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La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado alerta de una pérdida de independencia del organismo y habla de «la mayor crisis de su historia».
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Reclama una refundación de la Agencia Tributaria, una dirección desvinculada del Gobierno y controles específicos sobre el patrimonio de políticos y partidos.
La Agencia Tributaria se encuentra en el centro de una nueva polémica institucional después de que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) haya denunciado hasta media docena de episodios en los que, según sostiene, distintos gobiernos habrían intentado utilizar el organismo con fines políticos.
La advertencia se produjo durante el XXXVI Congreso Anual de la asociación, celebrado en Toledo, donde los inspectores expusieron un diagnóstico muy crítico sobre la situación de la institución. La organización considera que la Agencia Tributaria atraviesa «la mayor crisis de su historia» y alerta de que su independencia frente al poder político se ha deteriorado progresivamente desde su creación en 1992.
Los inspectores consideran que esta situación amenaza la credibilidad de un organismo fundamental para la recaudación de impuestos y la financiación de los servicios públicos. Por ello, reclaman una reforma profunda que garantice su autonomía, estabilidad directiva y capacidad para investigar los grandes fraudes, con independencia de quién esté al frente del Gobierno.
Los inspectores alertan de seis episodios de posible utilización política
La Asociación de Inspectores de Hacienda sostiene que ha detectado media docena de episodios de especial gravedad en los que el poder político habría intentado influir en el funcionamiento de la Agencia Tributaria.
La organización sitúa estos casos a lo largo de diferentes etapas de la historia del organismo, desde su puesta en marcha en 1992. No limita sus críticas a un único Ejecutivo, aunque señala también actuaciones y controversias recientes que, a su juicio, han deteriorado la imagen de independencia de la institución.
Entre los asuntos que han generado mayor preocupación figuran la utilización de información tributaria en el debate político, las dudas sobre determinadas comprobaciones fiscales y las propuestas de modificar los procedimientos de selección y organización del personal inspector.
Los inspectores consideran que la percepción de que Hacienda puede actuar de manera diferente dependiendo de quién sea el contribuyente representa un problema especialmente grave. A su juicio, la confianza ciudadana depende de que las mismas reglas se apliquen a todos, incluidos los responsables políticos y las personas con mayor poder económico.
La asociación advierte de que el daño reputacional puede ser difícil de revertir si los ciudadanos dejan de percibir a la Agencia Tributaria como una institución independiente.
El caso de la pareja de Ayuso y la información fiscal protegida
Uno de los episodios más controvertidos señalados por los inspectores está relacionado con la difusión de información fiscal sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En marzo de 2024, la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizó declaraciones públicas sobre la situación tributaria de González Amador y sobre el presunto fraude fiscal que se le atribuía.
La controversia se centró en si se habían difundido datos protegidos por el deber de reserva recogido en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que establece el carácter reservado de la información obtenida por la Administración tributaria.
La asociación considera que este episodio contribuyó a alimentar las dudas sobre la utilización política de información fiscal que debe permanecer protegida.
El debate sobre la confidencialidad de estos datos ha tenido también consecuencias judiciales en el contexto de la causa relacionada con la filtración de información tributaria. Los inspectores consideran que la Agencia Tributaria debe contar con mecanismos sólidos para impedir que los datos de los contribuyentes se conviertan en instrumentos de confrontación política.
Las dudas sobre las comprobaciones fiscales a personas del entorno de Zapatero
Otro de los asuntos que ha provocado críticas dentro del colectivo está relacionado con Julio Martínez, empresario y amigo y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Según la información expuesta por los inspectores, durante varios ejercicios no se habrían realizado determinadas comprobaciones tributarias sobre esta persona, pese a que existían circunstancias que, a juicio de la asociación, requerían una explicación.
La controversia aumentó después de que la anterior dirección de la Agencia Tributaria calificara lo ocurrido como un «error inexplicable» durante una comparecencia en el Senado.
Los inspectores consideran insuficiente esa explicación y reclaman que se aclaren las razones técnicas y administrativas por las que no se realizaron las actuaciones correspondientes.
La asociación sostiene que episodios de esta naturaleza perjudican la credibilidad del organismo, especialmente cuando afectan a personas relacionadas con figuras de relevancia política.
En cualquier caso, las críticas de los inspectores no constituyen una prueba de que existiera una orden política para evitar una investigación. La organización reclama precisamente explicaciones para esclarecer lo sucedido.
Rechazo a los cambios en la selección de funcionarios
La asociación también ha expresado su preocupación por los posibles cambios en los procedimientos de selección de funcionarios de la Agencia Tributaria.
Los inspectores consideran que modernizar las oposiciones puede ser necesario, pero rechazan que se introduzcan criterios subjetivos que puedan comprometer la igualdad de acceso y la independencia profesional.
Entre sus críticas figuran las propuestas de modificar los sistemas de selección y evaluación de los aspirantes. A juicio de la organización, cualquier reforma debe mantener el nivel de exigencia y garantizar que los puestos se ocupen atendiendo a criterios objetivos de mérito y capacidad.
