Tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y su traslado a Estados Unidos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha sido designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, enfrentando desafíos institucionales, tensiones con Estados Unidos y una nación polarizada.
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y figura clave del régimen chavista, ha asumido formalmente la presidencia interina del país tras el extraordinario arresto y extradición del mandatario Nicolás Maduro a Estados Unidos, donde este enfrenta múltiples cargos federales, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para la importación de drogas.
La designación de Rodríguez como presidenta encargada fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en respuesta al vacío de poder creado por los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense sacó a Maduro del país.
Según la Constitución venezolana, la vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión y puede ejercer funciones presidenciales temporalmente en caso de ausencia del jefe de Estado, en este caso por un periodo inicial de hasta 90 días prorrogables por la Asamblea Nacional.
Desde su investidura, Rodríguez ha mantenido una postura desafiante frente a Estados Unidos, calificando la intervención como una agresión a la soberanía nacional y exigiendo la “inmediata liberación” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que activó el Consejo de Defensa de la Nación para coordinar una respuesta institucional ante lo que ha definido como una “situación de conmoción exterior”.
El ascenso de Rodríguez, de 56 años y con una larga trayectoria en la política venezolana incluyendo cargos como ministra de Comunicación, canciller y jefa de la Asamblea Constituyente representa un momento histórico, pues se convierte en la primera mujer en ejercer el cargo ejecutivo en el país caribeño, aunque en circunstancias de extrema tensión y con un reconocimiento internacional dividido.
La reacción global ante su nombramiento ha sido variada: algunos gobiernos y analistas señalan que su liderazgo podría ofrecer continuidad administrativa, mientras que otros, especialmente desde Estados Unidos, han cuestionado la legitimidad de su autoridad y han condicionado cualquier cooperación a reformas profundas y el retorno a procesos democráticos transparentes.
En Caracas, la situación política y social permanece volátil, con fuerzas armadas respaldando formalmente a Rodríguez para garantizar el orden institucional y un llamado a la unidad nacional en medio de protestas y declaraciones de apoyo y rechazo que reflejan la intensa polarización venezolana.
De cara al futuro inmediato, la presidenta interina deberá lidiar no solo con la administración cotidiana del país, sino también con los desafíos de legitimidad, presiones externas y la reconstrucción de un diálogo político que permita a Venezuela superar la crisis más profunda de su historia reciente.
