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Los agentes reclaman mejoras en sus pensiones, el reconocimiento de la profesión de riesgo y garantías legales para que los compromisos de Interior no queden pendientes tras las próximas elecciones.
En directoEN DIRECTO | Policías y guardias civiles se encierran en Interior por el conflicto sobre su jubilación
Las asociaciones policiales reclaman una pensión mínima de 39.659 euros anuales y mejoras retroactivas
Las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen sus reivindicaciones para mejorar las condiciones de jubilación de los agentes. Entre sus demandas figuran una pensión de 39.659,44 euros brutos anuales para el grupo C1, el reconocimiento de la profesión policial como actividad de riesgo a efectos de jubilación y la aplicación retroactiva de las posibles mejoras desde el 1 de enero de 2026. Estas cantidades y medidas forman parte de las reivindicaciones de las organizaciones y no constituyen un acuerdo aprobado por el Gobierno. La protesta y el encierro en la Secretaría de Estado de Seguridad buscan presionar para que las negociaciones con el Ministerio del Interior se traduzcan en compromisos concretos y garantías jurídicas.
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Interior había planteado mejoras en el cálculo de las pensiones, pero no hay acuerdo definitivo
En septiembre, la mesa de negociación abordó una propuesta para actualizar los haberes reguladores de varios grupos funcionariales. Las organizaciones comunicaron avances en el cálculo, especialmente para los grupos C1 y A2, aunque advirtieron de que aún quedaban cuestiones pendientes. La ruptura anunciada este martes impide presentar aquellas propuestas como mejoras ya aprobadas.
Las organizaciones quieren que las mejoras se aprueben antes de las elecciones
Los representantes de los agentes han insistido en la necesidad de que cualquier acuerdo quede respaldado jurídicamente y no dependa de futuras decisiones políticas. La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre añade presión a una negociación que no ha terminado con el acuerdo que reclamaban los sindicatos y las asociaciones profesionales.
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La jubilación anticipada y el importe de las pensiones, en el centro del conflicto
La negociación aborda distintas reivindicaciones, entre ellas la mejora del cálculo de las pensiones y la aplicación de mecanismos que permitan adelantar la jubilación. Las organizaciones también reclaman que las medidas tengan respaldo jurídico y contemplen a los agentes integrados tanto en Clases Pasivas como en el Régimen General de la Seguridad Social.
Nueve organizaciones policiales y de la Guardia Civil participan en la protesta
El encierro cuenta con representantes de nueve organizaciones: JUPOL, SUP y UFP, por parte de la Policía Nacional, y AUGC, JUCIL, ASESGC, APP, AEGC e Independientes de la Guardia Civil, según la información difundida sobre la movilización. Los convocantes han pedido a otros agentes destinados en Madrid que acudan a respaldar la protesta de forma pacífica.
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El encierro de policías y guardias civiles en Interior comienza tras romperse las negociaciones
Representantes de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han iniciado un encierro pacífico e indefinido en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid. La protesta llega después de que las organizaciones dieran por rotas las conversaciones sobre sus condiciones de jubilación y reclamaran compromisos concretos.
ÚLTIMA HORA | Policías nacionales y guardias civiles anuncian un encierro indefinido en Interior tras fracasar la negociación sobre su jubilación
Representantes sindicales de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han anunciado un encierro pacífico e indefinido en la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid, después de concluir sin acuerdo la reunión sobre las mejoras de jubilación. Reclaman avances concretos y garantías para que las medidas no queden bloqueadas por las elecciones generales del 29 de noviembre.
Policías nacionales y guardias civiles han protagonizado una protesta en dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad para reclamar avances concretos en sus condiciones de jubilación. La movilización se produce en plena negociación con el Ministerio del Interior, en un momento en el que los representantes de ambos cuerpos exigen que las mejoras prometidas se conviertan en compromisos jurídicamente vinculantes.
La reivindicación principal es conseguir una jubilación que tenga en cuenta las características y los riesgos de la actividad policial, además de corregir las diferencias que, según los sindicatos y asociaciones profesionales, existen en el tratamiento de sus pensiones respecto a otros cuerpos policiales.
La protesta coincide con una reunión prevista para este martes, 27 de octubre, con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil habían solicitado adelantar el encuentro para acelerar las negociaciones y evitar que la cuestión quede paralizada por el calendario político.
Una protesta para reclamar compromisos concretos
El encierro se enmarca en las movilizaciones impulsadas por organizaciones como JUPOL y JUCIL, junto con otros sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Sus representantes reclaman que el diálogo mantenido con Interior se traduzca en medidas efectivas y no se limite a propuestas pendientes de aprobación.
La principal preocupación de las organizaciones es que los avances negociados durante los últimos meses no lleguen a materializarse antes de las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.
Los representantes de los agentes quieren que cualquier acuerdo disponga de suficiente respaldo jurídico para que su aplicación no dependa exclusivamente de la voluntad del Gobierno de turno. Por ese motivo, defienden que las medidas se formalicen mediante una norma que permita garantizar su efectividad.
La protesta refleja el malestar de una parte de los representantes policiales ante la demora de una reivindicación que consideran histórica. No obstante, las posiciones de cada sindicato y asociación pueden variar en los detalles de las propuestas y en la valoración de los avances logrados durante las negociaciones.
