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La Junta de Andalucía prepara un refuerzo de la vigilancia urbanística en el suelo rústico mediante el uso de drones, herramientas digitales de análisis territorial y la incorporación definitiva de nuevos subinspectores especializados.
El objetivo es detectar antes las construcciones ilegales, intervenir con mayor rapidez y conseguir que las sanciones y las órdenes de demolición dictadas por la Administración se cumplan.
Las medidas aparecen recogidas en el proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027, aprobado por el Consejo de Gobierno, y forman parte de una estrategia destinada a intensificar el control sobre las edificaciones y parcelaciones irregulares en el campo andaluz.
La tecnología aérea no parte de cero. La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ya utiliza drones desde 2024, junto con sistemas digitales que permiten observar los cambios que se producen en el territorio a través de imágenes por satélite. Estos recursos facilitan la localización de movimientos de tierra, cimentaciones y otras actuaciones que pueden constituir indicios de una infracción urbanística.
Los equipos aéreos incorporan medidores láser de precisión, mientras que las herramientas de visualización territorial permiten examinar parcelas y detectar modificaciones en el terreno. La información obtenida puede servir para orientar las inspecciones y facilitar que los técnicos actúen antes de que una construcción ilegal avance o llegue a consolidarse.
Nuevos subinspectores para actuar sobre el terreno
Uno de los principales cambios previstos para 2027 será la puesta en marcha definitiva del Cuerpo de Subinspectores de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Estos profesionales tendrán un papel especializado en la respuesta sobre el terreno ante las alertas detectadas mediante los sistemas de vigilancia.
La combinación de tecnología y personal inspector pretende cerrar el recorrido entre la detección de una posible infracción y la intervención administrativa. Los drones y las imágenes satelitales pueden señalar dónde se están produciendo cambios sospechosos, pero las actuaciones requieren comprobaciones y procedimientos que permitan determinar si existe una vulneración de la normativa.
La Junta también quiere reforzar el seguimiento de las medidas que ya han sido acordadas. Entre las prioridades anunciadas figuran comprobar que se ejecutan las demoliciones y las restituciones de la legalidad urbanística impuestas en expedientes anteriores, así como mejorar el cobro efectivo de las sanciones económicas.
La intención es evitar que las resoluciones administrativas queden sin efecto práctico con el paso del tiempo. En este sentido, el control no se limitará a localizar nuevas construcciones, sino que también buscará que las consecuencias de las infracciones ya acreditadas se materialicen.
Más de 480 edificaciones afectadas por expedientes en 2025
El balance de 2025 refleja el alcance de la actividad inspectora desarrollada por la Administración autonómica. Durante ese ejercicio se levantaron 612 actas de inspección y expedientes de protección de la legalidad relacionados con 484 edificaciones.
La cifra de edificaciones afectadas multiplica por doce los registros de 2018, según los datos difundidos sobre la actividad de la Junta. Además, se iniciaron 155 procedimientos sancionadores y se tramitaron 178 multas coercitivas por un importe superior a los 4,2 millones de euros.
Las actuaciones desarrolladas sobre el terreno han tenido distintas dimensiones. Algunas han consistido en retirar vallas y redes de suministro vinculadas a parcelaciones irregulares, mientras que otras han llegado al derribo completo de construcciones. Entre las edificaciones objeto de intervención figuran chalés, piscinas, casetas prefabricadas y naves agrícolas que habían sido reconvertidas en viviendas.
La presión inspectora también se ha traducido en actuaciones realizadas por los propios responsables de las construcciones. Durante 2025 se registraron 54 autodemoliciones, es decir, demoliciones ejecutadas por los propios infractores en el marco de las actuaciones administrativas.
Estos datos muestran que la estrategia de control combina la detección de nuevas infracciones con la tramitación de expedientes, la imposición de sanciones y la ejecución de las medidas necesarias para restablecer la legalidad.
La LISTA amplió las herramientas de intervención de la Junta
El refuerzo de la inspección se apoya en el marco establecido por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como LISTA, que entró en vigor a finales de 2021.
Esta norma modificó el marco de actuación urbanística en la comunidad autónoma y dotó a la Administración de nuevas herramientas para intervenir ante determinadas infracciones. Entre las posibilidades contempladas se encuentran las medidas cautelares, que pueden incluir el precinto de parcelas y edificaciones cuando concurran los requisitos legales para adoptarlas.
La capacidad de actuar durante el desarrollo de una obra resulta especialmente relevante en el suelo rústico, donde una construcción puede avanzar con rapidez y generar situaciones más difíciles de revertir. La detección temprana permite que la Administración valore la adopción de medidas antes de que las actuaciones alcancen un mayor grado de consolidación.
No obstante, la presencia de una construcción o de movimientos de tierra detectados mediante imágenes no equivale por sí sola a una infracción acreditada. La actuación administrativa debe apoyarse en las comprobaciones correspondientes y seguir los procedimientos establecidos en la normativa.
El control del suelo rústico, una prioridad para 2027
La incorporación definitiva de los subinspectores y el refuerzo de los medios tecnológicos forman parte de una nueva etapa de la política de disciplina urbanística de la Junta. La Administración deberá concretar las prioridades de actuación ante la próxima finalización del actual Plan General de Inspección.
Las líneas previstas se centrarán especialmente en dos cuestiones: garantizar que se cumplen las órdenes de demolición y restitución de la legalidad dictadas en los últimos años y conseguir que las sanciones económicas impuestas se cobren de manera efectiva.
El propósito es que la vigilancia no se quede únicamente en la identificación de construcciones irregulares. La estrategia busca que las actuaciones inspectoras tengan continuidad hasta la resolución de los expedientes y la aplicación de las medidas que correspondan.
Con el uso de drones, imágenes satelitales y nuevos profesionales especializados, la Junta pretende aumentar su capacidad para controlar las transformaciones del suelo rústico andaluz. El despliegue previsto para 2027 deberá demostrar hasta qué punto estas herramientas permiten reducir el tiempo entre la detección de una posible infracción, la intervención administrativa y la recuperación de la legalidad urbanística.
