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La investigación judicial sobre los presuntos malos tratos a menores en la escuela infantil Pecas, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), continúa ampliándose.
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La jueza que instruye el caso ha elevado a nueve el número de personas investigadas, entre ellas dos directoras del centro y siete educadoras que trabajaron en sus instalaciones.
La causa trata de esclarecer las presuntas agresiones físicas, humillaciones y conductas vejatorias que habrían sufrido niños de muy corta edad durante su estancia en esta escuela infantil. Los hechos investigados afectan a menores de hasta tres años y han provocado una importante preocupación entre las familias, que llevan años reclamando que se esclarezca lo sucedido.
La ampliación de la investigación se produce después de que las acusaciones particulares, que representan a los padres de los niños, hayan comunicado al juzgado la identificación de más de 1.800 episodios que consideran presuntamente agresivos o denigrantes. Las secuencias proceden del análisis de aproximadamente dos meses de grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.
No obstante, el número de episodios señalados por las familias no equivale a otras tantas agresiones acreditadas judicialmente. La Fiscalía ha solicitado que se delimiten los hechos objeto de investigación para concretar las conductas que se atribuyen a cada persona y garantizar el derecho de defensa de las investigadas.
Nueve personas investigadas: dos directoras y siete educadoras
La decisión de la jueza supone ampliar de siete a nueve el número de personas investigadas en el procedimiento. Entre ellas figuran dos directoras de la escuela infantil y siete educadoras que desempeñaron su trabajo en el centro.
La investigación pretende determinar qué ocurrió durante el cuidado diario de los menores, quiénes pudieron participar en los comportamientos denunciados y si existieron actuaciones que puedan constituir delitos.
La ampliación llega después de que las acusaciones particulares hayan seguido examinando las imágenes de seguridad y presentado nuevos escritos ante el juzgado. Los abogados de las familias sostienen que en las grabaciones aparecen numerosas situaciones que consideran incompatibles con el trato y la atención que deben recibir los niños en un centro educativo de estas características.
La incorporación de nuevas personas a la causa no significa que exista una condena ni que se haya determinado la responsabilidad penal de todas ellas. Su condición de investigadas implica que el procedimiento continúa para esclarecer los hechos y concretar la posible participación de cada una.
Más de 1.800 episodios señalados por las familias
Uno de los aspectos que ha vuelto a situar el caso en el centro de la actualidad es el volumen de secuencias que las acusaciones particulares aseguran haber localizado en las grabaciones.
Tras revisar aproximadamente dos meses de imágenes, los representantes legales de las familias afirman haber identificado más de 1.800 episodios de presuntas agresiones y actos que consideran denigrantes para los menores.
Entre las conductas descritas figuran supuestos golpes, zarandeos y movimientos bruscos durante el cuidado de los pequeños. También se han señalado prácticas relacionadas con la higiene y la atención cotidiana que las familias consideran vejatorias.
Entre los ejemplos comunicados por las acusaciones aparecen situaciones en las que, presuntamente, algunos chupetes habrían sido arrojados al suelo antes de volver a entregárselos a los niños, así como prácticas de higiene que los abogados consideran inadecuadas, entre ellas el uso de elementos sucios durante el aseo.
Los letrados han presentado nuevos escritos para poner estas secuencias en conocimiento del juzgado y solicitar que sean valoradas dentro del procedimiento.
Es importante distinguir entre el número de episodios identificados por las acusaciones y los hechos que finalmente puedan quedar acreditados. Será la instrucción judicial la que determine cuáles deben incorporarse a la causa y qué responsabilidad, si la hubiera, corresponde a cada una de las personas investigadas.
La Fiscalía pide limitar a 110 los hechos investigados
La cantidad de episodios comunicados por las familias contrasta con la posición de la Fiscalía, que ha solicitado que se delimiten a 110 los hechos objeto de investigación.
El Ministerio Público considera necesario concretar las conductas que se atribuyen a cada investigada y establecer cuáles son las posibles víctimas relacionadas con cada episodio. El objetivo es evitar que el procedimiento se convierta en una enumeración general de hechos sin una atribución suficientemente individualizada.
Esta petición se enmarca en las garantías procesales que deben respetarse durante una investigación penal. Las personas investigadas tienen derecho a conocer qué hechos se les atribuyen y a poder defenderse de manera concreta frente a las acusaciones.
Anteriormente, la jueza ya había ampliado hasta aproximadamente 350 el número de episodios incluidos en la investigación. Una de las defensas recurrió aquella decisión y la Fiscalía se adhirió posteriormente al recurso.
Mientras se resuelven estas cuestiones, las acusaciones particulares han continuado revisando las grabaciones y aportando nuevas secuencias que, a su juicio, podrían tener relevancia penal.
La discrepancia sobre el número de hechos que deben investigarse refleja la complejidad de una causa en la que se examinan numerosas grabaciones, diferentes situaciones y la posible participación de varias trabajadoras.
