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La ciberdelincuencia está incorporando a atacantes cada vez más jóvenes.
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La Policía Nacional ha detectado casos de menores de apenas 14 años implicados en actividades informáticas delictivas, desde el robo de bases de datos hasta ataques capaces de paralizar sistemas empresariales.
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La inteligencia artificial y la facilidad para encontrar herramientas e instrucciones en internet están contribuyendo a que adolescentes sin formación informática especializada puedan acceder a este tipo de prácticas.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional trabaja diariamente en la investigación de ataques contra empresas, organismos y particulares. Desde esta unidad advierten de un cambio significativo en el perfil de los autores de algunos delitos informáticos: cada vez aparecen más jóvenes que todavía están en edad escolar.
El inspector Javier Izquierdo, responsable del Grupo I de Ciberataques, explica que buena parte de los implicados en el robo masivo de bases de datos tienen entre 16 y 20 años, aunque los investigadores han llegado a detectar un caso de un menor de 14 años.
Según los agentes, estos adolescentes han crecido utilizando dispositivos digitales y se desenvuelven con soltura en internet. A esa habilidad se suma ahora el acceso a herramientas de inteligencia artificial, capaces de proporcionar instrucciones sobre procedimientos informáticos que pueden terminar utilizándose con fines delictivos.
La inteligencia artificial facilita el acceso a técnicas delictivas
Los investigadores consideran que la inteligencia artificial está cambiando las posibilidades de quienes quieren cometer delitos informáticos. Sin necesidad de contar con una formación avanzada en programación o seguridad digital, algunos jóvenes pueden encontrar explicaciones y recursos que facilitan determinadas actividades ilícitas.
La Policía también observa el efecto llamada de figuras conocidas dentro del mundo de la ciberdelincuencia. Algunos adolescentes buscan notoriedad o dinero rápido imitando las actividades de otros delincuentes que han alcanzado repercusión pública.
Entre los ejemplos mencionados por los investigadores figura la alteración de los sistemas de megafonía de centros comerciales de El Corte Inglés, una práctica que demuestra cómo determinados ataques pueden afectar a servicios y espacios de uso cotidiano.
Los agentes recuerdan que acceder sin autorización a una cuenta de correo, un servidor o cualquier otro sistema informático puede constituir un delito, aunque el autor no llegue a robar información ni a obtener un beneficio económico.
El ransomware puede paralizar la actividad de una empresa
Más allá de los ataques protagonizados por individuos, la Policía alerta del crecimiento de organizaciones criminales que utilizan programas maliciosos para bloquear sistemas informáticos y exigir dinero a cambio de recuperar el acceso.
Esta modalidad, conocida como ransomware, ha evolucionado hacia fórmulas de extorsión cada vez más complejas. Los delincuentes no se limitan a cifrar los archivos de una empresa y pedir un rescate: también pueden copiar información confidencial y amenazar con publicarla o venderla si la víctima se niega a pagar.
En ocasiones, los atacantes permanecen durante semanas dentro de las redes de una organización antes de ejecutar el bloqueo. Durante ese tiempo pueden recopilar documentos, datos personales o información empresarial que posteriormente utilizan para aumentar la presión.
El inspector Javier Izquierdo recuerda el caso de una importante industria alimentaria de Murcia cuya producción quedó paralizada durante semanas después de que un ataque bloqueara los programas utilizados para controlar las máquinas de envasado y etiquetado.
Los ataques tampoco se dirigen exclusivamente a grandes multinacionales. Las pequeñas empresas, incluidos despachos profesionales con infraestructuras de seguridad más vulnerables, también pueden convertirse en objetivos.
El robo de datos alimenta otras estafas
La investigación policial ha detectado además un modelo de delincuencia organizado en el que cada participante desempeña una función diferente. Quienes consiguen entrar ilegalmente en los sistemas no siempre son los mismos que venden la información robada o la utilizan posteriormente para cometer fraudes.
En los foros clandestinos de internet se comercializan bases de datos procedentes de empresas energéticas, aseguradoras y otros sectores. La información puede incluir domicilios, datos personales y cuentas bancarias, que después se emplean para preparar campañas de suplantación de identidad y estafas.
Los agentes describen este sistema como «Crime as a Service», una fórmula en la que los conocimientos y las herramientas para cometer delitos se ofrecen prácticamente como un servicio a otros delincuentes.
La Policía procesa hasta 1.700 dispositivos al año
La lucha contra estos delitos también requiere un importante trabajo de análisis y conservación de pruebas digitales. El Grupo Técnico Operativo de la Comisaría General de Policía Judicial se encarga de extraer y examinar los dispositivos intervenidos durante las investigaciones.
Su laboratorio forense procesa entre 1.500 y 1.700 dispositivos al año, una media aproximada de 17 teléfonos diarios.
Una de las claves de este trabajo es preservar la cadena de custodia de las pruebas mediante el código hash, una herramienta que permite comprobar que los archivos digitales no han sido modificados durante su tratamiento y que la información pueda utilizarse como prueba en un procedimiento judicial.
La Policía Nacional mantiene también la colaboración con organismos europeos e internacionales para investigar organizaciones que operan desde distintos países y utilizan internet para ocultar su identidad.
El fenómeno de los hackers adolescentes supone así un nuevo desafío para los investigadores: detectar a autores cada vez más jóvenes, que pueden disponer de herramientas tecnológicas avanzadas desde sus propias casas y cuyas actividades pueden llegar a afectar tanto a particulares como a empresas e infraestructuras.