El juez de la Audiencia Nacional limita el acceso a la documentación a la Fiscalía mientras se analiza su contenido. El material recoge contrataciones y pagos a despachos jurídicos entre 2021 y 2025, un periodo que incluye la etapa de Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido mantener bajo secreto la documentación que el PSOE ha entregado en el marco de la investigación sobre las denominadas «cloacas» del partido. Se trata de tres cajas de documentos y un pendrive con información sobre los abogados y despachos contratados por la formación entre 2021 y 2025. Por el momento, solo la Fiscalía podrá acceder al material mientras se analiza.
La decisión del magistrado supone que la documentación no estará disponible para el resto de las partes personadas en la causa mientras no concluya su examen. El objetivo de las pesquisas es esclarecer los servicios jurídicos contratados por el PSOE, los pagos realizados y si alguno de esos desembolsos pudo estar relacionado con la presunta trama investigada, en la que aparecen la exmilitante socialista Leire Díez y otros investigados.
El PSOE entrega la documentación tras los requerimientos del juez
La entrega se produce después de varias semanas de discrepancias entre el partido y el instructor. Pedraz había reclamado información detallada sobre los abogados y despachos contratados por el PSOE entre 2021 y 2025, así como sobre los pagos realizados durante ese periodo.
La formación había planteado objeciones relacionadas con el secreto profesional de los abogados y consultó al Consejo General de la Abogacía Española sobre la información que podía facilitar sin vulnerar la confidencialidad de sus encargos.
El magistrado rechazó que esa invocación genérica del secreto profesional impidiera cumplir el requerimiento judicial y concedió un nuevo plazo para aportar la documentación.
Finalmente, el PSOE ha remitido al juzgado un archivo con la relación de profesionales y despachos contratados, junto con facturas y documentación sobre los pagos. La información incluye datos relativos a los órganos del partido que realizaron los encargos, los destinatarios de los desembolsos, las cantidades y los conceptos de los servicios.
Qué pretende investigar Santiago Pedraz
El instructor quiere determinar quién autorizó los pagos, qué trabajos se realizaron y si las facturas corresponden a servicios jurídicos efectivamente prestados.
La investigación busca aclarar si algunos de los abogados contratados pudieron actuar como intermediarios en los pagos relacionados con la presunta estructura que habría tratado de obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y otras personas vinculadas a investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Entre los profesionales cuyos servicios están bajo examen figuran los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, ambos investigados en esta causa.
La documentación aportada abarca cinco años, entre 2021 y 2025, e incluye la etapa en la que Santos Cerdán ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE. El juez pretende conocer el circuito de contratación y abono de los servicios jurídicos para comprobar si existió alguna relación con las actividades presuntamente irregulares que se investigan.
La Fiscalía será la primera en examinar las cajas
Pedraz ha acordado incorporar el pendrive y las tres cajas a una pieza separada reservada, cuyo acceso queda limitado al Ministerio Fiscal hasta que finalice el análisis del material.
La Fiscalía Anticorrupción deberá estudiar la documentación y valorar su contenido dentro de las diligencias abiertas. La reserva impide, por ahora, conocer públicamente los detalles de las facturas y los encargos incluidos en el envío.
Por su parte, el PSOE sostiene que la información entregada permite verificar la realidad, el volumen y el destino de sus gastos en servicios jurídicos. La formación también ha defendido la necesidad de proteger determinados datos personales y profesionales incluidos en la documentación.
La entrega supone un nuevo avance documental en la investigación, pero no constituye por sí misma una prueba de financiación ilícita ni acredita que los abogados o el partido hayan cometido delito alguno. Será el análisis judicial de los documentos el que determine si existen indicios que justifiquen nuevas actuaciones.