La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de cuatro millones de euros

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Utilizaban a personas con escasos conocimientos en la gestión de este tipo de empresas, o familiares desvinculados de los negocios, con el fin de dificultar la identidad del verdadero responsable del pago

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un

grupo criminal que había defraudado 4.298.601 euros a la Tesorería General

de la Seguridad Social desde 2011. Han sido detenidas seis personas en la

provincia de Cádiz y una en Madrid. Las investigaciones se iniciaron tras una

denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se

indicaba la posible comisión de un delito cometido por los responsables de

una sociedad limitada. Tras las primeras pesquisas, se pudo constatar que el

fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por

ocho sociedades, las cuales habían estado a nombre de diferentes

testaferros con el fin de ocultar la identidad del verdadero responsable.

A pesar de la deuda, contrataron a más de 10.000 trabajadores

Este entramado empresarial llevaba a cabo diferentes actuaciones con el

objetivo de no abonar las grandes deudas generadas con la Seguridad

Social. Utilizaban a personas con escasos conocimientos en la gestión de

este tipo de empresas, o familiares desvinculados de los negocios, con el fin

de dificultar la identidad del verdadero responsable del pago.

 

Este impago sistemático de cotizaciones desde el pasado año 2008 hasta el

2020 por parte de cuatro sociedades chocaba de forma alarmante con el

aumento de las plantillas de las mismas, ya que a pesar de acumular una

deuda superior a los cuatro millones de euros, contrataron a más de 10.000

trabajadores aparentando una fuerte actividad empresarial. Tras corroborar

la información y analizar los datos, los agentes pudieron demostrar los

fuertes ingresos y elevados beneficios que tenían estas empresas, chocando

con la nula voluntad de sufragar la deuda.

 

Los mismos contaban con una sociedad patrimonial que había comprado

inmuebles por valor superior a 2.500.000 euros para, posteriormente, vender

parte de esos inmuebles por un precio aproximado al millón de euros. Estos

hechos fueron realizados mientras se generaba la deuda, ocultando este

patrimonio con la intención de no abonarla.

Además, se han detectado actos fraudulentos con el objetivo de ocultar

información en las liquidaciones efectuadas por las sociedades investigadas,

tales como no dar de alta a trabajadores, exigir más horas de trabajo que las

estipuladas en los contratos, no facilitar vacaciones o no pagar los salarios.