de la responsabilidad civil. Un conductor que no señalice adecuadamente su vehículo inmovilizado podría ser considerado responsable directo de los daños causados a terceros por falta de señalización, lo que puede derivar en reclamaciones judiciales y obligaciones de indemnización.
En el contexto asegurador, las compañías podrían aplicar exclusiones de cobertura por negligencia grave o ejercer acciones de repetición, reclamando al asegurado las cantidades ya abonadas a terceros perjudicados. Desde la perspectiva penal, la omisión de la señalización podría calificarse como imprudencia grave si resulta ser la causa directa de lesiones o fallecimientos, lo que podría conllevar penas de prisión y la privación del derecho a conducir.
Los fabricantes, laboratorios e importadores también enfrentan graves consecuencias si incumplen la normativa, con multas que pueden alcanzar los 100 millones de euros e incluso la suspensión o cierre de la actividad comercial por periodos de hasta cinco años, según establece la Ley de Seguridad Industrial 21/1992.
La DGT ofrece en su página web oficial un listado completo con todos los dispositivos que han superado el proceso de certificación reglamentaria.
