miércoles, 18 de noviembre de 2026
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El Gobierno aparca la reforma del registro horario y deja en el aire el control digital de la jornada laboral

El Gobierno aparca la reforma del registro horario y deja en el aire el control digital de la jornada laboral
El Gobierno aplaza la reforma del registro horario digital
Tiempo de lectura: 5 min
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La Moncloa descarta aprobar la nueva normativa antes de las elecciones del 29 de noviembre, pese a que Yolanda Díaz asegura que el decreto está preparado. La obligación actual de registrar las horas trabajadas sigue vigente desde 2019.

El Gobierno no aprobará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre la reforma del registro horario que pretendía implantar un sistema digital obligatorio para controlar la jornada laboral. Fuentes de Moncloa han trasladado a EL PAÍS que la medida no está prevista en los dos últimos consejos de ministros de la legislatura, pese a la insistencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que asegura que el texto está listo para salir adelante.

La decisión supone un nuevo aplazamiento de una reforma que el Ejecutivo se había comprometido a impulsar y que lleva meses generando discrepancias entre los ministerios de Trabajo y Economía. El PSOE ha incluido ahora el registro horario digital en su programa electoral, pero plantea su implantación para la próxima legislatura.

Yolanda Díaz acusa al PSOE de bloquear la medida

La reforma ha vuelto al centro del debate político después de que el PSOE presentara su programa electoral para los comicios del 29-N. Los socialistas prometen implantar un registro horario digital fiable, capaz de recoger las jornadas reales de los trabajadores, garantizar el derecho al descanso y reforzar la Inspección de Trabajo.

Yolanda Díaz ha criticado que el partido que comparte el Gobierno incluya esta medida en su programa cuando, según sostiene, podría aprobarse de inmediato mediante un real decreto.

La vicepresidenta segunda afirmó que el texto lleva un año preparado y que podría aprobarse incluso antes de las elecciones. También acusó a los socialistas de «boicotear» la iniciativa.

Sin embargo, desde Moncloa mantienen que no está previsto llevarla al Consejo de Ministros antes del 29 de noviembre y que su aprobación quedaría para después de los comicios, si se reedita una mayoría progresista.

El registro horario sigue siendo obligatorio desde 2019

El aplazamiento de la reforma no significa que las empresas puedan dejar de controlar las horas de trabajo de sus empleados.

El registro diario de jornada es obligatorio desde mayo de 2019. La normativa actual exige que las compañías documenten la hora de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador y conserven los registros durante cuatro años.

La principal novedad que pretendía introducir el Ministerio de Trabajo era convertir el sistema digital en obligatorio. Actualmente, las empresas pueden utilizar también registros en papel.

El nuevo modelo permitiría, además, que la Inspección de Trabajo accediera directamente a los datos para comprobar el cumplimiento de los horarios y detectar posibles abusos, excesos de jornada u horas extraordinarias no compensadas.

El Consejo de Estado cuestionó el proyecto

Uno de los principales obstáculos para sacar adelante la reforma llegó en marzo, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen muy desfavorable sobre el proyecto.

El órgano consultivo cuestionó que la propuesta no estuviera suficientemente adaptada a las particularidades de los distintos sectores económicos, advirtió de la carga adicional que podría suponer para las pequeñas y medianas empresas y señaló que algunos aspectos podían invadir materias que deberían regularse mediante una ley y no a través de un reglamento.

También hubo discrepancias entre los ministerios de Trabajo y Economía sobre el periodo de adaptación que tendrían las empresas. Yolanda Díaz defendía un plazo de seis meses, mientras que el ministro Carlos Cuerpo apostaba por ampliarlo a un año.

En los meses posteriores, ambos departamentos anunciaron un acuerdo para intentar aprobar la reforma en septiembre. Sin embargo, ese compromiso tampoco se cumplió.

La patronal amenaza con acudir a los tribunales

La propuesta también ha encontrado el rechazo de las organizaciones empresariales. La patronal considera que el decreto invade competencias legislativas y sostiene que una reforma de este alcance debería debatirse en el Parlamento.

Además, ha advertido de que recurrirá la norma ante los tribunales si finalmente se aprueba en los términos planteados.

El proyecto actual es menos ambicioso que la propuesta inicial de Trabajo, que contemplaba endurecer las sanciones a las empresas mediante multas calculadas por cada trabajador afectado, en lugar de aplicar una sanción por compañía. Esa parte terminó descartándose al considerarse que necesitaba respaldo legislativo.

Más de seis millones de horas extraordinarias a la semana

El debate sobre el control horario tiene también una dimensión económica y laboral. Según los cálculos del gabinete económico de Comisiones Obreras a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, los trabajadores asalariados realizan una media de 6,43 millones de horas extraordinarias cada semana.

De ese total, alrededor de 2,54 millones de horas, casi cuatro de cada diez, no son compensadas por las empresas, mientras que las 3,89 millones restantes sí reciben algún tipo de compensación.

La reforma pretendía reforzar el control sobre estas situaciones y facilitar la detección de incumplimientos. Por ahora, sin embargo, el Gobierno deja la implantación del nuevo sistema digital para una próxima legislatura, mientras continúa vigente la obligación de registrar diariamente la jornada laboral.

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