Una investigación revela que el centro gestionado por Ribera Salud habría dado instrucciones para reutilizar dispositivos médicos descartables con el fin de recortar costes, una práctica denunciada por personal interno y considerada ilegal bajo la normativa sanitaria.
Varios trabajadores del Hospital de Torrejón de Ardoz recibieron órdenes de esterilizar y volver a usar catéteres material sanitario marcado como “de un solo uso” hasta en diez ocasiones.
Tal decisión habría sido tomada por la dirección del hospital en un contexto de presión para priorizar la rentabilidad económica por encima de la seguridad del paciente.
La denuncia partió de al menos cuatro directivos que, tras negarse a aplicar esas indicaciones, fueron despedidos.
El material reutilizado incluía dispositivos caros como catéteres para intervenciones de cardiología cuyo precio supera los 2.000 €.
La normativa europea, junto al reglamento sanitario español, prohibe explícitamente la re-esterilización de este tipo de dispositivos sin que regresen al fabricante para su reacondicionamiento.
Estas revelaciones se suman a las filtraciones previas en las que el entonces consejero delegado del grupo gestor, Pablo Gallart, instaba a aumentar las listas de espera y a aceptar solo a “pacientes rentables”, con el objetivo de elevar el beneficio económico del hospital.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Sanidad ha ordenado una investigación a través de la Alta Inspección de Sanidad para esclarecer si se ha vulnerado el derecho a la protección de la salud.
El caso ha reabierto el debate sobre los riesgos de externalizar la gestión de hospitales públicos: muchos sindicatos y partidos políticos ya habían advertido que bajo un modelo privado de concesión, los incentivos económicos pueden entrar en conflicto con la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
