La protesta, convocada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones, reclama un gasóleo profesional agrario, una Política Agrícola Común (PAC) con financiación suficiente, precios justos para las producciones y menos burocracia. Las organizaciones denuncian que el encarecimiento de los costes amenaza la rentabilidad de las explotaciones y exigen compromisos concretos a las administraciones.
El campo español volverá a trasladar sus reivindicaciones a las calles de Madrid este miércoles, 28 de octubre. Agricultores y ganaderos de distintas comunidades autónomas están llamados a participar en una gran tractorada que concluirá frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La movilización, convocada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, pretende forzar una respuesta a los problemas económicos y regulatorios que, según las organizaciones, comprometen la continuidad de numerosas explotaciones.
Bajo el lema «Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo», las entidades convocantes han articulado una plataforma común de cinco reivindicaciones: un plan de choque contra el aumento de los costes de producción, un gasóleo profesional agrario, una PAC suficientemente financiada, precios que remuneren el trabajo de agricultores y ganaderos, reciprocidad en las condiciones exigidas a los productos importados y una reducción efectiva de las cargas administrativas.
La convocatoria llega después de que las organizaciones agrarias hayan expresado su disconformidad con las medidas que consideran insuficientes para aliviar la presión sobre el sector. Su objetivo es que las administraciones adopten soluciones estables, con plazos definidos y resultados verificables, en lugar de limitarse a ayudas temporales que, a juicio de los convocantes, no compensan el incremento de los gastos.
La protesta no se circunscribe a una comunidad autónoma ni a un cultivo concreto. Las entidades promotoras pretenden reunir en la capital a profesionales de diferentes territorios y actividades agrarias y ganaderas para trasladar una reclamación compartida: que producir alimentos permita mantener la viabilidad económica de las explotaciones y garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural.
El encarecimiento de los costes, en el centro de la protesta
Una de las principales preocupaciones del sector es la evolución de los gastos necesarios para mantener la actividad. El combustible utilizado por los tractores y la maquinaria agrícola, los fertilizantes, la alimentación del ganado y la electricidad forman parte de una estructura de costes que condiciona la rentabilidad de las explotaciones.
Las organizaciones agrarias sostienen que el aumento de esos gastos no siempre puede trasladarse al precio que reciben por sus productos. Esta diferencia entre lo que cuesta producir y lo que se ingresa por la venta constituye el núcleo de sus reclamaciones y explica que hayan situado la rentabilidad en el centro de la movilización.
La dificultad, según denuncian, es que los agricultores deben asumir las variaciones de los precios de los insumos sin tener necesariamente capacidad para negociar unas condiciones de venta que compensen los incrementos. En esas circunstancias, una subida del combustible o de los fertilizantes puede reducir el margen económico de una explotación incluso cuando mantiene su actividad productiva.
Por ello, ASAJA, COAG y Unión de Uniones reclaman un plan de choque que permita aliviar la presión inmediata sobre los costes. Su propuesta incluye la creación de un gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad reducida y estable y bonificaciones aplicadas directamente al repostar.
Las entidades consideran que un mecanismo permanente ofrecería mayor previsibilidad que una sucesión de ayudas extraordinarias. También reclaman medidas transitorias suficientes mientras se implanta esa solución, con el propósito de evitar que los incrementos de los gastos comprometan las campañas agrícolas y la continuidad de las explotaciones.
La exigencia no se limita al combustible. Los convocantes incluyen en su diagnóstico el encarecimiento de otros suministros necesarios para producir, por lo que defienden una respuesta que tenga en cuenta el conjunto de la estructura de costes y no únicamente uno de sus componentes.
La PAC y el futuro de las ayudas europeas
La segunda gran preocupación de los convocantes es el futuro de la Política Agrícola Común, uno de los principales instrumentos de apoyo al sector agrario de la Unión Europea.
Las organizaciones reclaman una PAC con presupuesto suficiente para proteger las rentas de agricultores y ganaderos y rechazan una eventual reducción de los recursos destinados a la política agraria. También defienden que se mantenga una política verdaderamente común, con financiación adecuada y una estructura que permita sostener la actividad productiva.
El debate adquiere especial importancia ante el próximo marco financiero europeo para el periodo 2028-2034. Las organizaciones agrarias temen que los cambios en la distribución de los fondos y una posible reducción de los recursos disponibles debiliten la capacidad de apoyo a las explotaciones.
La PAC no constituye una ayuda uniforme ni se limita a un único pago. Comprende instrumentos de apoyo a las rentas, intervenciones sectoriales y medidas de desarrollo rural, sujetas a diferentes requisitos. Por ello, las decisiones sobre su financiación y diseño pueden tener consecuencias distintas según el tipo de explotación, su orientación productiva y el territorio en el que se encuentre.
