La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno plantea en Sevilla un cambio profundo de las políticas económicas y sociales, con una intervención directa sobre el mercado de la vivienda, la creación de un parque público residencial y una reducción del tiempo de trabajo.
Montero defiende que los salarios actuales no permiten afrontar el coste de la vida y reclama medidas que, según sostiene, permitan redistribuir la riqueza hacia las familias y los trabajadores.
La vivienda, los salarios y las condiciones laborales se han situado en el centro del discurso de Podemos durante la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La candidata de la formación a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha aprovechado su visita a Sevilla para presentar algunas de las principales propuestas económicas y sociales con las que pretende diferenciar su proyecto político del resto de candidaturas.
Entre sus compromisos más destacados figuran elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.800 euros mensuales, reducir la jornada laboral a 30 horas semanales, intervenir sobre los precios de los alquileres y desarrollar un parque público de vivienda. Se trata de un conjunto de medidas que la dirigente considera necesario para modificar las condiciones materiales de vida de buena parte de la población.
Durante el acto electoral, Montero ha defendido la necesidad de impulsar cambios que ha calificado de «radicales» y ha presentado las propuestas como una alternativa a las políticas económicas que, a su juicio, no están consiguiendo resolver los principales problemas de las familias.
«Queremos un SMI a 1.800 euros, bajar el precio de los alquileres, un parque público de vivienda, una jornada de 30 horas semanales», ha resumido la candidata, que ha situado el acceso a una vivienda asequible y la mejora de los ingresos de los trabajadores entre las prioridades de un eventual Gobierno de Podemos.
La intervención de Sevilla representa una nueva oportunidad para la formación morada de trasladar su programa a Andalucía y reforzar un mensaje electoral centrado en el poder adquisitivo, el derecho a la vivienda y la redistribución de la riqueza.
Un salario mínimo de 1.800 euros como principal compromiso económico
La propuesta de elevar el salario mínimo hasta los 1.800 euros mensuales constituye uno de los anuncios económicos más destacados de la candidatura de Irene Montero.
Podemos considera que las subidas salariales registradas durante los últimos años no han sido suficientes para compensar el encarecimiento de los principales gastos cotidianos. La formación sostiene que los trabajadores con menores ingresos continúan teniendo dificultades para afrontar el alquiler, la alimentación, los suministros y otros gastos básicos.
La candidata ya había defendido esta medida en anteriores intervenciones de campaña. El 5 de noviembre, durante la presentación de las candidaturas de Podemos, Montero criticó el incremento del SMI anunciado por el Gobierno y reclamó que alcanzase al menos los 1.800 euros.
En aquella intervención argumentó que los salarios actuales resultan insuficientes ante la evolución de los precios y puso como ejemplo el encarecimiento de la vivienda, la cesta de la compra y los carburantes.
La propuesta supone elevar considerablemente el umbral salarial mínimo respecto a la cuantía vigente en ese momento. El Gobierno había situado el salario mínimo en 1.286 euros mensuales en 14 pagas, tras el incremento del 5,3 % anunciado el 5 de noviembre.
La diferencia entre ambas cantidades refleja la dimensión de la subida que plantea Podemos. Si se toma como referencia esa cuantía de 1.286 euros, alcanzar los 1.800 supondría un incremento de 514 euros mensuales, equivalente a aproximadamente un 40 %.
La propuesta, no obstante, todavía tendría que concretarse en sus aspectos técnicos y normativos. La cuantía definitiva, el calendario de aplicación y las condiciones de implantación serían cuestiones que debería abordar un eventual Ejecutivo si la formación obtuviera capacidad para desarrollar su programa.
El salario mínimo es una de las herramientas fundamentales de la política laboral, ya que establece la remuneración mínima que debe recibir un trabajador por una jornada legal de trabajo. Su modificación afecta especialmente a los empleados con salarios más bajos y puede tener repercusiones sobre los costes laborales de las empresas.
En este contexto, la propuesta de Podemos abre un debate sobre cómo mejorar las rentas de los trabajadores sin trasladar dificultades adicionales a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas compañías.
Una jornada laboral de 30 horas semanales
La segunda gran propuesta presentada por Irene Montero en Sevilla es la reducción de la jornada laboral hasta las 30 horas semanales.
La candidata considera que la evolución tecnológica y los cambios en la organización del trabajo deben permitir una distribución diferente del tiempo laboral. Desde esta perspectiva, defiende que el aumento de la productividad no debería traducirse exclusivamente en mayores beneficios empresariales, sino también en más tiempo disponible para los trabajadores.
La iniciativa supone una reducción respecto a la jornada máxima legal ordinaria de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual establecida en el Estatuto de los Trabajadores.
