Bruselas da un giro en su política ambiental tras meses de presión del sector automovilístico y de gobiernos clave, y propone suavizar la prohibición de venta de vehículos con motor de combustión para después de 2035. La medida original, diseñada para acelerar el avance hacia los coches eléctricos, queda ahora en entredicho mientras se abre un nuevo proceso de negociación entre las instituciones comunitarias.
La Comisión Europea ha sorprendido al mercado y a los gobiernos de la Unión al presentar una reforma a la normativa que pretendía prohibir en toda la UE la venta de coches nuevos con motor de gasolina o diésel a partir del año 2035.
En lugar de mantener ese veto total, Bruselas ha propuesto permitir que una parte de los vehículos comercializados tras esa fecha pueda seguir teniendo motor de combustión o tecnologías híbridas, siempre que las emisiones globales de la flota se reduzcan sustancialmente.
Este cambio de rumbo se explica, según fuentes comunitarias, por la intensa presión ejercida por fabricantes europeos y gobiernos con industrias automovilísticas estratégicas, como Alemania e Italia, que alertaron sobre riesgos económicos, pérdida de empleos y dificultades competitivas frente a los avances de mercados como el chino. La medida original de prohibición total se consideraba demasiado rígida ante los desafíos que afronta el sector.
La propuesta de Bruselas plantea una reducción del 90 % de las emisiones de CO₂ de los vehículos nuevos respecto a los niveles de 2021, compensando el restante 10 % mediante créditos obtenidos por el uso de materiales “verdes” o combustibles de bajas emisiones.
Este enfoque mantiene, en teoría, el objetivo de descarbonizar el transporte, pero da mayor flexibilidad a los fabricantes para adaptar su producción.
El textó revisado ahora deberá ser negociado entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros, por lo que la fecha concreta y las condiciones finales siguen abiertas.
En paralelo, continúan las críticas de organizaciones ecologistas y de países que defendían la transición total hacia vehículos sin emisiones, que consideran que la nueva orientación podría ralentizar la adopción de los automóviles eléctricos y retrasar los objetivos climáticos del bloque.
Con este ajuste legislativo, la UE busca equilibrar sus metas ambientales con las realidades económicas y tecnológicas actuales, aunque el proceso legislativo aún puede modificar sustancialmente el contenido final de la norma.
