La Fiscalía Europea ha iniciado actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con los fondos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras telemáticas antimaltrato. La investigación, que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, busca esclarecer el posible uso irregular de dinero europeo destinado a financiar estos dispositivos de vigilancia y protección de las víctimas de violencia de género.
Las actuaciones se han desarrollado este jueves 12 de noviembre en Madrid y forman parte de unas pesquisas que comenzaron el año pasado. La Fiscalía Europea ha confirmado oficialmente la intervención en ambas instituciones, aunque por el momento no ha facilitado información adicional sobre el alcance de las diligencias, las posibles personas investigadas o la cantidad de dinero que podría estar afectada.
El caso vuelve a situar bajo el foco la gestión de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales de protección. Estos dispositivos son una herramienta fundamental para vigilar a los agresores y reforzar la seguridad de las mujeres que cuentan con medidas cautelares o sentencias por delitos de violencia de género.
Actuaciones en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas
La Fiscalía Europea ha confirmado que su oficina en Madrid está llevando a cabo medidas de investigación tanto en la sede del Ministerio de Igualdad como en el Tribunal de Cuentas.
La operación cuenta con la colaboración de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que participan en las actuaciones relacionadas con la investigación del posible fraude.
Según el comunicado oficial del organismo europeo, las pesquisas están relacionadas con un presunto delito que afectaría a fondos de la Unión Europea destinados a comprar dispositivos electrónicos de vigilancia. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y de las condenas judiciales dictadas en procedimientos por violencia de género.
La investigación se inició en 2025, aunque no ha sido hasta ahora cuando se han conocido públicamente estas actuaciones en las sedes de las dos instituciones españolas.
Por el momento, la Fiscalía Europea no ha identificado a posibles responsables ni ha comunicado si existen personas formalmente investigadas. Tampoco ha detallado qué documentación se está examinando o qué irregularidades concretas podrían haberse producido.
Las pulseras antimaltrato, en el centro de la investigación
Los dispositivos objeto de las pesquisas son pulseras telemáticas que permiten controlar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento. Se utilizan en casos de violencia de género para vigilar la localización de los agresores y detectar posibles incumplimientos de las medidas impuestas por los tribunales.
Su funcionamiento permite generar alertas cuando se producen situaciones que pueden suponer un quebrantamiento de las restricciones judiciales. De esta manera, el sistema contribuye a que las autoridades puedan actuar ante posibles aproximaciones o incumplimientos de las órdenes de protección.
La adquisición y gestión de estos dispositivos se financió, al menos parcialmente, con fondos procedentes de la Unión Europea. Precisamente, el posible uso irregular de esos recursos comunitarios es el objeto de la investigación que dirige la Fiscalía Europea.
La importancia del procedimiento va más allá de una cuestión administrativa o contractual. Se trata de un sistema tecnológico destinado a proteger a mujeres en situaciones de riesgo, por lo que cualquier problema relacionado con su contratación, funcionamiento o gestión tiene una especial relevancia.
No obstante, la investigación anunciada se centra en un posible fraude con fondos europeos. No supone, por sí misma, que se haya demostrado que existiera un fraude ni que las pulseras dejaran de cumplir su función de protección por ese motivo.
El Tribunal de Cuentas ya había detectado deficiencias en el sistema
La investigación europea llega después de que el Tribunal de Cuentas examinara la contratación, ejecución y control del servicio de dispositivos telemáticos de seguimiento de las medidas de alejamiento dependiente del Ministerio de Igualdad.
El organismo fiscalizador aprobó el pasado 22 de septiembre un informe en el que señaló graves deficiencias relacionadas con la contratación y el seguimiento del sistema.
Ese análisis había puesto de manifiesto problemas en la gestión de un servicio especialmente sensible por su relación directa con la protección de las víctimas de violencia de género y sexual.
La intervención actual de la Fiscalía Europea incorpora una dimensión adicional: comprobar si, además de las deficiencias administrativas detectadas, pudo producirse alguna irregularidad penal relacionada con los fondos comunitarios empleados para adquirir los dispositivos.
El Tribunal de Cuentas tiene entre sus funciones fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público. Por su parte, la Fiscalía Europea investiga posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea.
La presencia de agentes de la UCO en sus dependencias se enmarca en las diligencias solicitadas por la Fiscalía Europea para avanzar en las pesquisas.
La Comisión Europea ya había mostrado preocupación por las pulseras
El caso también había despertado el interés de las instituciones comunitarias antes de las actuaciones conocidas este jueves.
En noviembre de 2025, la Comisión Europea ya había advertido de que examinaría los problemas detectados en los dispositivos telemáticos antimaltrato, debido a que su correcto funcionamiento estaba relacionado con uno de los objetivos del plan de recuperación español.
La adquisición de las pulseras contó con financiación procedente de los fondos europeos de recuperación, por lo que su utilización y justificación estaban sometidas a los requisitos establecidos para este tipo de recursos.
La revisión comunitaria se centraba en comprobar el cumplimiento de los compromisos vinculados a esa financiación y las posibles consecuencias de las deficiencias detectadas.
Ahora, la investigación de la Fiscalía Europea busca esclarecer si existió un posible fraude en la utilización de esos fondos.
Ana Redondo asegura que el Ministerio colaborará con la investigación
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado sobre las actuaciones y ha asegurado que la colaboración del departamento con la Fiscalía Europea será total y absoluta.
Redondo ha defendido que los fondos se han destinado correctamente y ha manifestado que el Ministerio facilitará toda la información que le sea requerida por los investigadores.
La ministra también ha señalado que la investigación no supone una novedad en cuanto a su origen, puesto que las pesquisas comenzaron el año pasado.
La posición del Ministerio es que los recursos comunitarios se han empleado de forma adecuada, mientras que la Fiscalía Europea continúa con las diligencias para esclarecer si se produjo alguna irregularidad penal.
Una investigación que todavía no ha revelado posibles responsables
Por ahora, el organismo europeo mantiene la reserva sobre el contenido de las actuaciones y no ha ofrecido más detalles sobre el desarrollo del procedimiento.
No se ha confirmado oficialmente la identidad de posibles investigados, el importe concreto de los fondos afectados ni las responsabilidades que podrían derivarse de la investigación.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la Unión Europea con sede en Luxemburgo y competencias para investigar, ejercer la acción penal y llevar ante los tribunales los delitos que perjudican los intereses financieros comunitarios.
Las actuaciones desarrolladas en Madrid representan un nuevo paso en una investigación iniciada en 2025 que afecta a un sistema de vigilancia destinado a reforzar la protección de las víctimas de violencia de género.
El objetivo ahora será determinar si existió un uso fraudulento de los fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas y, en caso de confirmarse irregularidades, establecer quiénes serían los responsables.
