La Comunidad de Madrid prepara una nueva normativa para reforzar la autoridad del profesorado y permitir que los centros educativos respondan con mayor rapidez ante insultos, faltas de respeto, peleas y otros comportamientos que alteren la convivencia escolar. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende reducir los trámites administrativos que dificultan la aplicación de medidas disciplinarias y establecer criterios comunes para los colegios e institutos de la región.
La iniciativa se materializará en un nuevo Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor, impulsado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que dirige Mercedes Zarzalejo. Según los detalles adelantados este lunes, 26 de octubre, por la consejera, la normativa se tramitará por la vía de urgencia con el objetivo de que pueda entrar en vigor durante el curso escolar 2027-2028.
El proyecto busca que las conductas contrarias a las normas de convivencia reciban una respuesta proporcionada y más inmediata, evitando que los procedimientos se prolonguen hasta dificultar la intervención educativa. Para ello, el texto definirá un catálogo de infracciones leves, graves y muy graves, así como las medidas correctoras que podrán aplicarse en función de la naturaleza de cada conducta.
La propuesta no parte de cero. La Comunidad de Madrid ya dispone de una Ley de Autoridad del Profesor, aprobada en 2010 durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, que reconoce al profesorado y a los equipos directivos la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. El nuevo decreto pretende avanzar sobre ese marco normativo, actualizando los procedimientos para que la protección jurídica reconocida a los docentes tenga una aplicación más efectiva en la actividad cotidiana de los centros.
Un catálogo común de faltas para todos los centros
Uno de los principales cambios previstos es la creación de un catálogo mínimo de infracciones leves, graves y muy graves. La Consejería considera que esta clasificación permitirá reducir las diferencias entre centros a la hora de identificar determinados comportamientos y decidir qué respuesta corresponde aplicar.
Actualmente, las normas de convivencia de cada centro desempeñan un papel fundamental en la determinación de las conductas contrarias a las reglas escolares. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo regional pretende establecer una base común para todos los colegios e institutos, sin eliminar la autonomía de los centros para adaptarla a sus circunstancias.
Según los detalles publicados sobre la iniciativa, cada centro podrá incorporar otras faltas leves a las recogidas en el catálogo mínimo, atendiendo a su realidad y a las necesidades de convivencia de su comunidad educativa.
El propósito es que exista una mayor homogeneidad en la aplicación de las normas y que las familias dispongan de criterios más previsibles sobre las consecuencias de determinadas conductas. La clasificación de las infracciones también deberá permitir que la respuesta disciplinaria se ajuste a la gravedad de los hechos y no dependa exclusivamente de la interpretación particular de cada situación.
La nueva regulación abordará comportamientos como los insultos a los profesores, las faltas de respeto, las peleas y las alteraciones del desarrollo normal de las clases. No obstante, la tipificación concreta y las medidas aplicables deberán quedar recogidas en el texto normativo definitivo.
Respuestas más rápidas, con audiencia del alumno y comunicación a la familia
La reducción de los trámites administrativos constituye uno de los elementos centrales del proyecto. La intención de la Consejería es que determinadas infracciones leves y graves puedan corregirse con mayor rapidez, sin que la respuesta educativa quede aplazada por procedimientos prolongados.
Según la información trasladada por fuentes de la Consejería de Educación y recogida por medios de comunicación, la propuesta contempla que el alumno pueda ser oído y que se informe a su familia, pero que se simplifiquen determinados trámites administrativos de alegaciones y recursos que actualmente pueden alargar la resolución de los conflictos.
El planteamiento busca que la intervención se produzca cuando los hechos todavía están próximos en el tiempo y la medida correctora pueda cumplir su finalidad educativa. Una respuesta rápida permitiría, según el objetivo declarado por el Gobierno regional, evitar que una conducta disruptiva quede sin una consecuencia clara durante un periodo prolongado.
Esto no significa que cualquier profesor pueda imponer cualquier sanción sin límites ni que desaparezcan todas las garantías del alumnado. El alcance de las competencias de docentes y equipos directivos, las medidas aplicables y las garantías procedimentales dependerán de la regulación finalmente aprobada.
La proporcionalidad deberá seguir siendo un principio esencial. Una falta de respeto puntual no tiene por qué recibir el mismo tratamiento que una agresión o una conducta reiterada de especial gravedad. La finalidad de la disciplina escolar no consiste únicamente en sancionar, sino también en corregir comportamientos y preservar las condiciones necesarias para el aprendizaje.
La concreción de estas reglas será especialmente relevante para los equipos directivos, que deberán aplicar la normativa en situaciones muy distintas y garantizar que las decisiones estén justificadas.
La presunción de veracidad de los docentes, un elemento clave
Otro de los aspectos que el Gobierno madrileño quiere reforzar es la aplicación efectiva de la presunción de veracidad de los profesores cuando los hechos y la autoría estén claros.
Este principio ya figura en la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. Su artículo 5 reconoce la condición de autoridad pública a los directores, los demás miembros de los equipos directivos y los profesores en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas.
El artículo 6 establece, además, que los hechos constatados por estos profesionales gozan de presunción de veracidad en el ejercicio de sus competencias disciplinarias cuando se formalicen por escrito mediante un documento que reúna los requisitos reglamentarios.
Por tanto, la novedad anunciada no consiste en crear desde cero esa condición jurídica, sino en desarrollar un marco que permita aplicarla de manera más efectiva en la gestión cotidiana de los conflictos escolares.
