lunes, 16 de noviembre de 2026
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Cinco países europeos pactan con Ruanda crear un centro para deportar migrantes fuera de la UE

Cinco países europeos pactan con Ruanda crear un centro para deportar migrantes fuera de la UE
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Tiempo de lectura: 7 min
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  • Cinco países de la Unión Europea han acordado impulsar con Ruanda el primer centro de retorno de migrantes situado fuera de las fronteras comunitarias.

  • Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Austria pretenden poner en marcha un proyecto piloto para trasladar al país africano a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en Europa.

  • El plan apunta a comenzar en 2027 y abre un nuevo frente en el debate sobre la política migratoria europea y la protección de los derechos humanos.

 

La iniciativa, negociada por los cinco gobiernos y respaldada políticamente por Bruselas, se enmarca en el endurecimiento de las políticas de retorno de la UE. El objetivo declarado es acelerar las expulsiones de personas que no tienen autorización para permanecer en territorio comunitario cuando sus países de origen no aceptan su devolución.

El proyecto todavía debe concretar algunos aspectos operativos y jurídicos, pero sus promotores quieren iniciar una primera fase a pequeña escala. La propuesta ya ha generado críticas de organizaciones humanitarias y el rechazo de España y Francia.

Qué países participan en el acuerdo con Ruanda

Los cinco gobiernos que impulsan la iniciativa son Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Austria. Sus representantes han trabajado durante meses para encontrar un país tercero dispuesto a acoger a personas expulsadas desde territorio europeo.

Ruanda será el país colaborador y su capital, Kigali, se sitúa en el centro de las negociaciones. El anuncio político del acuerdo está previsto en Viena, en el marco de una conferencia sobre migración en la que participan responsables de los gobiernos implicados.

La Comisión Europea ha recibido favorablemente la iniciativa y ha señalado que ha seguido de cerca los preparativos. Aunque no se trata oficialmente de un proyecto comunitario impulsado directamente por las instituciones europeas, Bruselas ha mostrado su disposición a prestar apoyo a los Estados miembros caso por caso y a petición de estos.

España y Francia se encuentran entre los gobiernos que más han cuestionado el modelo, que supone trasladar a un país ajeno a la UE la acogida de personas a las que se ha ordenado abandonar territorio europeo.

A quiénes pretenden enviar a Ruanda

El plan no está diseñado para trasladar a cualquier persona migrante que llegue a Europa ni para estudiar allí las solicitudes de protección internacional. Está dirigido a personas que hayan recibido una resolución negativa sobre su petición de asilo, hayan agotado las posibilidades legales de recurrir y tengan pendiente una orden de retorno que no se ha podido ejecutar porque su país de origen no acepta recibirlas.

La diferencia es importante: los gobiernos participantes sostienen que primero se resolverá la situación administrativa y judicial de cada persona en Europa. Solo después se plantearía su traslado a Ruanda.

La iniciativa contempla inicialmente a hombres y mujeres adultos, pero excluye a los menores no acompañados. Los promotores no descartan que el modelo pueda ampliarse en el futuro, aunque no se han concretado esas posibles modificaciones.

Un centro piloto con unas cien plazas y estancias limitadas

La primera fase del proyecto sería de dimensiones reducidas. Según los detalles difundidos sobre las negociaciones, el centro podría comenzar con capacidad para unas cien personas simultáneamente y funcionaría mediante un sistema de rotación.

Los países participantes defienden que no se trataría de un centro de detención cerrado. Según el planteamiento presentado, las personas trasladadas recibirían un permiso de residencia en Ruanda y tendrían acceso al mercado laboral, formación, alojamiento y asistencia para regresar a sus países de origen o trasladarse a otro Estado en el que pudieran residir legalmente.

Los responsables del proyecto estiman que las estancias no superarían los dos meses. Sin embargo, todavía quedan cuestiones por cerrar, entre ellas el funcionamiento definitivo del dispositivo, las garantías jurídicas y el coste económico.

