lunes, 16 de noviembre de 2026
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Marlaska ordena investigar las cargas policiales de la huelga general y anuncia restricciones al uso de gases

Marlaska ordena investigar las cargas policiales de la huelga general y anuncia restricciones al uso de gases
Marlaska investiga las cargas policiales de la huelga general del 11N
Tiempo de lectura: 5 min
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado abrir investigaciones específicas sobre las cargas policiales y las distintas incidencias registradas durante la huelga general del 11 de noviembre. La actuación de los antidisturbios, especialmente por el empleo de gases y pelotas de goma, ha provocado críticas de sindicatos y organizaciones convocantes, que estudian emprender acciones legales.

La actuación de la Policía durante la huelga general del pasado miércoles 11 de noviembre ha abierto una nueva polémica política y sindical. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, investigar las intervenciones de los agentes y las distintas incidencias ocurridas durante las movilizaciones.

La decisión llegó después de que se difundieran imágenes de las cargas policiales en diferentes puntos de Madrid, especialmente durante los piquetes informativos y al término de la manifestación de la tarde. En algunas intervenciones se utilizaron gases, aerosoles de defensa y pelotas de goma, unos métodos cuya aplicación ha sido cuestionada por representantes sindicales y participantes en las protestas.

El ministro reconoció que algunas de las imágenes conocidas no parecían ajustarse a los principios de proporcionalidad y aseguró que la investigación permitirá determinar si se incumplieron los protocolos de actuación.

Una investigación independiente de las inspecciones habituales

Interior ha señalado que las investigaciones específicas ordenadas por Marlaska se llevarán a cabo con independencia de las inspecciones internas que la Policía Nacional realiza habitualmente para comprobar si sus actuaciones se ajustan a las normas vigentes.

El objetivo es analizar las intervenciones policiales, determinar las circunstancias en las que se produjeron y comprobar si el uso de la fuerza fue adecuado en cada caso.

Uno de los episodios que generó mayor controversia tuvo lugar en la Gran Vía de Madrid, donde la periodista de Radio Nacional de España Graciela García resultó afectada durante una intervención policial. La informadora relató que un bote de humo cayó muy cerca de su rostro y anunció que presentaría una demanda.

También se cuestionaron las actuaciones contra piquetes informativos y manifestantes en otros puntos de la capital, entre ellos Mercamadrid.

Marlaska anuncia que no se utilizará gas lacrimógeno

Otra de las decisiones comunicadas por el Ministerio del Interior fue la orden de dejar de utilizar gas lacrimógeno en los dispositivos policiales de control de manifestaciones.

El anuncio provocó reacciones entre los sindicatos policiales, que cuestionaron la medida y reclamaron aclaraciones sobre los medios que podrán emplearse en futuras intervenciones.

En este debate resulta importante diferenciar el gas lacrimógeno de los aerosoles de gas pimienta. Aunque ambos se utilizan en actuaciones de control, no son el mismo producto ni tienen idénticas características.

La información difundida posteriormente por RTVE, el 13 de noviembre, recogió que Interior estaba revisando los protocolos y que la prohibición se concretaría de forma diferenciada: se planteaba retirar el uso del gas pimienta, mientras que los botes de humo lacrimógeno podrían seguir permitidos bajo determinadas condiciones. Por tanto, el alcance definitivo de las restricciones debía precisarse en la modificación de los protocolos policiales.

Los sindicatos denuncian un uso desproporcionado de la fuerza

Las organizaciones sindicales convocantes de la huelga criticaron duramente algunas de las intervenciones policiales y anunciaron que estudiarían posibles acciones legales.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cuestionó especialmente el empleo de gas pimienta contra los participantes en los piquetes informativos y anunció acciones judiciales. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó las imágenes de las cargas como impropias de un país democrático y defendió que el derecho de huelga debe estar protegido.

Desde el Sindicato de Inquilinas también se denunciaron actuaciones contra personas que participaban en las movilizaciones por el derecho a la vivienda.

En cambio, los sindicatos policiales defendieron la actuación de los agentes y sostuvieron que las intervenciones se habían realizado conforme a los criterios de legalidad, proporcionalidad y gradualidad. También reclamaron explicaciones sobre las restricciones anunciadas para el material antidisturbios.

Más de un centenar de detenidos durante la jornada

El balance provisional de las actuaciones policiales durante el 11 de noviembre reflejó un total de 1.144 incidencias comunicadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta las 23:00 horas, con 47 detenciones en los territorios contabilizados inicialmente.

A esas cifras se añadieron los datos de Cataluña y País Vasco. En Cataluña se registraron 52 detenidos y en el País Vasco otros 16, por lo que el balance total ascendió a 115 arrestos en toda España.

Madrid concentró 20 de las detenciones contabilizadas inicialmente, mientras que Valencia registró seis; Málaga y Almería, cuatro cada una; Granada y Castellón, tres respectivamente, y Zamora, dos. También hubo arrestos en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.

En Cataluña, además, se informó de 36 agentes de los Mossos d'Esquadra heridos durante los incidentes.

La polémica llega al Gobierno y aumenta la presión sobre Marlaska

Las cargas policiales también provocaron un enfrentamiento político dentro del propio espacio que sostiene al Gobierno. Sumar, Podemos y ERC reclamaron explicaciones y llegaron a pedir la dimisión del ministro del Interior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó a Marlaska y defendió su continuidad, aunque reconoció la necesidad de investigar las actuaciones y determinar si se habían producido fallos en los protocolos.

El ministro, por su parte, descartó dimitir y defendió que las investigaciones deben permitir aclarar lo sucedido y establecer las responsabilidades que correspondan.

La investigación policial y la revisión de los protocolos deberán determinar ahora si las intervenciones durante la huelga general se ajustaron a las normas y qué cambios se aplicarán en los futuros dispositivos de seguridad.

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