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El alto tribunal considera que no existen elementos suficientes para abrir ahora una causa penal contra el presidente del Gobierno y varios ministros.
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La decisión también afecta a las denuncias presentadas por Manos Limpias y dos particulares, aunque no cierra la puerta a futuras actuaciones si aparecen nuevos indicios.
El Tribunal Supremo ha rechazado investigar penalmente a Pedro Sánchez por su presunta responsabilidad en la crisis migratoria de Ceuta, después de archivar la querella presentada por Vox y varias denuncias relacionadas con los mismos acontecimientos.
La Sala de lo Penal considera que los escritos presentados no aportan elementos suficientes para dirigir un procedimiento contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo. Entre los responsables señalados figuraban también los titulares de Interior, Defensa y Sanidad.
Las acciones judiciales atribuían a los dirigentes políticos posibles delitos de prevaricación administrativa y dejación de funciones por su actuación durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta.
El Supremo no encuentra indicios suficientes contra Sánchez y sus ministros
En su resolución, los magistrados consideran que la documentación aportada justifica examinar lo sucedido, pero no permite atribuir responsabilidades penales concretas a las personas aforadas denunciadas.
El tribunal recuerda que no basta con señalar la posición jerárquica de un responsable político o su conocimiento de una situación de riesgo. Para iniciar una investigación penal es necesario concretar qué actuación u omisión se atribuye individualmente a cada persona y qué indicios respaldan esa acusación.
Además de la querella de Vox, el Supremo ha archivado tres denuncias presentadas por la organización Manos Limpias y otras dos formuladas por particulares.
La resolución supone un revés judicial para quienes pretendían que el presidente del Gobierno y varios ministros fueran investigados directamente por estos hechos.
El archivo no significa que los hechos estén definitivamente descartados
Uno de los aspectos más importantes de la decisión es que el Supremo aclara que el archivo no constituye una declaración definitiva de que los hechos denunciados no puedan ser delito.
Tampoco descarta por completo que alguno de los responsables políticos pueda llegar a tener responsabilidad penal si aparecen nuevos elementos durante la investigación judicial.
Los magistrados explican que, si se obtienen datos objetivos que permitan identificar una participación penalmente relevante de alguna persona aforada, la jueza que instruye el procedimiento deberá remitir al Supremo una exposición razonada.
Será entonces el alto tribunal quien valore si debe asumir la competencia y abrir una investigación contra esa persona.
La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación de la crisis de Ceuta
Mientras el Supremo archiva estas acciones judiciales, la investigación general sobre los acontecimientos de Ceuta continúa en la Audiencia Nacional.
La magistrada María Tardón trabaja para esclarecer las circunstancias de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos y determinar si existió una actuación organizada, así como si las autoridades pudieron tener alguna responsabilidad en lo sucedido.
La causa busca aclarar qué ocurrió durante aquellos acontecimientos y si existen indicios de posibles delitos que deban ser investigados.
Por tanto, el archivo de las denuncias contra Sánchez no supone el cierre de toda la investigación judicial relacionada con la crisis fronteriza.
Un nuevo revés judicial para Vox y Manos Limpias
La decisión del Supremo supone que, por ahora, ni Vox ni Manos Limpias han conseguido que se abra una causa penal directa contra Pedro Sánchez y los ministros señalados por la gestión de la crisis de Ceuta.
El tribunal insiste en que las responsabilidades penales deben apoyarse en indicios concretos y en conductas individualizadas, no únicamente en la responsabilidad política o institucional de quienes ocupaban determinados cargos.
La investigación que continúa en la Audiencia Nacional será determinante para saber si aparecen nuevas pruebas que permitan avanzar hacia posibles responsabilidades individuales.