De aprobarse en los términos planteados, la jornada de 30 horas representaría una reducción del 25 % respecto a ese límite general.
El planteamiento de Podemos pretende modificar la relación entre trabajo y tiempo personal, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar, mejorar las condiciones de descanso y permitir una distribución diferente de las horas de empleo.
La propuesta también plantea interrogantes sobre su aplicación práctica. Entre ellos figuran la reorganización de los turnos, la cobertura de los servicios, la productividad, los costes empresariales y las diferencias existentes entre sectores económicos.
No todos los trabajos tienen las mismas características ni permiten organizar los horarios de idéntica manera. La industria, el comercio, la hostelería, los servicios sanitarios y la Administración pública presentan necesidades diferentes que deberían contemplarse en cualquier reforma de estas características.
Además, una reducción de la jornada máxima legal exigiría establecer mecanismos de adaptación para las empresas y determinar cómo se aplicaría a los distintos convenios colectivos.
Podemos ha situado esta iniciativa dentro de su propuesta general de transformación del modelo laboral. La formación considera que trabajar menos horas puede contribuir a mejorar la calidad de vida y a repartir de otra manera los beneficios derivados de los avances tecnológicos.
La reducción a 30 horas constituye, en cualquier caso, una propuesta electoral y no una modificación ya aprobada de la legislación laboral.
La vivienda, otro de los grandes ejes del programa de Podemos
La intervención de Irene Montero en Sevilla ha concedido un protagonismo especial al problema de la vivienda, uno de los asuntos que más peso está adquiriendo en el debate político nacional.
La candidata considera que el encarecimiento de los alquileres está dificultando el acceso a una vivienda digna, especialmente entre los jóvenes, las familias con ingresos medios y bajos y los trabajadores que destinan una parte importante de sus salarios a pagar el alojamiento.
Frente a esta situación, Podemos plantea intervenir sobre el mercado inmobiliario mediante diferentes instrumentos. Entre ellos figuran la reducción de los precios del alquiler, la ampliación del parque público de vivienda y las restricciones a determinadas operaciones de compra que, según la formación, tienen una finalidad fundamentalmente especulativa.
Durante su intervención, Montero ha defendido que los alquileres deberían bajar un 40 % y ha planteado prohibir la compra de viviendas cuando su finalidad sea utilizarlas como un negocio especulativo.
También ha reclamado actuaciones sobre los pisos turísticos, cuya expansión considera uno de los factores que contribuyen a reducir la disponibilidad de viviendas residenciales en determinados barrios y ciudades.
La dirigente ha defendido que los inmuebles deben cumplir una función residencial y facilitar que los ciudadanos puedan vivir en sus municipios sin verse desplazados por el incremento de los precios.
Otra de las propuestas consiste en incorporar al alquiler social viviendas que actualmente se encuentran en manos de fondos de inversión. Podemos pretende que parte de ese patrimonio inmobiliario pueda destinarse a ampliar la oferta de vivienda asequible.
La creación de un parque público de vivienda constituye otra de las prioridades anunciadas. Esta medida pretende aumentar la disponibilidad de inmuebles gestionados por las administraciones y destinados a personas que no pueden acceder al mercado privado en condiciones económicas asumibles.
La formación considera que la intervención pública debe tener un papel más importante en el mercado residencial y que el acceso a una vivienda no puede depender exclusivamente de la capacidad económica de cada ciudadano.
Las propuestas de Montero suponen una intervención de mayor alcance que las medidas destinadas únicamente a facilitar ayudas al alquiler o incentivos para la compra. Su planteamiento busca modificar determinados mecanismos de funcionamiento del mercado inmobiliario y aumentar la presencia del sector público.
Sin embargo, para convertir estos compromisos en medidas efectivas sería necesario concretar los mecanismos legales, presupuestarios y administrativos que permitirían desarrollarlos.
Críticas al PSOE y al voto útil de la izquierda
La candidata de Podemos también ha aprovechado su intervención para marcar distancias con el PSOE y cuestionar los llamamientos a concentrar el voto progresista en la candidatura socialista.
Montero considera que los ciudadanos no deben renunciar a respaldar las propuestas políticas con las que se sienten identificados por temor a que su voto no resulte decisivo.
En su opinión, la izquierda necesita plantear medidas más ambiciosas ante problemas como el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para llegar a final de mes.
La dirigente ha defendido que no basta con mantener las políticas existentes o introducir modificaciones que considera insuficientes. Su argumento es que los problemas económicos y sociales requieren decisiones de mayor alcance.
En Sevilla ha insistido en que las reivindicaciones de los ciudadanos deben tener una traducción efectiva en las decisiones de Gobierno y ha situado a Podemos como la opción política que, según sostiene, está dispuesta a impulsar esos cambios.