La asociación también reclama reducir el uso de la libre designación para cubrir determinados puestos de responsabilidad, al considerar que una dependencia excesiva de los nombramientos discrecionales puede debilitar la autonomía profesional de los inspectores.
La fragmentación de Hacienda y el modelo de financiación autonómica
Otro de los puntos de preocupación es la posibilidad de fragmentar la gestión tributaria en el marco de las negociaciones sobre la financiación autonómica y las competencias fiscales de Cataluña.
Los inspectores defienden que la Agencia Tributaria debe mantener una estructura integrada y un sistema común de información para garantizar la coordinación y la lucha contra el fraude.
La asociación considera que dividir las funciones de gestión y control entre diferentes administraciones podría dificultar las investigaciones que afectan a varias comunidades autónomas y generar problemas de coordinación.
También advierte de las posibles consecuencias para determinadas prestaciones y beneficios fiscales cuya gestión depende actualmente de la Agencia Tributaria.
Como alternativa, plantea crear un Consejo Asesor en el que participen las administraciones que comparten los ingresos recaudados por el organismo, sin que ello suponga fragmentar su estructura operativa.
La reforma que proponen: un director elegido por el Parlamento
Ante este escenario, los inspectores reclaman una refundación de la Agencia Tributaria y la aprobación de un Estatuto que establezca de forma clara su independencia y funcionamiento.
Una de las propuestas principales consiste en que el director general sea elegido por las Cortes Generales mediante una mayoría parlamentaria cualificada.
La asociación plantea que el responsable tenga un mandato de cinco años, renovable una sola vez, y que su destitución solo pueda producirse por causas previamente establecidas.
También propone separar la dirección ejecutiva de la Agencia Tributaria de la Secretaría de Estado de Hacienda, para evitar lo que considera una estructura de dirección bicéfala en la que el poder ejecutivo mantiene una influencia excesiva sobre el organismo.
La propuesta incluye, además, que el director general comparezca anualmente ante el Parlamento para rendir cuentas de su gestión y de los resultados obtenidos.
El objetivo es que la dirección de Hacienda tenga estabilidad y autonomía suficiente para desarrollar sus funciones sin depender de los cambios de Gobierno.
Más controles sobre el patrimonio de políticos y partidos
Los inspectores también reclaman ampliar los instrumentos disponibles para investigar posibles casos de corrupción y enriquecimiento injustificado.
Entre sus propuestas figura la creación de un área permanente de control patrimonial de representantes públicos y partidos políticos.
La asociación considera que la Agencia Tributaria debería disponer de mayor acceso a información sobre bienes, rentas y participaciones societarias de cargos públicos, siempre dentro de las garantías legales correspondientes.
También plantea establecer un seguimiento patrimonial específico de las personas condenadas por corrupción y reforzar los mecanismos de colaboración entre Hacienda, jueces y fiscales.
Otra de sus propuestas consiste en aumentar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción mediante la incorporación de inspectores y técnicos especializados que puedan colaborar en investigaciones complejas.
Los inspectores defienden que combatir el fraude fiscal y la corrupción exige más medios, mejores herramientas de investigación y una mayor coordinación entre las instituciones.
Inteligencia artificial y una nueva estrategia contra el fraude
La refundación propuesta también incluye una actualización de los métodos de trabajo de la Agencia Tributaria.
La asociación considera que el actual modelo de control debe adaptarse a las nuevas formas de fraude, especialmente aquellas que utilizan estructuras empresariales complejas, operaciones internacionales y herramientas digitales.
Entre las medidas planteadas figura incorporar inteligencia artificial a los procesos de análisis y selección de riesgos fiscales, siempre bajo supervisión humana y con garantías para los contribuyentes.
Los inspectores también reclaman revisar el sistema de objetivos de la Agencia Tributaria y mejorar la distribución de los recursos disponibles para concentrar los esfuerzos en los fraudes de mayor gravedad.
A su juicio, la institución no puede limitarse a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, sino que debe mantener una capacidad de investigación suficiente para detectar y perseguir los incumplimientos más complejos.
Una crisis que afecta a la confianza en Hacienda
La denuncia de los inspectores sitúa el futuro de la Agencia Tributaria en el centro del debate sobre la independencia de las instituciones públicas.
La asociación considera que el organismo ha alcanzado un nivel de prestigio y eficacia reconocido durante sus más de tres décadas de funcionamiento, pero advierte de que ese reconocimiento puede deteriorarse si persisten las dudas sobre la influencia política en sus decisiones.
Sus propuestas pretenden establecer un modelo de dirección más independiente, reforzar los mecanismos de control y garantizar que las investigaciones tributarias se desarrollen con criterios profesionales.
Por ahora, las reclamaciones forman parte de un paquete de reformas presentado por la asociación y no constituyen cambios aprobados por el Gobierno. Su eventual aplicación dependerá de las decisiones políticas y legislativas que se adopten.
El mensaje de los inspectores es claro: reclaman una Agencia Tributaria con mayor autonomía, medios suficientes y capacidad para investigar a cualquier contribuyente, con independencia de su posición económica o política.
