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La comisión de expertos del Ministerio de Trabajo ha recomendado incrementar un 4,9% el salario mínimo interprofesional (SMI) de cara a 2027.
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La propuesta situaría esta remuneración en 1.281 euros brutos mensuales en 14 pagas, frente a los 1.221 euros que se cobran actualmente.
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El aumento supondría 60 euros más en cada mensualidad y 840 euros adicionales al año para quienes perciben el salario mínimo.
El informe elaborado por el grupo asesor ya está terminado y plantea una actualización que pretende evitar que los trabajadores con menores ingresos pierdan poder adquisitivo ante el encarecimiento de los precios. La recomendación llega en un momento en el que el Gobierno quiere cerrar la nueva cuantía antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
Sin embargo, la cifra propuesta todavía no es definitiva. El documento de los expertos constituye el punto de partida para las conversaciones que el Ministerio de Trabajo deberá mantener con las organizaciones sindicales y empresariales antes de que el Ejecutivo decida qué incremento aplicar finalmente.
Una subida del 4,9% para proteger el poder adquisitivo
La propuesta plantea elevar el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros brutos mensuales hasta los 1.281 euros, siempre en 14 pagas. Se trata de un incremento del 4,9%, equivalente a 60 euros adicionales en cada una de las mensualidades ordinarias y extraordinarias.
En términos anuales, el salario mínimo pasaría de los 17.094 euros brutos actuales a 17.934 euros. La diferencia sería de 840 euros al año para una persona que trabaje a jornada completa y tenga derecho a percibir el SMI.
La comisión ha tenido en cuenta la evolución de los precios y la necesidad de que los salarios más bajos no pierdan capacidad para afrontar los gastos cotidianos. La inflación se ha convertido en uno de los elementos centrales de este debate, especialmente por el encarecimiento de la energía y los combustibles en los últimos meses.
La recomendación se ha elaborado tomando como referencia un escenario en el que las personas que cobran el salario mínimo continúen sin tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), como ha sucedido en los últimos ejercicios mediante los mecanismos fiscales aplicados por el Gobierno.
El objetivo es que el incremento permita mantener el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben esta remuneración. El Ministerio de Trabajo también había solicitado a los expertos que estudiaran la relación entre el SMI y el salario medio, con la referencia del 60% que recoge la Carta Social Europea.
El objetivo del 60% del salario medio
La referencia del 60% del salario medio es uno de los argumentos que el Gobierno ha utilizado durante los últimos años para justificar las sucesivas actualizaciones del salario mínimo.
La Carta Social Europea contempla ese porcentaje como referencia para garantizar una remuneración adecuada. No obstante, alcanzar ese nivel y mantener el poder adquisitivo son dos objetivos que no siempre conducen a la misma cantidad.
Según los cálculos recogidos en el informe, una subida menor, hasta los 1.254 euros mensuales en 14 pagas, permitiría situar el salario mínimo neto en torno al 60% del salario medio neto a tiempo completo, bajo el escenario fiscal contemplado por los expertos.
Sin embargo, esa cantidad no sería suficiente para compensar la evolución de los precios. Por ese motivo, la comisión considera razonable aplicar un incremento superior, del 4,9%, que permita proteger la capacidad de compra de los perceptores del SMI.
La diferencia entre ambos cálculos explica por qué la recomendación final no se limita a cumplir el objetivo de acercar el salario mínimo al 60% del salario medio, sino que también incorpora la evolución de la inflación.
Los sindicatos reclaman una subida mayor
La propuesta de los expertos no coincide con la cantidad que habían reclamado las principales organizaciones sindicales.
CCOO y UGT han defendido un incremento del 7% para 2027, que situaría el salario mínimo en torno a los 1.307 euros brutos mensuales en 14 pagas. Su planteamiento supera en 26 euros la cantidad recomendada por la comisión.
Los sindicatos consideran necesario que la actualización salarial tenga en cuenta el coste de la vida y que los trabajadores con menores ingresos puedan seguir ganando capacidad económica.
Además, las centrales sindicales han situado otras reivindicaciones sobre la mesa de negociación. Entre ellas se encuentra la necesidad de evitar que algunas empresas puedan neutralizar el efecto de las subidas del salario mínimo mediante la absorción de determinados complementos salariales.
Esta cuestión lleva tiempo generando discrepancias entre Trabajo y las organizaciones empresariales. Los sindicatos quieren que se establezcan garantías para que los incrementos del SMI se traduzcan en una mejora efectiva de las nóminas y no queden compensados por la desaparición de otros conceptos retributivos.
También han reclamado avances en el refuerzo del registro horario, una medida que consideran fundamental para mejorar el control de las jornadas laborales y evitar incumplimientos.
La falta de avances en estas materias ha complicado las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Por ello, no está garantizado que la nueva subida vaya a contar con el respaldo de CCOO y UGT, aunque ambas centrales han defendido un incremento superior al planteado por los expertos.
