lunes, 16 de noviembre de 2026
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Más de 16.000 retornos a Marruecos y 3.600 menores bajo protección: Ceuta afronta las consecuencias de la mayor crisis migratoria de su historia reciente

Más de 16.000 retornos a Marruecos y 3.600 menores bajo protección: Ceuta afronta las consecuencias de la mayor crisis migratoria de su historia reciente
Policías nacionales durante el desalojo en el Tarajal, el pasado septiembre. / AMC
Tiempo de lectura: 10 min
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El último balance oficial presentado por el Gobierno, con datos actualizados a 10 de noviembre, sitúa en 6.569 el número de adultos que han pasado por los procedimientos de identificación y triaje.

En paralelo, 3.668 menores extranjeros no acompañados permanecen en los recursos del sistema de protección de Ceuta.

En cuanto a los retornos, el Ejecutivo cifra en 16.116 las personas que han regresado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto, mediante distintas modalidades de salida.

Las cifras reflejan la dimensión de una operación administrativa y humanitaria que se ha prolongado durante meses y que todavía no puede considerarse concluida. Aunque el Ejecutivo sostiene que se han producido avances importantes en la identificación, los retornos y la reorganización de los recursos de acogida, la atención a los menores y la resolución de los expedientes individuales siguen requiriendo una intervención continuada.

Más de 16.000 personas han regresado a Marruecos

Uno de los principales indicadores para evaluar la evolución de la crisis es el número de personas que han abandonado Ceuta con destino a Marruecos desde el inicio de los procedimientos de retorno.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comunicó el 10 de noviembre que el número total de retornos superaba las 16.100 personas desde el 10 de agosto. Se trata de una cifra que engloba diferentes modalidades de salida y que permite observar el alcance de las actuaciones desarrolladas durante estos meses.

En el balance detallado presentado ese mismo día por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se contabilizaban 15.671 retornos hasta el día anterior. De ellos, 14.942 correspondían a salidas voluntarias, 277 a expulsiones y 452 a devoluciones. La diferencia entre ambos balances responde a la distinta hora de actualización de los datos.

Este desglose resulta especialmente relevante porque no todas las salidas responden al mismo procedimiento jurídico. El retorno voluntario, la expulsión y la devolución son figuras administrativas diferentes y no deben confundirse a la hora de interpretar las estadísticas.

La evolución de estos datos también muestra que una parte importante de las personas que llegaron a la ciudad ha optado por regresar a su país de origen. Sin embargo, las salidas no han supuesto la desaparición inmediata de las necesidades de acogida, identificación y asistencia que todavía permanecen sobre el terreno.

La identificación de adultos y los procedimientos administrativos

El proceso de identificación constituye uno de los elementos centrales de la respuesta institucional. Desde el inicio de la crisis, las autoridades han tenido que determinar la identidad y las circunstancias personales de las personas localizadas en la ciudad, con el objetivo de establecer qué procedimiento corresponde aplicar en cada caso.

A fecha de 10 de noviembre, el balance gubernamental contabilizaba 6.569 adultos sometidos a identificación y triaje. Este procedimiento permite recopilar información individual y determinar si la persona debe incorporarse a un expediente de retorno, solicitar protección internacional o recibir otra respuesta conforme a la legislación vigente.

La complejidad de esta tarea no depende únicamente del número de personas que deben ser identificadas. Cada situación requiere comprobar los datos personales, estudiar las circunstancias particulares y garantizar las correspondientes garantías jurídicas.

En este contexto, la Administración debe diferenciar entre quienes pueden regresar a Marruecos, quienes han solicitado protección internacional y quienes tienen circunstancias que impiden aplicar una devolución inmediata. La existencia de una solicitud de asilo obliga a examinar las circunstancias del interesado y a resolver el procedimiento conforme a las garantías establecidas en la legislación.

