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La jueza ha procesado a cinco antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía por su presunta responsabilidad en la gestión irregular de 1,8 millones de euros destinados a ayudas para extrabajadores de Delphi.
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La investigación sostiene que se utilizó la Fundación Faffe para canalizar el dinero público sin seguir los procedimientos legales y que las ayudas individuales que supuestamente justificaban los pagos nunca llegaron a ser solicitadas ni aprobadas.
La causa se centra en una operación realizada en 2009, cuando la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) transfirió a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) un total de 1.823.611,63 euros. El dinero estaba relacionado con las medidas de apoyo a los antiguos trabajadores de la fábrica de Delphi, que había cerrado sus instalaciones en Puerto Real (Cádiz) en 2007 y dejado sin empleo a cerca de 1.600 personas.
La magistrada Pilar Ordóñez, titular de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ha dado por concluida la investigación y atribuye a los cinco procesados presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La decisión supone un nuevo avance judicial en las investigaciones sobre la gestión de fondos públicos durante los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. No obstante, el procesamiento no equivale a una condena: los investigados tendrán que responder de las acusaciones en las siguientes fases del procedimiento.
Los cinco antiguos cargos socialistas procesados
Entre los procesados se encuentra Martín Soler Márquez, que fue consejero de Innovación entre 2009 y 2010 y presidente de la Agencia IDEA. Junto a él figuran otros cuatro antiguos responsables de la Administración y de la fundación implicada en la operación.
La lista de procesados incluye a:
- Martín Soler Márquez, exconsejero de Innovación y expresidente de la Agencia IDEA.
- Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación.
- Jacinto Cañete Rolloso, antiguo director general de la Agencia IDEA.
- Antonio Diz-Lois Ruiz, exdirector financiero de la Agencia IDEA.
- Fernando Villén Rueda, exdirector general de la Fundación Faffe y antiguo secretario de Empleo del PSOE andaluz.
La instructora considera que los responsables intervinieron en una operación que permitió transferir fondos públicos sin respetar los controles administrativos y económicos que debían garantizar su legalidad.
La Faffe, utilizada para canalizar 1,8 millones de euros
El origen de la operación se sitúa en un convenio firmado el 24 de julio de 2009 entre la Agencia IDEA y la Fundación Faffe. Lo suscribieron Jacinto Cañete, como director general de la agencia, y Fernando Villén, al frente de la fundación.
Pocos días después, el 4 de agosto, la Agencia IDEA emitió un cheque de 1.750.000 euros como entrega a cuenta. El conjunto de las transferencias investigadas ascendió finalmente a 1.823.611,63 euros.
Según la interpretación de la jueza, la fundación habría sido utilizada como intermediaria para ocultar el origen y la finalidad real de los pagos. La magistrada sostiene que esta fórmula permitió evitar los controles que habrían sido necesarios si el expediente se hubiera tramitado directamente por los órganos competentes.
La investigación pone el foco en los límites económicos establecidos para la autorización de gastos dentro de la Agencia IDEA. Su normativa impedía que el director general comprometiera por sí solo cantidades iguales o superiores a 450.000 euros. Para importes comprendidos entre esa cifra y 1,2 millones era necesario el visto bueno del consejo rector, mientras que las operaciones que superasen esa cantidad debían llegar al Consejo de Gobierno.
La jueza considera que el convenio y sus posteriores modificaciones no pasaron por esos órganos de control. En el auto sostiene que la omisión se habría producido con conocimiento y consentimiento de otros responsables de la entidad.
Las ayudas a los extrabajadores que, según la jueza, nunca se solicitaron
Uno de los elementos centrales de la investigación es que las ayudas individuales que supuestamente justificaban parte de los pagos no habrían sido solicitadas por ningún trabajador ni sindicato.
Según recoge la resolución judicial, esas prestaciones tampoco fueron gestionadas ni aprobadas por las consejerías de Innovación y Empleo ni por la propia Agencia IDEA.
La instructora señala que, para justificar las diferencias entre lo establecido inicialmente en el convenio y las cantidades transferidas, los responsables suscribieron una adenda que volvía a recoger la existencia de ayudas individuales previas. La magistrada considera que esa referencia no se correspondía con la realidad.
La investigación entiende que la operación se articuló sin la cobertura administrativa necesaria y que se habría utilizado documentación para dar apariencia de legalidad a unos pagos que no habían seguido los procedimientos establecidos.
Estas circunstancias sustentan la atribución de los presuntos delitos de prevaricación y malversación a los cinco antiguos cargos.
El origen del caso: el cierre de Delphi en la Bahía de Cádiz
El contexto de las ayudas se remonta a 2007, cuando la multinacional Delphi cerró su fábrica de Puerto Real, una decisión que dejó sin empleo a cerca de 1.600 trabajadores y tuvo un fuerte impacto económico y social en la Bahía de Cádiz.
El 4 de julio de ese año, la Junta de Andalucía firmó un protocolo con los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO para establecer compromisos económicos, laborales y formativos dirigidos a los afectados por el cierre.
Posteriormente, durante 2008 y 2009, las consejerías de Empleo e Innovación acordaron que esta última asumiera el coste de prorrogar determinadas prestaciones para los extrabajadores, que ya percibían el subsidio por desempleo.
La jueza sostiene que los responsables conocían que conceder prestaciones complementarias a las del desempleo carecía de cobertura legal, al no haber sido acordadas por la Administración del Estado.
El procedimiento judicial trata de determinar ahora las responsabilidades penales derivadas de aquella gestión y el destino de los fondos transferidos.
Fernando Villén ya fue condenado en otra causa
Uno de los nombres que aparece en esta investigación, Fernando Villén, ya fue condenado en un procedimiento judicial diferente relacionado con la gestión de la Fundación Faffe.
En aquella causa recibió una pena de cinco años de prisión por gastar 32.556 euros de fondos públicos en prostíbulos utilizando tarjetas bancarias de la fundación.
Esa condena corresponde a hechos distintos de los que se investigan ahora y no supone que los otros cuatro procesados hayan sido declarados culpables en este procedimiento.
La nueva causa sobre las ayudas vinculadas a Delphi deberá continuar su recorrido judicial para determinar si las actuaciones atribuidas a los cinco antiguos cargos constituyen los delitos que señala la instructora.
