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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un
grupo criminal que había defraudado 4.298.601 euros a la Tesorería General
de la Seguridad Social desde 2011. Han sido detenidas seis personas en la
provincia de Cádiz y una en Madrid. Las investigaciones se iniciaron tras una
denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se
indicaba la posible comisión de un delito cometido por los responsables de
una sociedad limitada. Tras las primeras pesquisas, se pudo constatar que el
fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por
ocho sociedades, las cuales habían estado a nombre de diferentes
testaferros con el fin de ocultar la identidad del verdadero responsable.
A pesar de la deuda, contrataron a más de 10.000 trabajadores
Este entramado empresarial llevaba a cabo diferentes actuaciones con el
objetivo de no abonar las grandes deudas generadas con la Seguridad
Social. Utilizaban a personas con escasos conocimientos en la gestión de
este tipo de empresas, o familiares desvinculados de los negocios, con el fin
de dificultar la identidad del verdadero responsable del pago.
Este impago sistemático de cotizaciones desde el pasado año 2008 hasta el
2020 por parte de cuatro sociedades chocaba de forma alarmante con el
aumento de las plantillas de las mismas, ya que a pesar de acumular una
deuda superior a los cuatro millones de euros, contrataron a más de 10.000
trabajadores aparentando una fuerte actividad empresarial. Tras corroborar
la información y analizar los datos, los agentes pudieron demostrar los
fuertes ingresos y elevados beneficios que tenían estas empresas, chocando
con la nula voluntad de sufragar la deuda.
Los mismos contaban con una sociedad patrimonial que había comprado
inmuebles por valor superior a 2.500.000 euros para, posteriormente, vender
parte de esos inmuebles por un precio aproximado al millón de euros. Estos
hechos fueron realizados mientras se generaba la deuda, ocultando este
patrimonio con la intención de no abonarla.
Además, se han detectado actos fraudulentos con el objetivo de ocultar
información en las liquidaciones efectuadas por las sociedades investigadas,
tales como no dar de alta a trabajadores, exigir más horas de trabajo que las
estipuladas en los contratos, no facilitar vacaciones o no pagar los salarios.