La patronal cuestiona los plazos del Gobierno
La postura de las organizaciones empresariales es diferente. La CEOE ha mostrado su rechazo a la intención del Ministerio de Trabajo de acelerar la aprobación de una nueva subida del salario mínimo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Su presidente, Antonio Garamendi, ha cuestionado los plazos planteados por el departamento que dirige Yolanda Díaz y considera que la iniciativa responde a una estrategia política vinculada al calendario electoral.
La patronal también recuerda que la última actualización del SMI se aplicó hace menos de un año, a finales de febrero de 2026. En aquel momento, el salario mínimo aumentó un 3,1%, pasando de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.
La CEOE y Cepyme no respaldaron aquella subida, que salió adelante con el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales.
La negociación para 2027 vuelve a presentar, por tanto, un escenario complicado. Mientras los sindicatos consideran que el incremento debe ser superior al recomendado, los empresarios cuestionan tanto la oportunidad como la rapidez con la que el Gobierno quiere cerrar el acuerdo.
El Gobierno quiere aprobar la subida antes de las elecciones
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende que la nueva cuantía del salario mínimo quede aprobada antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La intención del Ejecutivo es evitar que la decisión quede pendiente para el siguiente Gobierno y garantizar que la actualización pueda aplicarse antes de que finalice la actual legislatura.
Para ello, el Ministerio deberá trasladar el informe de la comisión a los agentes sociales y abrir una nueva ronda de conversaciones con sindicatos y patronal. En ese proceso se escucharán las distintas propuestas, aunque el acuerdo de todas las partes no es imprescindible para que el Gobierno pueda aprobar la subida.
El Estatuto de los Trabajadores establece que corresponde al Ejecutivo fijar anualmente la cuantía del salario mínimo, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Esto significa que el Gobierno puede aprobar el incremento mediante un real decreto aunque no consiga el respaldo de la patronal o de los sindicatos. No obstante, alcanzar un acuerdo permitiría dar mayor respaldo social a la medida.
La posibilidad de aprobar la subida antes de los comicios también ha generado críticas por parte de la oposición empresarial y política, que cuestiona la oportunidad de acelerar una decisión de estas características en plena campaña electoral.
¿Cuánto cobrarían los trabajadores si se aprueba la propuesta?
Si el Gobierno finalmente acepta la recomendación de los expertos, el salario mínimo quedaría fijado en 1.281 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas.
La diferencia respecto a la cuantía vigente sería la siguiente:
- Salario mínimo actual: 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.
- Cantidad recomendada para 2027: 1.281 euros brutos al mes en 14 pagas.
- Incremento mensual: 60 euros en cada paga.
- Aumento porcentual: 4,9%.
- Salario anual actual: 17.094 euros brutos.
- Salario anual propuesto: 17.934 euros brutos.
- Diferencia anual: 840 euros brutos.
En caso de que las pagas extraordinarias estuvieran prorrateadas, la equivalencia mensual sería de aproximadamente 1.494,50 euros brutos en 12 mensualidades. Esta cantidad representa la misma remuneración anual distribuida de otra manera, no una subida adicional.
Es importante recordar que estas cifras corresponden al salario bruto. La cantidad neta que llega finalmente a la cuenta bancaria depende de las circunstancias personales y laborales de cada trabajador y del tratamiento fiscal que se establezca para 2027.
La propuesta también se refiere al salario mínimo para una jornada completa. En los contratos a tiempo parcial, la remuneración se calcula de forma proporcional a las horas trabajadas.
Una decisión todavía pendiente
La recomendación de la comisión de expertos supone un paso importante en el proceso de actualización del salario mínimo para 2027, pero todavía quedan decisiones por tomar.
El Ministerio de Trabajo deberá trasladar el informe a sindicatos y patronal, escuchar sus posiciones y valorar si existe margen para alcanzar un acuerdo. Las diferencias entre las partes hacen prever una negociación complicada, especialmente por la distancia entre el 4,9% recomendado y el 7% que reclaman las organizaciones sindicales.
La decisión final corresponderá al Gobierno, que tendrá que determinar la cuantía definitiva y aprobarla mediante el correspondiente real decreto.
Por el momento, los 1.281 euros constituyen la recomendación técnica de los expertos y no una cantidad que los trabajadores tengan ya garantizada para el próximo año. La cifra definitiva dependerá de la decisión que adopte el Ejecutivo tras las consultas con los agentes sociales.
Si se confirma el incremento propuesto, el salario mínimo alcanzaría un nuevo máximo histórico y supondría una mejora anual de 840 euros brutos para quienes cobran esta remuneración a jornada completa. La negociación de las próximas semanas determinará si el Gobierno mantiene la recomendación de los expertos o introduce cambios antes de aprobar la subida.