Los gobiernos implicados consideran que el gasto será asumible y estaría relacionado principalmente con la manutención y los servicios ofrecidos a las personas trasladadas. Ruanda, por su parte, obtendría acuerdos preferentes de inversión y cooperación para el desarrollo con los cinco países europeos.

Bruselas respalda la iniciativa, pero España y Francia se oponen

La Comisión Europea ha saludado los esfuerzos de los cinco gobiernos y considera que este tipo de mecanismos puede contribuir a mejorar la eficacia de las devoluciones, siempre que se respete el Derecho comunitario y el Derecho internacional.

El respaldo se produce después de que la UE avanzara en nuevas normas para facilitar los retornos y permitir que los Estados miembros establezcan acuerdos con países terceros para crear centros fuera del territorio comunitario.

No obstante, el apoyo de Bruselas no elimina las dudas sobre cómo se aplicará el proyecto en la práctica. Uno de los principales interrogantes es quién asumirá la responsabilidad si una persona trasladada a Ruanda denuncia vulneraciones de sus derechos o si las condiciones de acogida no cumplen las garantías exigidas por la legislación europea e internacional.

España y Francia han expresado sus reservas ante esta fórmula, que consideran problemática por sus implicaciones jurídicas y humanitarias.

Las organizaciones de derechos humanos alertan de los riesgos

Las organizaciones humanitarias han criticado duramente la iniciativa. Human Rights Watch considera que los centros extraterritoriales suponen trasladar a terceros países la responsabilidad de gestionar las consecuencias de las políticas migratorias europeas.

La organización también ha advertido sobre el historial de derechos humanos del Gobierno ruandés y sobre el riesgo de que el acuerdo proporcione recursos e influencia política a las autoridades de Kigali.

La plataforma PICUM, dedicada a la defensa de los derechos de las personas migrantes, ha cuestionado que se envíe a personas a un país con el que no tienen vínculos familiares ni redes de apoyo. Entre los riesgos que señala figuran la indigencia, la explotación y las posibles deportaciones posteriores hacia otros países.

Las críticas se centran también en la posibilidad de que las personas trasladadas intenten abandonar Ruanda para reunirse con sus familiares o regresar a Europa, lo que podría generar nuevas situaciones de vulnerabilidad y favorecer la intervención de redes de tráfico de personas.

El precedente del Reino Unido y las dudas jurídicas

El proyecto recuerda al plan que el Gobierno británico de Rishi Sunak intentó poner en marcha para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo. Aquella iniciativa pretendía trasladar fuera del Reino Unido a personas cuyas solicitudes se tramitarían en el país africano.

Sin embargo, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan en 2023 al considerar que Ruanda no podía considerarse un país seguro para garantizar que las personas trasladadas no fueran devueltas a lugares donde pudieran sufrir persecución o daños graves. El proyecto fue abandonado posteriormente por el Gobierno laborista.

La propuesta europea presenta diferencias: los cinco países quieren trasladar a personas que ya han agotado las vías legales para permanecer en la UE, no externalizar la tramitación inicial de las solicitudes de asilo. Aun así, los aspectos relacionados con la protección internacional, la responsabilidad de los Estados y las garantías de no devolución podrían acabar en los tribunales.

Un nuevo rumbo en la política migratoria europea

La creación de centros de retorno fuera de la UE refleja el giro de varios gobiernos europeos hacia fórmulas más duras para acelerar las expulsiones. Sus defensores sostienen que disponer de mecanismos efectivos de devolución puede reducir los incentivos para permanecer irregularmente en Europa y reforzar el control migratorio.

Sus detractores, en cambio, advierten de que trasladar a personas a países con los que no tienen relación puede generar nuevas vulneraciones de derechos y no garantiza que las deportaciones sean más eficaces.

La experiencia de los próximos meses será decisiva para comprobar si el proyecto puede superar los obstáculos jurídicos y funcionar como pretenden sus impulsores. Si sale adelante, Ruanda se convertirá en el primer país ajeno a la Unión Europea que acoge un centro de retorno promovido conjuntamente por varios Estados miembros.

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