La jubilación y las pensiones, en el centro de las reivindicaciones
Uno de los puntos fundamentales de la negociación es mejorar las condiciones económicas de los agentes cuando abandonan el servicio activo.
JUPOL y JUCIL han presentado una propuesta conjunta que incluye una pensión mínima de 39.659,44 euros brutos anuales para el grupo C1. También reclaman que determinados años cotizados en el grupo C2 se computen como pertenecientes al grupo C1 a efectos de jubilación.
La propuesta contempla, además, que las posibles mejoras tengan efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, de manera que puedan beneficiar también a quienes se hayan jubilado durante este año.
Otro de los objetivos es establecer un mecanismo de actualización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) y a los incrementos salariales. Las organizaciones plantean esta medida como una fórmula para evitar que los ingresos de los jubilados pierdan poder adquisitivo con el paso del tiempo.
Estas cantidades y condiciones forman parte de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones profesionales; no deben interpretarse como mejoras ya aprobadas por el Gobierno.
Reclaman el reconocimiento de la profesión de riesgo
El segundo gran eje de la protesta es el reconocimiento efectivo de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, una cuestión que las organizaciones vinculan directamente con las condiciones de jubilación.
Los representantes de los agentes sostienen que las particularidades de su trabajo, la exposición a situaciones peligrosas y las exigencias del servicio deben reflejarse en el sistema de protección social.
Entre las medidas que reclaman figura la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada en condiciones comparables a las de otros cuerpos policiales que ya cuentan con mecanismos específicos para reducir la edad de retiro.
La aplicación de coeficientes reductores permitiría, bajo las condiciones que establezca la normativa, adelantar la edad de jubilación sin que ello suponga necesariamente una penalización económica equivalente a la que se aplicaría en otros supuestos.
Sin embargo, la concreción de estas medidas requiere resolver cuestiones técnicas y jurídicas, así como determinar cómo se financiarían y a qué colectivos afectarían. Por ello, los sindicatos y asociaciones reclaman un calendario definido y garantías de que las negociaciones llegarán a una solución efectiva.
La propuesta económica que está sobre la mesa
Las conversaciones entre Interior y los representantes policiales ya habían registrado avances en reuniones anteriores. En septiembre, la Administración presentó una propuesta para mejorar los haberes reguladores utilizados en el cálculo de determinadas pensiones de jubilación.
Según la información difundida por asociaciones profesionales, la propuesta contemplaba una mejora para el grupo C1 y cambios en las cuantías correspondientes a otros grupos. No obstante, quedaron cuestiones pendientes de resolver, entre ellas el cómputo de determinados periodos de cotización, las condiciones para alcanzar el 100% de la pensión y la aplicación efectiva de los mecanismos vinculados a la profesión de riesgo.
Las organizaciones consideran que esos avances todavía no responden a todas sus demandas. Por ello, reclaman que la reunión de octubre permita concretar las medidas y establecer cómo se llevarían a la práctica.
El objetivo no es únicamente acordar una cifra de referencia para las pensiones. También se trata de definir quiénes podrían beneficiarse de las mejoras, desde cuándo se aplicarían y qué instrumento normativo garantizaría su cumplimiento.
El adelanto electoral aumenta la presión sobre Interior
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha añadido urgencia a las negociaciones. Las organizaciones policiales temen que el cambio de calendario político pueda dejar sin culminar el trabajo realizado durante los últimos meses.
Por ese motivo, varios sindicatos y asociaciones han solicitado que las medidas queden aprobadas y publicadas oficialmente antes de los comicios. JUPOL y JUCIL defienden que un real decreto-ley podría proporcionar una vía para dotar de respaldo jurídico a los compromisos, aunque su aprobación dependería de las decisiones del Ejecutivo y de los procedimientos parlamentarios correspondientes.
La cuestión tiene una dimensión práctica para los agentes que se encuentran próximos a la jubilación y para quienes ya han abandonado el servicio activo durante 2026. Si finalmente se aprobasen mejoras con efectos retroactivos, habría que determinar cómo se aplicarían y qué personas tendrían derecho a ellas.
Por ahora, las propuestas de las organizaciones no equivalen a una reforma aprobada. El resultado dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse con la Administración y de la posterior tramitación legal.
Una negociación que sigue pendiente de resolución
La protesta pone de manifiesto la distancia que todavía existe entre las reivindicaciones de los representantes policiales y la aprobación definitiva de las medidas que solicitan.
Los agentes reclaman mejoras económicas, condiciones de jubilación adaptadas a las características de su trabajo y garantías para que los compromisos no queden sujetos a futuros cambios políticos.
La reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad representa un nuevo paso en las conversaciones, pero el alcance de cualquier avance deberá valorarse a partir de los acuerdos concretos que se anuncien y de su respaldo jurídico.
Hasta que se aprueben las correspondientes medidas, las cuantías propuestas, la retroactividad y los posibles cambios en la edad de jubilación seguirán siendo reivindicaciones pendientes.
El encierro de policías nacionales y guardias civiles busca precisamente aumentar la presión para que la negociación concluya con compromisos verificables y una solución que pueda aplicarse de forma efectiva a los integrantes de ambos cuerpos.