El 10 de noviembre, el Gobierno informó de que ya se habían resuelto 1.500 expedientes relacionados con la protección internacional y que se habían registrado 849 desistimientos de solicitudes de asilo. Estos datos muestran que los procedimientos administrativos han comenzado a producir resultados, aunque no permiten afirmar que todos los expedientes abiertos estén resueltos ni que todas las personas pendientes de tramitación puedan ser localizadas.

La diferencia entre las personas identificadas, los expedientes iniciados y las resoluciones efectivamente adoptadas resulta fundamental para comprender la dimensión real del problema. Se trata de fases distintas de un procedimiento que requiere actuaciones administrativas, asistencia jurídica y, cuando corresponde, intervención de los servicios especializados.

El desmantelamiento de los campamentos del puerto

Uno de los cambios más importantes registrados durante la última semana ha sido el cierre de los dispositivos temporales habilitados en las instalaciones portuarias de Ceuta para atender a los adultos y menores que habían llegado durante la crisis.

El operativo comenzó el domingo 8 de noviembre con la desocupación del dispositivo de Poniente. En esa actuación, 370 adultos fueron trasladados a los centros de Loma Colmenar y Los Rosales, mientras que un centenar de menores fue trasladado al dispositivo de Levante.

A esos cien menores se sumaban otros 204 que también debían ser reubicados en los recursos disponibles en la ciudad autónoma. En total, 304 menores no acompañados permanecían en esos dispositivos estatales y su atención debía reorganizarse con la participación de las administraciones competentes.

Posteriormente, el lunes 9 de noviembre comenzó el traslado de las personas que permanecían en el dispositivo de Levante, donde pernoctaban alrededor de 800 personas. El objetivo era conducirlas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para iniciar los procedimientos de identificación, triaje, retorno o protección internacional que correspondieran.

Las actuaciones continuaron durante las primeras horas del martes 10 de noviembre, cuando se completó el traslado de las personas que todavía quedaban en el recinto.

Con esta operación, las dos parcelas portuarias quedaron desalojadas y se anunció el desmontaje de las instalaciones provisionales. El cierre de estos espacios representa un cambio en la organización de la respuesta a la crisis, pero no significa que hayan desaparecido las necesidades de alojamiento y atención.

De hecho, las personas que fueron trasladadas tuvieron que ser distribuidas entre otros recursos disponibles, mientras que los procedimientos administrativos continuaron desarrollándose.

Miles de menores siguen bajo el sistema de protección

La situación de los menores extranjeros no acompañados continúa siendo uno de los asuntos más delicados de la crisis migratoria de Ceuta.

El último balance oficial, correspondiente al 10 de noviembre, contabilizaba 3.668 menores en los recursos de la ciudad autónoma. Se trata de una cifra que refleja la importante presión que soporta el sistema de protección infantil y la necesidad de mantener una respuesta coordinada entre las distintas administraciones.

La atención a estos menores no puede abordarse mediante los mismos procedimientos aplicados a la población adulta. Su situación está sometida a garantías específicas de protección y cualquier decisión sobre su futuro debe tener en cuenta su interés superior, las circunstancias familiares y las posibilidades de reagrupación.

Durante los meses anteriores, el Gobierno había ido actualizando progresivamente los datos de filiación y atención de estos jóvenes. El 3 de noviembre, el balance oficial situaba en 3.650 los menores integrados en el sistema autonómico. Una semana después, la cifra ascendía a 3.668.

La identificación constituye solamente una parte del proceso. También es necesario determinar las circunstancias familiares de cada menor, comprobar si existen posibilidades de reagrupación y estudiar las alternativas de protección que contempla la legislación española.

En este sentido, las administraciones han trabajado con distintas fórmulas para reducir la presión sobre los recursos de Ceuta. Entre ellas se encuentran los traslados a la Península por reagrupación familiar y las reubicaciones en otras comunidades autónomas.

