La Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que impuso dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz, al considerar que la decisión judicial vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, además de ignorar pruebas clave en su contra.
La Fiscalía General del Estado ha elevado al Tribunal Supremo una petición formal para que anule la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz, quien ejerció como fiscal general del Estado y fue sancionado por un delito de revelación de secretos en relación con la difusión de información relativa al empresario Alberto González Amador.
Según el escrito presentado por la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde, la resolución dictada por la Sala de lo Penal vulnera principios jurídicos esenciales, entre ellos la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la legalidad penal, al tiempo que omite de forma injustificada testimonios y hechos que, a juicio del Ministerio Público, podrían haber influido decisivamente en el fallo.
La Fiscalía sostiene que parte de los datos objeto de la controversia incluido el correo electrónico en cuestión ya habían sido difundidos públicamente por medios de comunicación antes de llegar a manos de García Ortiz, lo que, a su entender, resta fundamento a la acusación de revelación de secretos y cuestiona la base probatoria de la sentencia.
Este recurso de nulidad abre ahora una nueva fase procesal en el Alto Tribunal, en la que se debatirá si la condena debe ser revocada y si se reevalúan las implicaciones jurídicas de una decisión que marcó un hito al convertir al exfiscal general en uno de los primeros altos cargos del Ministerio Público sancionados en España por este tipo de delito.
