El mandato de Gabilondo concluye este miércoles 18 de noviembre, tras cinco años al frente de la institución. Su sucesora provisional es la hasta ahora adjunta primera, exdiputada y eurodiputada del Partido Popular, que permanecerá en el puesto hasta que las Cortes designen un nuevo titular.
Ángel Gabilondo finaliza este miércoles 18 de noviembre su mandato como Defensor del Pueblo, después de cinco años al frente de la institución. Su salida abre una etapa de interinidad que asumirá Teresa Jiménez-Becerril, hasta ahora adjunta primera, mientras el Congreso y el Senado buscan un acuerdo para elegir a la persona que ocupará definitivamente el cargo.
Gabilondo tomó posesión el 18 de noviembre de 2021, después de obtener el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. Su mandato tenía una duración de cinco años, tal y como establece la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
Teresa Jiménez-Becerril, nueva Defensora del Pueblo en funciones
La hasta ahora adjunta primera será la encargada de asumir provisionalmente las responsabilidades de la institución. La Ley Orgánica 3/1981 establece que, cuando cesa el titular y hasta que las Cortes Generales designan a su sustituto, los adjuntos desempeñan sus funciones de manera interina y por el orden correspondiente.
Jiménez-Becerril nació en Sevilla y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue eurodiputada del Partido Popular entre 2009 y 2019 y diputada por Sevilla en el Congreso hasta su incorporación a la institución como adjunta primera.
También preside la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, creada en memoria de su hermano, el concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril, asesinado por ETA junto a su esposa en 1998.
Permanecerá al frente del organismo hasta que las Cortes Generales alcancen un acuerdo para nombrar a un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo.
La elección del nuevo titular necesita una mayoría de tres quintos
El nombramiento definitivo corresponde a las Cortes Generales y requiere el respaldo de una mayoría de tres quintos. Por tanto, será necesario un acuerdo parlamentario suficiente para designar a la persona que sustituya a Gabilondo.
La renovación llega en un momento de especial actividad política, con las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. El resultado electoral y las posteriores negociaciones parlamentarias serán determinantes para desbloquear la designación.
La institución puede permanecer en funciones durante el periodo necesario para que se produzca ese acuerdo, tal y como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.
Cinco años marcados por más de 200.000 quejas y el informe sobre abusos en la Iglesia
Durante su mandato, Gabilondo ha encabezado numerosas actuaciones relacionadas con la defensa de los derechos de los ciudadanos y la supervisión de las administraciones públicas.
Según el balance publicado por EL PAÍS en su despedida, la institución recibió cerca de 213.000 quejas durante estos cinco años, de las que 1.245 fueron presentadas de oficio. Además, emitió más de 14.000 resoluciones dirigidas a distintas administraciones.
Uno de los trabajos más destacados de esta etapa fue el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. El documento, elaborado a petición del Congreso, analizó la dimensión del problema y planteó recomendaciones para reconocer y reparar a las víctimas.
A raíz de ese trabajo se impulsó un protocolo entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo para poner en marcha un sistema de reconocimiento y reparación de las personas afectadas.
La institución también intervino en asuntos relacionados con la situación migratoria, la atención sanitaria, el acceso a la vivienda, la protección de menores y las condiciones de vida de colectivos vulnerables.
Qué es el Defensor del Pueblo y qué funciones tiene
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas mediante la supervisión de la actividad de las administraciones.
Cualquier ciudadano puede acudir a esta institución de forma gratuita para presentar una queja sobre actuaciones de las administraciones públicas. También puede iniciar investigaciones de oficio cuando tiene conocimiento de posibles vulneraciones de derechos.
Además, ejerce como Institución Nacional de Derechos Humanos y como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con capacidad para realizar visitas preventivas a centros de privación de libertad.
La institución continuará desarrollando sus funciones bajo la dirección interina de Teresa Jiménez-Becerril hasta que las Cortes Generales elijan a su nuevo titular.