Los datos oficiales difundidos el 3 de noviembre contabilizaban 135 menores trasladados mediante reagrupación familiar y otros 181 reubicados en distintas comunidades autónomas al amparo del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Asimismo, se habían remitido 89 informes a Marruecos relacionados con los procedimientos de reagrupación familiar. La respuesta de las autoridades marroquíes constituye un elemento importante para determinar la evolución de estos expedientes.

La dimensión de esta situación explica por qué la gestión de los menores requiere una intervención prolongada. No basta con disponer de plazas de alojamiento: es necesario garantizar atención, protección, representación y una solución individualizada para cada caso.

La presión sobre los recursos de acogida

La capacidad de alojamiento ha sido otro de los grandes problemas a los que se ha enfrentado Ceuta desde finales de julio.

La llegada extraordinaria de personas obligó a habilitar espacios provisionales y ampliar los recursos estatales para evitar que los adultos permanecieran en la vía pública. A medida que avanzaron las semanas, se fueron incorporando nuevas plazas y reorganizando los dispositivos para distribuir a las personas identificadas.

El 23 de octubre, el ministro Ángel Víctor Torres había informado de la existencia de cerca de 8.000 plazas de acogida habilitadas, de las que aproximadamente 6.100 estaban ocupadas. En aquel momento, el balance de triajes de adultos alcanzaba los 5.400.

La situación había experimentado una evolución significativa cuando llegó el 10 de noviembre. El Gobierno informó entonces del desmantelamiento de los dos campamentos del puerto y del traslado de sus ocupantes a otros recursos.

En declaraciones realizadas ese día, Torres calculó que todavía quedaban alrededor de 5.000 adultos en los dispositivos estatales y unos 3.600 menores en el sistema de protección de Ceuta. También aseguró que quedaban ya muy pocas personas en las calles.

Estas cifras permiten distinguir entre las personas que permanecen en los recursos de acogida y aquellas que ya han abandonado la ciudad. También muestran que el cierre de los campamentos provisionales no equivale al final de la intervención pública, puesto que miles de personas continúan dependiendo de los dispositivos de atención.

La reorganización de las instalaciones constituye, por tanto, una fase de transición hacia un modelo de acogida menos condicionado por la emergencia inicial, aunque todavía sometido a una importante demanda de recursos humanos y materiales.

Una crisis que entra en una nueva fase

La evolución de la situación en Ceuta evidencia que la emergencia migratoria ha pasado de una primera etapa marcada por la llegada masiva y la habilitación urgente de alojamientos a otra en la que adquieren mayor protagonismo los procedimientos administrativos, la protección internacional y la búsqueda de soluciones para los menores.

El volumen de personas que han regresado a Marruecos demuestra que los mecanismos de retorno han tenido una actividad considerable. Sin embargo, el número de adultos que todavía permanecen en los dispositivos estatales y la cantidad de menores atendidos por la ciudad autónoma ponen de manifiesto que la respuesta institucional continúa siendo necesaria.

También queda pendiente el desarrollo de los expedientes individuales, especialmente aquellos relacionados con las solicitudes de protección internacional y las posibles reagrupaciones familiares. La resolución de estos procedimientos dependerá de las circunstancias de cada persona y de las garantías jurídicas que deben respetarse.

Por ahora, el desmantelamiento de los campamentos del puerto constituye uno de los principales hitos de esta nueva etapa. Ceuta ha conseguido reorganizar parte de los dispositivos habilitados durante la emergencia, pero continúa afrontando las consecuencias de una crisis que ha exigido la intervención coordinada de distintas administraciones.

La evolución de los próximos meses estará condicionada por la capacidad de completar los procedimientos administrativos, mantener los recursos de acogida y encontrar soluciones estables para los miles de menores y adultos que todavía permanecen en la ciudad autónoma.

La prioridad inmediata pasa por completar las actuaciones pendientes y garantizar que cada persona reciba una respuesta conforme a su situación administrativa y a la legislación vigente. La crisis ha entrado en una nueva fase, pero su resolución definitiva todavía depende de un trabajo administrativo, asistencial y de cooperación institucional que dista de haber terminado.

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