Una trabajadora en prácticas destapó el caso
El origen de la investigación se encuentra en la denuncia presentada por una trabajadora en prácticas de la escuela infantil. La joven alertó de los presuntos malos tratos que, según su denuncia, se producían en las instalaciones y aportó grabaciones realizadas de forma clandestina.
A partir de esa denuncia, la Policía Nacional inició las pesquisas y analizó tanto los vídeos aportados por la trabajadora como las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del centro.
El material audiovisual permitió investigar diferentes situaciones en las que los menores habrían recibido un trato presuntamente inadecuado por parte de algunas cuidadoras.
Entre las conductas que aparecen descritas en el procedimiento figuran supuestos zarandeos, humillaciones, actuaciones bruscas y episodios en los que los niños no habrían recibido la atención necesaria.
La investigación fue avanzando a medida que se incorporaban nuevas pruebas y se identificaba a las personas que podían haber intervenido en los hechos. La causa ha ido ampliándose desde sus primeras actuaciones hasta alcanzar ahora a nueve personas investigadas.
La Justicia ya avaló la validez de las grabaciones
El material audiovisual ha tenido un papel fundamental desde el comienzo del procedimiento. En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la validez de las grabaciones y ratificó la orden de alejamiento de dos de las trabajadoras respecto al centro infantil.
Los magistrados consideraron que las imágenes permitían identificar a las empleadas y apreciar actuaciones presuntamente bruscas con los menores, especialmente durante el momento de la siesta.
Entre las escenas examinadas figuraban situaciones en las que algunas cuidadoras supuestamente empujaban a los pequeños contra las colchonetas, les presionaban la cabeza o los cubrían con sábanas, incluso por encima de ella.
La decisión judicial de 2024 fue relevante para el desarrollo de la investigación, ya que permitió mantener la validez de unas pruebas cuya utilización había sido cuestionada por las defensas.
La causa contempla posibles delitos de trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro, entre otras posibles infracciones penales. La calificación definitiva dependerá de los hechos que puedan acreditarse y de las decisiones que se adopten durante la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio.
Veintiún menores figuran como posibles víctimas
En el procedimiento judicial aparecen 21 menores, de hasta tres años, como posibles víctimas de los hechos denunciados.
Se trata de niños que asistieron al centro durante el periodo investigado y cuyas familias se han visto afectadas por las sospechas sobre el trato que habrían recibido durante su estancia en la escuela infantil.
La corta edad de los pequeños añade especial sensibilidad al caso. Los menores dependían de las personas responsables de su cuidado para actividades tan básicas como la alimentación, la higiene, el descanso y la atención durante la jornada.
Las familias han tenido que afrontar un procedimiento judicial prolongado, en el que la revisión de las grabaciones y la identificación de los episodios denunciados han ido incorporando nuevas actuaciones.
La investigación deberá determinar qué ocurrió en cada una de las situaciones señaladas, si existieron comportamientos constitutivos de delito y quiénes fueron responsables de ellos, en caso de que se acrediten.
La escuela infantil Pecas cerró en febrero de 2024
La escuela infantil Pecas dejó de funcionar en febrero de 2024, después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón detectara irregularidades urbanísticas y la existencia de construcciones destinadas a impartir clases sin la correspondiente licencia.
El cierre del establecimiento se produjo mientras el caso de los presuntos malos tratos ya estaba siendo investigado por las autoridades.
La situación administrativa del centro y la investigación penal son cuestiones diferentes. Por un lado, el Ayuntamiento intervino por las irregularidades relacionadas con las instalaciones; por otro, la Justicia continúa investigando el posible trato dispensado a los menores durante su estancia en la escuela infantil.
Desde entonces, el procedimiento ha seguido avanzando con el análisis de las grabaciones, la incorporación de nuevas pruebas y la identificación de las personas que podrían tener relación con los hechos denunciados.
Una investigación que todavía debe esclarecer las responsabilidades
La ampliación a nueve personas investigadas supone un nuevo avance en una causa que se inició tras la denuncia de una trabajadora en prácticas y que ha ido adquiriendo mayor dimensión a medida que se han examinado las imágenes del centro.
Las familias sostienen que las grabaciones contienen más de 1.800 episodios de presuntas agresiones y conductas denigrantes. La Fiscalía, por su parte, considera necesario acotar los hechos que deben formar parte de la instrucción para que las responsabilidades puedan atribuirse de manera individualizada.
Por ahora, la investigación no ha concluido y no existe una resolución judicial que declare culpables a las personas investigadas. La jueza deberá determinar qué episodios cuentan con indicios suficientes, qué participación pudo tener cada una de las trabajadoras y si los hechos constituyen delitos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los mecanismos de supervisión y control en los centros de atención infantil, especialmente cuando se trata de menores que, por su edad, dependen completamente de los adultos responsables de su cuidado.
La prioridad del procedimiento es esclarecer lo sucedido y garantizar que las posibles responsabilidades se determinen con todas las garantías judiciales, tanto para las familias afectadas como para las personas investigadas.