Para los convocantes, mantener una financiación suficiente es esencial para que las explotaciones puedan afrontar inversiones, adaptarse a las exigencias normativas y continuar produciendo en condiciones económicamente viables.
La protesta pretende trasladar esta preocupación a las administraciones españolas y europeas. Las organizaciones piden que la defensa de la renta agraria y de la capacidad productiva del campo tenga un papel prioritario en las negociaciones del próximo periodo presupuestario.
Precios justos y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
La tercera reivindicación se centra en los precios que reciben los productores por sus cosechas y por los productos ganaderos. Las organizaciones agrarias denuncian que, en determinadas circunstancias, los ingresos obtenidos por la venta no permiten compensar los costes que soportan las explotaciones.
Para hacer frente a este problema, reclaman precios que remuneren el trabajo realizado y un cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria. Esta legislación establece reglas para las relaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y evitar prácticas comerciales prohibidas.
Entre sus disposiciones figura la prohibición de destruir valor en la cadena alimentaria y la obligación de que los contratos alimentarios recojan los elementos exigidos legalmente. La norma también establece que el precio pactado entre el productor primario y su comprador debe cubrir el coste efectivo de producción en los términos previstos por la legislación.
Sin embargo, las organizaciones consideran que el marco legal debe ir acompañado de una aplicación efectiva y de mecanismos de control capaces de detectar y corregir los incumplimientos. Por eso, su reivindicación no se limita a reclamar nuevas medidas económicas, sino que incluye la vigilancia de las relaciones comerciales entre productores, industria y distribución.
La dificultad de trasladar los aumentos de los costes al precio final es especialmente relevante para una actividad en la que intervienen numerosos factores: las condiciones meteorológicas, la disponibilidad de agua, los gastos energéticos, los precios de los insumos y las características de cada mercado.
Los convocantes sostienen que la combinación de costes elevados y remuneraciones insuficientes puede reducir los márgenes hasta comprometer la continuidad de algunas explotaciones. Su exigencia es que las reglas existentes se cumplan y que los productores no soporten de manera desproporcionada las consecuencias económicas de una cadena comercial en la que participan distintos operadores.
Competencia exterior y exigencia de reciprocidad
Otro de los puntos centrales de la movilización es la competencia de los productos procedentes de terceros países. ASAJA, COAG y Unión de Uniones reclaman que las importaciones estén sometidas a controles efectivos y que se garantice una mayor reciprocidad entre las exigencias aplicadas a los productores europeos y las que deben cumplir los productos que llegan de otros mercados.
Las organizaciones sostienen que los agricultores españoles trabajan bajo obligaciones relacionadas con la producción, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente que pueden diferir de las existentes en determinados países exportadores. A su juicio, estas diferencias pueden generar desventajas competitivas si los productos importados acceden al mercado europeo sin controles suficientes sobre los requisitos que les resulten aplicables.
En sus reclamaciones mencionan expresamente los acuerdos comerciales con Marruecos y el bloque sudamericano de Mercosur. Su posición es que la apertura comercial debe acompañarse de garantías que protejan a los productores europeos frente a una competencia que consideran desigual.
La cuestión afecta a un debate más amplio sobre la política comercial de la Unión Europea: cómo compatibilizar el acceso a mercados internacionales con la protección de los sectores productivos europeos y el cumplimiento de las normas comunitarias.
No todos los acuerdos comerciales tienen las mismas condiciones, ni todos los productos importados están sujetos a idénticos regímenes. Por eso, la demanda de las organizaciones se centra en reforzar los controles y asegurar que las exigencias aplicables se cumplan de forma efectiva, en lugar de tratar todas las importaciones como si presentaran las mismas características.
La movilización del día 28 servirá para reclamar que esta cuestión tenga un mayor peso en las decisiones comerciales y agrícolas. Los convocantes quieren que la reciprocidad normativa y los mecanismos de control formen parte de las soluciones destinadas a mejorar la competitividad del campo español.
Menos burocracia para dedicar más tiempo a las explotaciones
La reducción de las obligaciones administrativas constituye la quinta gran reivindicación de la protesta. Los agricultores y ganaderos denuncian que deben dedicar una parte importante de su tiempo a cumplimentar registros, presentar documentación y atender trámites relacionados con las ayudas y las exigencias normativas.
Las organizaciones agrarias no cuestionan únicamente el volumen de trabajo administrativo, sino también la necesidad de simplificar los procedimientos y evitar duplicidades. Su planteamiento es que las obligaciones sean proporcionadas a la actividad de cada explotación y que los sistemas de gestión permitan cumplirlas sin una carga innecesaria.
Esta demanda adquiere especial relevancia en las explotaciones familiares y en aquellas que disponen de menos recursos para asumir tareas administrativas. La necesidad de compatibilizar el trabajo en el campo con la gestión documental puede resultar especialmente exigente durante las campañas agrícolas, cuando las labores productivas requieren una atención constante.
