- Fernando Grande-Marlaska ha ordenado a la Dirección General de la Policía que investigue las incidencias registradas durante la huelga general del 11 de noviembre y que deje de utilizar gas lacrimógeno en las manifestaciones.
- La decisión llega tras las críticas y denuncias por las cargas policiales contra varios piquetes.
El Ministerio del Interior ha ordenado revisar las actuaciones policiales desarrolladas durante la huelga general del 11N, después de una jornada marcada por los enfrentamientos entre manifestantes y agentes, las cargas policiales y la polémica por el empleo de sustancias irritantes para dispersar concentraciones.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a la Dirección General de la Policía dos instrucciones: abrir investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas durante la jornada y dejar de utilizar gas lacrimógeno en las manifestaciones.
La decisión supone una respuesta institucional a la controversia generada por algunas intervenciones policiales, especialmente después de que sindicatos y organizaciones convocantes denunciaran el uso de medios antidisturbios contra piquetes informativos y manifestantes.
Desde el Ministerio se ha precisado que las investigaciones se desarrollarán con independencia de las inspecciones internas que la Policía Nacional realiza habitualmente para comprobar si sus actuaciones se ajustan a la normativa vigente.
Interior ordena investigar las incidencias del 11N
La apertura de investigaciones específicas pretende examinar los episodios registrados durante la huelga general, en la que se produjeron actuaciones policiales en distintos puntos de España.
La jornada dejó un balance de al menos 75 detenidos y 1.044 incidencias en todo el país, según los datos recopilados por los distintos cuerpos policiales. Las cifras incluyen actuaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
Las investigaciones ordenadas por Interior se suman a los mecanismos ordinarios de supervisión de la actividad policial. Esto significa que los episodios denunciados deberán ser examinados también de manera específica, sin que la apertura de estas actuaciones implique por sí sola que se hayan confirmado irregularidades o responsabilidades individuales.
El objetivo será analizar las circunstancias de las intervenciones, los medios empleados y su adecuación a las normas que regulan la actuación de los agentes durante las concentraciones y manifestaciones.
La polémica por el uso de gas pimienta en Mercamadrid
Uno de los episodios que más controversia ha generado se produjo durante la madrugada del miércoles en Mercamadrid, uno de los principales centros de distribución alimentaria de España.
Alrededor de un millar de personas se concentraron en las inmediaciones de las instalaciones en el contexto de la huelga. Los piquetes intentaron bloquear los accesos, mientras que el dispositivo policial desplegado tenía como objetivo garantizar la entrada y salida de vehículos y mercancías.
En torno a las cuatro de la madrugada se produjeron cargas policiales después de que los agentes intervinieran ante la presencia de manifestantes en la calzada. Durante la actuación se utilizó gas pimienta para dispersar a los concentrados.
Según denunciaron los sindicatos, 13 personas tuvieron que recibir asistencia sanitaria por contusiones e irritaciones oculares. Además, un hombre fue detenido después de lanzar una valla contra los agentes.
CCOO y UGT criticaron la intervención policial y anunciaron que estudiarían posibles acciones legales por lo sucedido.
Por su parte, fuentes policiales defendieron que el gas pimienta forma parte del material autorizado del que disponen los agentes y explicaron que su utilización se enmarca en una escala progresiva de intervención, que contempla distintas medidas antes de recurrir al contacto físico directo.
Las actuaciones policiales también fueron cuestionadas en Granada y otros puntos
La polémica por el empleo de sustancias irritantes no se limitó a Mercamadrid. Durante la jornada también se difundieron denuncias sobre intervenciones policiales en otros lugares, entre ellos el Metro de Granada.
Las críticas de los sindicatos y de representantes políticos se centraron en la forma en que se desarrollaron algunas actuaciones contra los piquetes y en el uso de medios antidisturbios para despejar accesos y restablecer la circulación.
En Madrid, las protestas en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes y los cortes de tráfico en la Gran Vía también estuvieron acompañados de intervenciones policiales y cargas.
Estos episodios han contribuido a situar la actuación de las fuerzas de seguridad en el centro del debate posterior a la huelga.
La orden de Interior de dejar de utilizar gas lacrimógeno en las manifestaciones llega precisamente en este contexto de controversia, aunque el anuncio ministerial no supone que se hayan establecido ya conclusiones sobre la legalidad de cada una de las intervenciones realizadas el 11N.
La huelga terminó con 75 detenidos y más de mil incidencias
La huelga general del 11 de noviembre, convocada para reclamar medidas relacionadas con el acceso a la vivienda y la mejora de las condiciones salariales, dejó un balance de al menos 75 detenidos y 1.044 incidencias en España.
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil practicaron 39 detenciones hasta las 20:00 horas del miércoles. Madrid concentró 15 de esos arrestos, mientras que Andalucía registró once: cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada.
A estas cifras se sumaron las actuaciones de los cuerpos autonómicos. La Ertzaintza comunicó 16 detenciones en el País Vasco, mientras que en Cataluña también se produjeron arrestos relacionados con los disturbios posteriores a las manifestaciones.
Barcelona fue uno de los escenarios de mayor tensión, con daños en establecimientos comerciales, contenedores incendiados y enfrentamientos al finalizar la movilización.
El balance de incidencias incluyó cortes de carreteras, bloqueos de accesos a empresas, daños en comercios y mobiliario urbano, incendios de contenedores y actuaciones por resistencia o atentado contra agentes de la autoridad.
Las investigaciones determinarán si hubo actuaciones irregulares
La orden de Grande-Marlaska abre una nueva fase en el análisis de los incidentes registrados durante la huelga. La revisión deberá permitir aclarar las circunstancias de las intervenciones que han generado denuncias y críticas, así como comprobar si los procedimientos utilizados se ajustaron a las normas vigentes.
Por el momento, el Ministerio no ha hecho públicas conclusiones sobre posibles responsabilidades disciplinarias ni ha señalado agentes concretos como responsables de actuaciones irregulares.
La investigación específica será independiente de las inspecciones internas habituales de la Policía Nacional, por lo que ambos mecanismos podrán examinar las actuaciones desde sus respectivos ámbitos.
La decisión de dejar de utilizar gas lacrimógeno en las manifestaciones constituye, mientras tanto, una instrucción expresa del Ministerio del Interior que llega después de una huelga general marcada no solo por las reivindicaciones laborales y sociales, sino también por la controversia sobre los medios empleados para controlar los piquetes y garantizar el funcionamiento de los servicios y las instalaciones estratégicas.
El foco se sitúa ahora en las investigaciones anunciadas y en las explicaciones que puedan ofrecer las autoridades sobre las intervenciones policiales que han provocado las denuncias de sindicatos y manifestantes.
