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La Audiencia Nacional escucha a tres ciudadanos marroquíes que participaron en la entrada masiva de julio, mientras el Tribunal Supremo da diez días al Gobierno para responder a las reclamaciones de la ciudad autónoma.
La crisis migratoria que atraviesa Ceuta continúa abierta tres meses después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada los días 30 y 31 de julio. Este jueves, la investigación judicial suma nuevas declaraciones mientras sigue el enfrentamiento institucional por la gestión de la emergencia y la atención a quienes permanecen en la ciudad.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a tres ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera durante aquellos días y que han solicitado comparecer voluntariamente después de declarar previamente ante la Policía Nacional. Sus testimonios pueden aportar información sobre las circunstancias de la entrada y sobre lo que ocurrió en la frontera durante las jornadas de mayor presión migratoria.
La investigación trata de reconstruir los acontecimientos y determinar si hubo actuaciones u omisiones relevantes por parte de las autoridades españolas o marroquíes. Las posibles responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas y las diligencias judiciales, sin dar por acreditadas las acusaciones que todavía están siendo examinadas.
La investigación apunta a la actuación de agentes marroquíes
Una de las líneas de investigación se centra en el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada masiva. En las últimas comparecencias, responsables del Gobierno de Ceuta han descrito una supuesta falta de intervención de los agentes del país vecino mientras miles de personas cruzaban hacia territorio español.
Además, un informe policial incorporado a las diligencias recoge imágenes en las que, según los investigadores, aparecerían agentes marroquíes dando indicaciones a migrantes durante aquellos días. El documento identifica a una veintena de personas que podrían haber facilitado el paso, aunque la eventual responsabilidad individual deberá aclararse dentro del procedimiento.
La magistrada también ha solicitado al Gobierno que desclasifique nuevos documentos del Centro Nacional de Inteligencia relacionados con la crisis. El plazo fijado para entregar la documentación solicitada es de 15 días naturales. La información podría ayudar a reconstruir qué conocían las autoridades antes de los acontecimientos y cómo se preparó la respuesta española.
Las declaraciones de esta semana se suman a las realizadas por mandos policiales, responsables de la Guardia Civil y representantes del Ejecutivo ceutí. El objetivo es contrastar las distintas versiones y reunir información suficiente para esclarecer cómo se desarrolló una de las mayores entradas migratorias registradas en la ciudad.
El Tribunal Supremo da diez días al Gobierno para responder
En paralelo a la investigación penal, el conflicto entre Ceuta y el Ejecutivo central ha llegado al Tribunal Supremo. El Gobierno de la ciudad autónoma ha solicitado la intervención de la Justicia ante lo que considera una respuesta insuficiente del Estado para gestionar las consecuencias de la entrada masiva.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado adoptar medidas cautelarísimas sin escuchar previamente a la Administración central. En su lugar, ha concedido al Gobierno un plazo máximo de diez días para presentar sus alegaciones.
La decisión no supone un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del conflicto ni determina si el Ejecutivo ha incumplido sus obligaciones. El procedimiento continuará con el análisis de los argumentos de ambas partes antes de que pueda adoptarse una resolución sobre las reclamaciones planteadas.
El Gobierno de Ceuta sostiene que la situación continúa lejos de la normalidad y reclama más recursos para atender a las personas que permanecen fuera de los dispositivos de acogida. El Ejecutivo central, por su parte, defiende que ha puesto en marcha medidas para gestionar los retornos y habilitar espacios de atención.
Más de 12.700 retornos a Marruecos desde agosto
Los datos trasladados por el Gobierno central a las autoridades ceutíes sitúan en 12.700 el número de personas que han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto. El Ejecutivo también afirma haber habilitado espacios de acogida con capacidad para unas 7.600 personas y haber actuado sobre los asentamientos instalados en las playas.
Estas cifras forman parte del balance oficial de las medidas desplegadas para afrontar la emergencia. Sin embargo, el Gobierno de Ceuta considera que los recursos y las actuaciones realizados hasta ahora no resuelven todas las necesidades de la ciudad.
La presencia de personas en espacios públicos y asentamientos improvisados continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. A ello se suman las dificultades para organizar la atención, gestionar los procedimientos administrativos y responder a las necesidades de los menores y de quienes carecen de alojamiento.
La evolución de la situación dependerá tanto de las medidas que adopten las administraciones como de la cooperación entre España y Marruecos. Los retornos comunicados por el Ejecutivo representan una parte de la respuesta, pero el debate sigue abierto sobre la capacidad de acogida, los recursos disponibles y la gestión de las personas que permanecen en Ceuta.
Una crisis que sigue sin resolverse
A las consecuencias humanitarias y administrativas se añade la tensión política entre el Gobierno central y el Ejecutivo local. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado una mayor implicación del Estado y ha acudido a los tribunales para exigir una respuesta que considera necesaria para recuperar la normalidad.
La investigación de la Audiencia Nacional y el procedimiento ante el Tribunal Supremo avanzan por vías diferentes: el primero busca esclarecer las circunstancias de la entrada masiva y las posibles responsabilidades penales; el segundo examina las reclamaciones relacionadas con la actuación de la Administración.
Las declaraciones previstas para este jueves podrían aportar nuevos elementos a la investigación, aunque su alcance dependerá de la información que faciliten los comparecientes y de cómo pueda contrastarse con el resto de las pruebas.
Mientras tanto, Ceuta continúa pendiente de las decisiones judiciales y de las medidas que adopten las administraciones para gestionar una crisis que, tres meses después de los hechos, sigue teniendo consecuencias en la vida cotidiana de la ciudad.
