La magistrada instructora, Susana Polo, ofrece la declaración voluntaria de forma telemática tanto al expresidente como al diputado catalán Rubén Wagensberg, entre los días 17 y 21 de junio
El Tribunal Supremo ha citado a declarar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como investigado por presuntos delitos de terrorismo en el caso ‘Tsunami’. Así lo ha concordado la magistrada del Supremo Susana Polo. Se ha pedido al candidato de Junts a las elecciones catalanas una declaración de forma voluntaria por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio. En caso de que no comparezca, la magistrada tendría que pedir un suplicatorio, pero como la citación está prevista para junio todo depende de las elecciones catalanas y de las europeas.
La Justicia ha citado al expresidente catalán sin necesidad de abrir un proceso de búsqueda y captura internacional en caso de que no hubieran querido hacerlo de forma presencial. Puigdemont se ha trasladado a vivir al sur de Francia para preparar las elecciones catalanas del 12 de mayo. Dejó Waterloo, Bélgica, para instalarse en la ‘Catalunya Nord’, región con lazos históricos y lingüísticos con Cataluña.
Desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Justicia siguen la línea del juez Manuel García Castellón. Ha pedido la apertura de diligencias por terrorismo contra el expresidente Carles Puigdemont y el diputado catalán Rubén Wagensberg. Como es una declaración voluntaria no hace falta cursar suplicatorio a las Cámaras a las que ambos pertenecen.
García Castellón considera que los hechos atribuibles a la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ se ubicaban en el delito del terrorismo. La cita se produce en contra del criterio de la Fiscalía. La teniente fiscal del Supremo pidió hace unos días al Alto Tribunal que devuelva a la Audiencia Nacional la causa de ‘Tsunami Democràtic’ al no encontrar suficientes indicios de criminalidad.
Los magistrados del TS se apoyan en la tesis de que «no es necesario que el autor pertenezca o forme parte de una organización o grupo terrorista» sino que, aunque sea de forma individual, si comete alguna de las acciones previstas en el Código Penal «será autor o partícipe de un delito de terrorismo».
Cuando Carles Puigdemont fue imputado, denunció en redes la decisión del Supremo: «El mismo día en que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000€, me imputan por terrorista. Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad dañe una buena imputación».
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El expresidente de la Generalitat es la ‘bala de plata’ de unos posconvergentes que ven como el PSC de Salvador Illa crece en las encuestas de cara al 12 de mayo. Puigdemont tiene como objetivo en caso de victoria estar presente en la sesión de investidura en el Parlament, pendiente de la aplicación de la Ley de Amnistía pactada con el Gobierno.
En Junts censuran la decisión del Supremo y piden no confundir derecho de manifestación con terrorismo. Su portavoz, Josep Rius acusó al Supremo bajar «a la arena política para intentar interferir en la voluntad del legislador». «Luego son ellos los que piden respeto por la separación de poderes», agregó.
Además, en el marco de la citación, la jueza ha cursado una orden europea de investigación para que se averigüe el paradero y domicilio de ambos investigados para poder celebrar sus respectivas declaraciones.