La presunción de veracidad tampoco debe interpretarse como una declaración de culpabilidad automática del estudiante ni como una eliminación del derecho a formular alegaciones. El alcance de este principio debe entenderse dentro de las condiciones previstas por la ley y del procedimiento que resulte aplicable.
El objetivo de la reforma es que los docentes dispongan de herramientas claras para intervenir cuando se produzcan conductas contrarias a las normas, sin que la necesidad de documentar y tramitar cada incidente convierta la actuación educativa en un proceso excesivamente lento.
La normativa abarcará también actividades extraescolares y redes sociales
El ámbito de aplicación previsto para el nuevo decreto irá más allá de lo que sucede durante una clase ordinaria. La propuesta contempla conductas producidas durante las actividades extraescolares, en los servicios complementarios y en el transporte escolar, así como determinados comportamientos fuera de las instalaciones educativas y en las redes sociales.
Este apartado resulta relevante porque los conflictos relacionados con la convivencia escolar no siempre se producen dentro del aula. Algunas situaciones pueden prolongarse fuera del horario lectivo o trasladarse a espacios digitales, con consecuencias para las relaciones entre estudiantes y para la actividad del centro.
La Ley 2/2010 ya contempla la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias por conductas realizadas durante actividades complementarias y extraescolares y en los servicios de comedor y transporte escolar. También permite actuar ante determinadas conductas cometidas fuera del recinto cuando estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a miembros de la comunidad educativa.
El nuevo decreto pretende concretar y actualizar este marco para responder a las situaciones que se presentan en los centros actuales.
No obstante, que una conducta se produzca en una red social o fuera del colegio no implica automáticamente que cualquier publicación pueda ser sancionada por el centro. Será necesario atender a su relación con la vida escolar, a las personas afectadas y a los límites establecidos por la legislación aplicable.
La delimitación de estas circunstancias será uno de los aspectos que deberán examinarse en el texto definitivo, especialmente cuando estén implicados menores de edad y resulte necesario proteger sus derechos.
Qué establece la ley vigente desde 2010
La iniciativa de la Comunidad de Madrid tiene como antecedente directo la Ley 2/2010, aprobada durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Esta norma nació con el objetivo de reconocer y reforzar la autoridad del profesorado, fomentar el respeto hacia su labor y contribuir a garantizar el derecho a la educación.
Además de reconocer la condición de autoridad pública, la ley contempla la asistencia jurídica para los profesores de centros públicos en relación con hechos derivados de su ejercicio profesional y de las funciones que desempeñen dentro o fuera del recinto escolar.
La legislación vigente también establece que las medidas correctoras deben guardar proporción con la naturaleza y gravedad de la falta, tener un valor educativo y contribuir a mejorar el clima de convivencia. En los supuestos de agresión física o moral al profesorado, contempla la reparación del daño moral mediante disculpas y reconocimiento de la responsabilidad, en los términos previstos legalmente.
A este marco se suma el Decreto 32/2019, de 9 de abril, que regula la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
La nueva iniciativa pretende actualizar los procedimientos y facilitar su aplicación práctica, sin que ello suponga que la normativa anterior haya dejado de estar vigente. Hasta que se apruebe y entre en vigor el nuevo decreto, el marco actual continúa siendo la referencia normativa.
El curso 2027-2028, objetivo para la entrada en vigor
El Gobierno regional prevé tramitar el decreto por la vía de urgencia con la intención de que pueda aplicarse durante el curso escolar 2027-2028. Se trata, por el momento, de un objetivo anunciado, no de una fecha de entrada en vigor ya confirmada mediante una norma publicada.
El calendario previsto pretende ofrecer tiempo suficiente para que los colegios e institutos adapten sus normas internas y para que los equipos docentes y directivos reciban orientación y formación sobre los nuevos procedimientos.
La preparación de los centros será importante para que la aplicación de las medidas no dependa únicamente del conocimiento individual de cada profesor. Los responsables educativos tendrán que familiarizarse con la clasificación de las faltas, las competencias para imponer correcciones, la comunicación con las familias y los pasos necesarios para documentar los hechos.
La tramitación urgente no elimina la necesidad de elaborar y aprobar formalmente el texto. Hasta que se conozca la versión definitiva, no puede darse por cerrado el catálogo de infracciones, las sanciones concretas ni el alcance exacto de las facultades que tendrán los docentes.
La convivencia escolar, en el centro del debate educativo
La reforma anunciada vuelve a situar la autoridad del profesorado y la gestión de la disciplina entre los asuntos centrales de la política educativa madrileña. El Ejecutivo regional sostiene que la simplificación de los procedimientos permitirá responder con mayor rapidez a los comportamientos que dificultan el desarrollo de las clases.
El reto será encontrar un equilibrio entre la capacidad de actuación de los docentes, la proporcionalidad de las medidas correctoras y las garantías que corresponden a los estudiantes y sus familias.
La rapidez en la respuesta puede ser relevante para evitar que los conflictos se prolonguen, pero también será necesario que los criterios sean claros, que las decisiones puedan justificarse y que los centros dispongan de formación suficiente para aplicar la normativa de forma coherente.
La aprobación del nuevo decreto permitirá conocer hasta dónde llegan los cambios anunciados y qué procedimientos se modificarán respecto al sistema actual. Por ahora, la Comunidad de Madrid ha presentado las líneas generales de una reforma que pretende reforzar la autoridad docente y reducir las demoras en la respuesta ante las faltas de convivencia.
