El magistrado instructor Juan Carlos Peinado ha reiterado su solicitud de los documentos de viaje de la esposa del presidente del Gobierno y de su asistente, en medio de una investigación sobre posibles desplazamientos internacionales y el uso de recursos públicos en actividades vinculadas a la cátedra que dirigía Gómez.
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha vuelto a requerir, por segunda vez en poco más de dos meses, la presentación de los pasaportes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de su asistenta, Cristina Álvarez, en el marco de una causa que continúa abierta por posibles irregularidades vinculadas a la gestión de la cátedra universitaria que dirigía Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado ha subrayado la importancia de estos documentos como herramienta para verificar desplazamientos fuera del espacio europeo que podrían estar relacionados con las actividades académicas y profesionales bajo investigación.
Su objetivo es concretar fechas, duración y circunstancias de los viajes, así como determinar si existió una coincidencia temporal entre esos desplazamientos y supuestas gestiones vinculadas a la cátedra, con especial atención a si la asistenta habría dedicado tiempo a tareas ajenas a sus funciones públicas.
A pesar de que el requerimiento judicial fue formulado hace más de dos meses, ni Gómez ni Álvarez han entregado los pasaportes solicitados.
Ante la falta de respuesta, el magistrado ha solicitado ahora la colaboración de la Policía Judicial para estudiar los mecanismos necesarios que permitan dar cumplimiento a la orden.
Esta medida refleja la creciente tensión en un proceso que ha colocado bajo escrutinio parlamentario y mediático diversas actuaciones en torno a la cátedra y la relación entre los movimientos académicos y los recursos públicos.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que la negativa reiterada a entregar documentos requeridos por un juez puede acarrear consecuencias procesales, incluida la apreciación de un posible delito de desobediencia, si no se justifica de forma adecuada el incumplimiento dentro de los cauces legales.
En este escenario, el juez Peinado insiste en que cualquier discrepancia con las decisiones judiciales debe canalizarse a través de los recursos previstos por la legislación, y no mediante la omisión de los mandatos emitidos por la autoridad judicial.
La investigación, que sigue abierta, busca delimitar con precisión los hechos para poder determinar si existen indicios suficientes que justifiquen avanzar en la instrucción del caso o adoptar nuevas medidas procesales.
