martes, 17 de noviembre de 2026
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«El Banco Malo» solicita reactivar el desalojo de cuatro familias en Torremolinos que quedaron fuera de un acuerdo de alquiler social

«El Banco Malo» solicita reactivar el desalojo de cuatro familias en Torremolinos que quedaron fuera de un acuerdo de alquiler social
La Sareb pide desalojar a cuatro familias de Torremolinos
Tiempo de lectura: 4 min
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Cuatro familias del barrio de El Calvario, en Torremolinos (Málaga), vuelven a enfrentarse a la posibilidad de perder sus viviendas después de que la Sareb haya pedido al juzgado que señale fecha para ejecutar los desalojos. Los hogares quedaron fuera del acuerdo que permitió a otras 21 familias del mismo edificio permanecer en sus casas mediante alquileres sociales.

La Sareb reclama que se señale fecha para los desalojos

La petición fue presentada ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 2 de Torremolinos. La entidad solicitó que se fijara día y hora para recuperar cuatro viviendas y 35 plazas de garaje de un bloque residencial situado en el barrio de El Calvario.

El escrito se registró el 5 de octubre de 2026, aunque el documento llevaba fecha de febrero. Por el momento, el juzgado no había señalado ninguna fecha para ejecutar los lanzamientos, por lo que las familias no tienen todavía un día de desalojo confirmado.

La Sareb justifica su solicitud alegando una supuesta falta de colaboración de los afectados, al considerar que no habrían acreditado ante la Administración su situación de vulnerabilidad económica y social.

La entidad, conocida como el banco malo, fue creada en 2012 para gestionar activos inmobiliarios procedentes de la crisis financiera y actualmente cuenta con una participación del Estado del 51%.

Otras 21 familias consiguieron permanecer en el edificio

El conflicto viene de años atrás. La Sareb tomó el control del inmueble después de que la promotora que lo había desarrollado dejara de pagar el préstamo hipotecario concedido para su construcción.

El procedimiento de ejecución hipotecaria se encuentra abierto desde 2018. Durante su tramitación, un juzgado declaró nulos los contratos de alquiler originales.

Hace aproximadamente un año y medio, el Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado por la alcaldesa Margarita del Cid, intervino para intentar encontrar una solución para los residentes. Aquella mediación permitió que 21 familias consideradas vulnerables firmaran contratos de alquiler social y pudieran continuar en sus viviendas.

Las rentas acordadas oscilaron entre los 105 y los 600 euros mensuales, en función de cada situación.

Sin embargo, la solución no llegó a todos los vecinos. De los 23 casos gestionados por el Consistorio, dos personas rechazaron las propuestas por las condiciones económicas, relacionadas con la fianza y la renta. Además, otros cuatro inquilinos quedaron fuera de los acuerdos por distintos motivos. Son precisamente estas cuatro viviendas las que ahora vuelven a estar en el centro del procedimiento judicial.

Qué protección ofrece actualmente la legislación contra los desahucios

La situación se produce en medio de los cambios legislativos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a las personas vulnerables sin alternativa habitacional.

El Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre y posteriormente convalidado, contempla la suspensión de determinados procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando concurran las condiciones previstas en la norma.

Entre los supuestos regulados se encuentran los procedimientos promovidos por entidades dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados en las condiciones descritas por la ley. Si las personas afectadas acreditan vulnerabilidad y carecen de una alternativa habitacional, el tribunal debe suspender el procedimiento, incluso aunque ya exista una resolución judicial que haya acordado el lanzamiento, siempre que todavía no se haya ejecutado.

La aplicación de esta protección depende de que se cumplan los requisitos legales y de que la situación de vulnerabilidad quede acreditada. Por tanto, la petición de la Sareb no significa que los desalojos vayan a producirse automáticamente, ni que las familias hayan perdido ya cualquier posibilidad de acogerse a las medidas de protección.

Cuatro familias pendientes de una decisión judicial

El futuro de los cuatro hogares dependerá ahora de la evolución del procedimiento y de las circunstancias que puedan acreditar ante el juzgado y los servicios competentes.

La diferencia con las otras 21 familias del bloque es que estas últimas consiguieron cerrar acuerdos de alquiler social mediante la mediación municipal, mientras que los cuatro hogares afectados por la nueva petición no llegaron a incorporarse a esas soluciones.

Por ahora, no existe una fecha de lanzamiento fijada. La solicitud de la Sareb vuelve a situar a estas familias ante la incertidumbre de perder sus viviendas, en un contexto en el que el acceso a una alternativa habitacional continúa siendo uno de los principales problemas sociales en la provincia de Málaga.

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