El Gobierno ha acelerado la autorización de grandes operaciones vinculadas a la industria militar en las semanas previas a las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre los acuerdos aprobados en los Consejos de Ministros de los días 3 y 10 de noviembre figuran contratos por más de 16.000 millones de euros, a los que se suman préstamos públicos por otros 2.196 millones destinados a financiar programas de Navantia.
El volumen de las operaciones supera los 18.250 millones de euros, aunque conviene distinguir entre las distintas fórmulas utilizadas: una parte corresponde a autorizaciones de contratos y otra a financiación mediante préstamos. Estas cantidades no equivalen a dinero ya gastado ni a pagos realizados de forma inmediata.
Más de 16.000 millones en contratos militares en dos semanas
La mayor parte de los compromisos se concentró en los Consejos de Ministros del 3 y el 10 de noviembre. En el primero se autorizaron operaciones relacionadas con la modernización de aeronaves, sistemas de navegación y adquisición de munición, entre otras actuaciones.
El 10 de noviembre llegó una nueva batería de 13 contratos y acuerdos de Defensa cuyo valor conjunto asciende a unos 11.860 millones de euros. La relación oficial incluye proyectos de gran dimensión para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y modernizar distintos sistemas militares.
Entre las partidas más elevadas destaca la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones, con un valor estimado de 3.396,7 millones de euros. También figura la modernización y el sostenimiento de los submarinos de la serie S-80, con 2.373,6 millones.
Otro de los proyectos importantes es la compra de sistemas contra aeronaves no tripuladas, conocidos como sistemas antidrones, por unos 1.450,3 millones de euros. A estas inversiones se añaden 996 millones para la modernización de los helicópteros NH90 y 792 millones para el desarrollo, integración y adquisición de misiles de lanzamiento submarino.
La relación incluye además la construcción de un buque de inteligencia, la modernización de buques de la Armada y actuaciones relacionadas con los misiles de crucero Taurus.
Navantia concentra proyectos por miles de millones
La industria naval española figura entre las principales beneficiarias de este impulso inversor. Navantia concentra proyectos cuyo valor conjunto se sitúa aproximadamente en 4.642 millones de euros, incluyendo distintas actuaciones relacionadas con los submarinos S-80 y la construcción y modernización de buques.
A estas operaciones se suman 2.196 millones de euros en préstamos públicos aprobados el 27 de octubre para facilitar la financiación anticipada de varios programas de la compañía.
La mayor parte de esa financiación, unos 1.786 millones, está vinculada al programa de seis corbetas europeas de nueva generación. El resto se destina a actuaciones relacionadas con la modernización de cazaminas y otras unidades de la Armada.
Airbus también participa en algunos de los principales proyectos, especialmente en la modernización de los helicópteros NH90. Por su parte, Indra aparece vinculada al desarrollo de capacidades de defensa aérea y antidrones, aunque la autorización de los programas no significa que todos los adjudicatarios estén ya determinados.
Los compromisos se prolongarán durante varios años
Una de las claves para interpretar estas cifras es que las autorizaciones no implican que todo el dinero vaya a desembolsarse durante 2026. Muchos de los programas tienen calendarios plurianuales y contemplan trabajos, entregas y pagos distribuidos a lo largo de varios ejercicios.
Por ejemplo, el contrato para los sistemas de defensa aérea contempla diez anualidades, mientras que el desarrollo y adquisición de misiles de lanzamiento submarino se distribuirá en nueve. La construcción del buque de inteligencia también requerirá varios años de trabajo.
Esto significa que las decisiones adoptadas ahora condicionarán parte de la inversión en Defensa de los próximos ejercicios y darán continuidad a proyectos industriales que se prolongarán más allá de la actual legislatura.
Nuevas autorizaciones antes de terminar el año
El Ministerio de Defensa mantiene su intención de completar antes del 31 de diciembre la planificación de los 15 nuevos Programas Especiales de Modernización previstos para este ejercicio. Sin embargo, no todos tienen que recibir necesariamente autorización antes de las elecciones del 29 de noviembre.
La previsión es que puedan producirse nuevos acuerdos en las próximas semanas. Las fechas señaladas para avanzar en estos expedientes incluyen el 17, el 20 y el 24 de noviembre.
El calendario electoral añade un elemento político a estas decisiones, ya que una parte de los compromisos de inversión quedará encaminada antes de que se conozca la composición del próximo Gobierno. No obstante, los contratos y programas autorizados tendrán que desarrollarse conforme a sus respectivos procedimientos y calendarios.
En caso de que se constituya un Gobierno en funciones tras las elecciones, su capacidad para adoptar nuevas decisiones estará limitada por la legislación. La Ley del Gobierno establece que debe facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Ejecutivo y limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo situaciones de urgencia debidamente acreditadas o razones de interés general.
Una apuesta de largo recorrido para la industria militar
El volumen de las operaciones refleja la apuesta del Ejecutivo por reforzar las capacidades militares y mantener los compromisos de España con la OTAN, incluido el objetivo de gasto en Defensa equivalente al 2% del producto interior bruto.
Al mismo tiempo, las inversiones suponen una importante carga de trabajo para empresas como Navantia, Airbus e Indra y para la red de compañías auxiliares que participan en los programas.
La cuestión no es únicamente cuánto dinero se ha autorizado, sino cómo se ejecutarán estos proyectos, qué empresas asumirán finalmente cada contrato y qué impacto tendrán las inversiones en los presupuestos de los próximos años. Una parte sustancial de las decisiones adoptadas antes de las elecciones tendrá, por tanto, consecuencias económicas e industriales durante la siguiente legislatura.