La candidata ha cuestionado que se presente el voto a otras formaciones como la única alternativa para evitar un Gobierno de derechas y ha defendido que los electores tienen derecho a elegir el proyecto que mejor represente sus intereses.
En este contexto, la formación pretende recuperar espacio electoral entre los votantes progresistas que reclaman políticas más intervencionistas en materia económica y social.
Una propuesta de redistribución de la riqueza
El programa económico de Podemos también incorpora una mayor presión fiscal sobre las grandes fortunas y las empresas con mayores beneficios.
Montero sostiene que una parte importante de la riqueza generada por los trabajadores termina concentrándose en grandes compañías y grupos económicos, mientras que las familias soportan el encarecimiento de los bienes y servicios esenciales.
Por ello, ha defendido la necesidad de revisar la distribución de los recursos económicos y aumentar la contribución de quienes disponen de mayor capacidad financiera.
Durante el acto sevillano, la candidata ha planteado que los recursos económicos deben regresar a las familias y a los trabajadores mediante políticas salariales, servicios públicos y medidas destinadas a reducir el coste de la vida.
También ha recuperado su propuesta de crear un supermercado público, una iniciativa que Podemos presenta como una herramienta para intervenir sobre los precios de los productos básicos y aumentar la competencia en la distribución alimentaria.
La formación considera que una mayor presencia pública en determinados sectores podría contribuir a limitar los efectos del encarecimiento de los bienes esenciales.
Este planteamiento se relaciona con la defensa que Montero realiza del artículo 128 de la Constitución, que establece que toda la riqueza del país, con independencia de su titularidad, está subordinada al interés general.
La candidata utiliza ese precepto constitucional para justificar su defensa de una mayor intervención de los poderes públicos en la economía y una redistribución más amplia de los recursos.
El gasto en defensa y las prioridades sociales
Otro de los asuntos abordados durante el mitin ha sido el incremento del gasto militar y las prioridades presupuestarias del Estado.
Irene Montero ha cuestionado el aumento de los recursos destinados a defensa y ha planteado que parte de ese dinero debería dirigirse a reforzar los servicios públicos y las políticas sociales.
En concreto, ha mencionado una cantidad de 36.000 millones de euros que, según su planteamiento, podrían destinarse a financiar actuaciones relacionadas con la sanidad, la educación, la lucha contra la violencia machista y la vivienda pública.
La candidata ha citado entre sus prioridades la contratación de profesionales sanitarios y docentes, así como el aumento de los recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres.
También ha defendido que esos fondos podrían contribuir a financiar la ampliación del parque público residencial y otras políticas destinadas a reducir las dificultades económicas de las familias.
La propuesta se enmarca en la posición de Podemos contraria al incremento del gasto militar y favorable a una redistribución de las prioridades presupuestarias hacia los servicios públicos.
Se trata de una cuestión que también tiene implicaciones en materia de política exterior y compromisos internacionales, por lo que cualquier modificación de las partidas presupuestarias tendría que concretarse teniendo en cuenta las obligaciones del Estado y las necesidades de financiación de las distintas áreas.
La campaña del 29N entra en el debate sobre el modelo económico
La visita de Irene Montero a Sevilla refuerza la intención de Podemos de situar el debate económico y social en el centro de la campaña electoral.
La formación quiere que las elecciones del 29 de noviembre se conviertan en una oportunidad para discutir cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos: cuánto cobran los trabajadores, cuánto cuesta alquilar una vivienda, qué parte del salario se destina a los gastos básicos y cuánto tiempo debe dedicarse al trabajo.
Las propuestas anunciadas por Montero dibujan un modelo económico basado en salarios mínimos más elevados, una reducción significativa de la jornada laboral, una mayor intervención pública en el mercado inmobiliario y una redistribución de los recursos hacia las familias.
Frente a otras candidaturas que plantean medidas diferentes para abordar estos problemas, Podemos defiende que las políticas actuales no son suficientes y que se necesita una transformación de mayor profundidad.
La principal incógnita será conocer hasta qué punto estas propuestas consiguen trasladarse al respaldo electoral y qué capacidad tendría la formación para aplicarlas en caso de participar en un futuro Gobierno.
La subida del SMI a 1.800 euros, la jornada de 30 horas y la reducción de los alquileres en un 40 % son compromisos de gran alcance que exigirían decisiones legislativas, presupuestarias y económicas.
Por el momento, Montero ha aprovechado su presencia en Andalucía para convertirlos en algunos de los principales argumentos de su campaña. Su mensaje es claro: Podemos quiere que el debate electoral no se limite a quién debe ocupar la Presidencia del Gobierno, sino que también sirva para decidir qué modelo de salarios, vivienda y condiciones laborales necesita España durante los próximos años.