El alto tribunal ordena a la Junta Electoral Central que impida que estos ciudadanos figuren en el censo electoral si no acreditan su condición de descendientes de exiliados. La resolución establece una excepción para las 901 personas que ya presentaron certificación consular y quienes puedan aportarla antes de las elecciones.
El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del derecho a voto de 163.355 personas nacionalizadas en virtud de la conocida como «ley de nietos» para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El alto tribunal ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral que garanticen que estos ciudadanos no puedan figurar como electores si no acreditan que son descendientes de exiliados.
La decisión se recoge en una providencia dictada este viernes 20 de noviembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que el Supremo recuerda que deben cumplirse las medidas cautelares acordadas anteriormente sobre los ciudadanos nacionalizados al amparo de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.
La resolución establece que las 163.355 personas afectadas no podrán aparecer en el censo electoral, tanto en el correspondiente a residentes en el extranjero como en el de residentes en España, salvo que presenten la documentación consular exigida.
Solo 901 personas habían presentado la certificación consular
El Supremo contempla una excepción para las 901 personas que ya habían aportado la certificación consular que acredita su condición de descendientes de exiliados. También podrán quedar fuera de la suspensión quienes presenten esa documentación antes del día de la votación.
Los magistrados han adoptado esta decisión después de analizar los informes remitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.
Según esos documentos, cuando se cerró el censo electoral para estas elecciones, el pasado 1 de agosto, figuraban registrados 163.355 ciudadanos afectados por la suspensión. Sin embargo, las comprobaciones realizadas posteriormente redujeron esa cifra a 113.326 personas.
El alto tribunal ha mostrado su preocupación por la información trasladada por los organismos responsables y ha considerado necesario aclarar expresamente cómo debe aplicarse la suspensión.
La suspensión no afecta a los hijos de los nacionalizados
La resolución del Supremo también mantiene una distinción importante: la suspensión del derecho a voto afecta a las personas nacionalizadas directamente por la vía de la llamada «ley de nietos», pero no a los hijos de estas.
El tribunal explica que la petición para extender la suspensión a este segundo grupo llegó demasiado avanzada la convocatoria electoral. Por ello, considera que adoptar ahora esa medida podría perjudicar los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
El procedimiento se inició a raíz de los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox, que cuestionaron la inclusión de estos ciudadanos en el censo electoral.
El PP pide personarse en el procedimiento
En la misma resolución, el Tribunal Supremo ha informado de que el Partido Popular ha solicitado personarse en el proceso. Los magistrados le han requerido que concrete en qué condición pretende intervenir, al recordar que en este procedimiento únicamente podrán actuar como codemandados.
Por otra parte, el alto tribunal ha concedido un plazo de dos días a las partes, hasta el próximo lunes, para presentar alegaciones sobre la documentación aportada por la Abogacía del Estado en relación con los controles de seguridad de los dispositivos que permitirán votar con el DNI digital en las elecciones generales.
La decisión sobre los ciudadanos nacionalizados por la «ley de nietos» se produce a poco más de una semana de los comicios del 29 de noviembre y mantiene la incertidumbre sobre la participación electoral de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de esta vía.