La muerte de un joven de 15 años en Almacelles (Lleida) ha abierto una investigación policial y educativa para determinar si se trató de un suicidio derivado del acoso escolar, de otras causas o de una combinación de factores.
En el municipio de Almacelles, en la provincia de Lleida, se ha iniciado una investigación tras el fallecimiento de un alumno de 15 años del centro Institut Canigó, ocurrido en julio, cuya madre ha solicitado que se haga pública la historia de su hijo para evitar que quede en el olvido.
La asociación Trencats, especializada en la lucha contra el acoso escolar, ha manifestado que el chico habría sufrido episodios continuados de agresión, aislamiento, amenazas y destrucción de sus pertenencias, hechos que, según denuncia, no habrían sido atendidos adecuadamente por la institución educativa.
Las autoridades de la escuela señalaron en una primera evaluación que no se observaron “evidencias claras” de acoso, lo que la asociación interpreta como un reflejo de inacción institucional. Sin embargo, tras consultar a la familia y facilitar el testimonio de la madre, los servicios territoriales de educación acordaron continuar con la investigación. Paralelamente, los agentes de la Mossos d’Esquadra han abierto diligencias para recabar datos sobre el entorno del adolescente, sus relaciones con compañeros y los hechos que pudieron derivar en su trágica decisión.
Desde Trencats insisten en que esta muerte no debe verse como un caso aislado sino como una señal de alerta: “El acoso escolar mata”, ha declarado el presidente de la asociación. Consideran que la función de las inspecciones educativas debe ser más proactiva desde el primer indicio de violencia y no limitarse a declarar ausencia de pruebas ante un menor que finalmente pierde la vida.
La familia del joven ha animado a que se difunda su historia para que se actúe con mayor rigor en los centros educativos y no haya víctimas que queden en el silencio. Este episodio plantea una llamada a la reflexión sobre la responsabilidad compartida de los centros, las administraciones educativas y la sociedad para detectar y erradicar la violencia entre iguales antes de que sus efectos sean irreversibles.