ASAJA, COAG y Unión de Uniones reclaman menos trámites y normas más sencillas, con el argumento de que la simplificación administrativa puede contribuir a mejorar la eficiencia y la competitividad del sector. La petición forma parte de un conjunto de medidas que las organizaciones consideran necesarias para garantizar el futuro de la actividad agraria.
El desafío para las administraciones consiste en reducir las cargas que no resulten necesarias sin renunciar a los controles que garantizan la correcta utilización de los fondos públicos, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas ambientales y laborales.
La movilización concluirá ante el Ministerio de Agricultura
La tractorada del miércoles 28 de octubre tendrá como destino la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid. La convocatoria ha sido presentada como una movilización nacional para visibilizar los problemas del sector y reclamar respuestas al Gobierno.
Las organizaciones han difundido la convocatoria a través de sus estructuras territoriales para facilitar la participación de agricultores y ganaderos de distintas comunidades autónomas. La movilización pretende reunir en la capital las reivindicaciones de explotaciones con producciones y necesidades diferentes, pero que comparten la preocupación por los costes, los precios y el futuro de las ayudas europeas.
Según la información publicada por organizaciones agrarias territoriales, la marcha está prevista para comenzar a las 11.00 horas en la plaza de la Independencia y continuar por la calle de Alfonso XII y el paseo de la Infanta Isabel hasta finalizar ante el Ministerio.
El lema elegido, «Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo», resume el mensaje que los convocantes quieren trasladar a las administraciones y a la sociedad. Su argumento es que la continuidad de la producción alimentaria depende también de que las explotaciones puedan cubrir sus costes, obtener una remuneración adecuada y planificar sus inversiones con cierta estabilidad.
Las organizaciones reclaman compromisos concretos y plazos definidos para las medidas propuestas. La protesta pretende, de esta manera, convertir las demandas del sector en una cuestión prioritaria de la agenda política y económica.
Una convocatoria conjunta de tres organizaciones agrarias
La movilización está convocada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que han acordado coordinar sus esfuerzos para trasladar una plataforma común de reivindicaciones.
La convocatoria conjunta reúne a tres organizaciones con implantación en el sector agrario y responde a la voluntad de reforzar el alcance de la protesta mediante un mensaje compartido. Las tres coinciden en reclamar medidas frente al encarecimiento de los costes, una PAC suficientemente financiada, mejores condiciones de comercialización, reciprocidad en los acuerdos comerciales y simplificación administrativa.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), por su parte, anunció el aplazamiento de las movilizaciones estatales que valoraba junto a otras organizaciones debido a la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre. La organización explicó que centraría su actividad en trasladar sus propuestas a las formaciones políticas para su consideración en los programas electorales. Por tanto, no figura entre las entidades convocantes de la tractorada del 28 de octubre.
Esta diferencia es relevante para delimitar el alcance de la protesta: se trata de una convocatoria conjunta de ASAJA, COAG y Unión de Uniones, no de una movilización respaldada formalmente por todas las organizaciones agrarias estatales.
El futuro del campo, pendiente de respuestas concretas
La tractorada llega en un momento en el que las organizaciones convocantes consideran que las medidas adoptadas hasta ahora no resuelven los problemas estructurales de rentabilidad del sector. Su objetivo es obtener una respuesta que combine actuaciones inmediatas frente a los costes con decisiones de mayor alcance sobre la PAC, la cadena alimentaria, la política comercial y la simplificación administrativa.
Las cinco reivindicaciones están relacionadas entre sí. Un combustible más caro puede elevar los gastos de producción; unos precios de venta insuficientes pueden impedir recuperar esos costes; la competencia exterior puede añadir presión en determinados mercados, y la incertidumbre sobre las ayudas europeas puede dificultar la planificación de inversiones.
La reducción de la burocracia, por su parte, es presentada por las organizaciones como una condición para que los profesionales puedan concentrar más recursos y tiempo en sus explotaciones.
La protesta del 28 de octubre permitirá medir la capacidad de movilización de las entidades convocantes y volverá a situar estas cuestiones ante el Gobierno. Sin embargo, la convocatoria no garantiza por sí misma que las reivindicaciones se traduzcan en nuevas medidas. Su resultado dependerá de la respuesta de las administraciones y de la evolución de las negociaciones sobre las cuestiones planteadas.
Para agricultores y ganaderos, la demanda principal es que la actividad de producir alimentos pueda mantenerse en condiciones económicamente viables. Para las organizaciones, la movilización pretende dejar claro que el futuro del sector no depende de una única ayuda, sino de un conjunto de decisiones sobre costes, precios, regulación y financiación europea.
