-
Cerca de 500 tractores y miles de agricultores y ganaderos se movilizan este miércoles ante el Ministerio de Agricultura para reclamar ayudas frente al aumento de los costes, precios justos y financiación suficiente para el campo.
El campo español mantiene la movilización convocada para este miércoles, 28 de octubre, en Madrid pese al acuerdo parcial alcanzado por los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre la futura Política Agraria Común (PAC). Las organizaciones agrarias consideran que el pacto no resuelve la principal preocupación del sector: la financiación que recibirán agricultores y ganaderos entre 2028 y 2034.
La protesta, organizada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, prevé reunir alrededor de 500 tractores y miles de profesionales del campo procedentes de diferentes puntos de España. Bajo el lema «Dar de comer tiene que dar para vivir», los convocantes quieren trasladar al Gobierno su preocupación por la rentabilidad de las explotaciones y reclamar medidas urgentes para garantizar su continuidad.
El acuerdo europeo no ha convencido a las organizaciones, que consideran insuficiente avanzar en las reglas de funcionamiento de la PAC sin concretar el presupuesto disponible. La Comisión Europea ha planteado una reducción del 22% de los fondos destinados a esta política en el próximo marco financiero comunitario, una propuesta que genera inquietud en el sector.
Una tractorada que no se cancela pese al acuerdo europeo
La decisión de mantener la protesta llega después de que el Consejo de la Unión Europea alcanzara un acuerdo parcial sobre la reforma de la PAC a última hora del lunes. Aunque el pacto representa un avance en la negociación de las futuras reglas agrícolas, las organizaciones españolas sostienen que todavía quedan sin resolver cuestiones fundamentales.
La principal es la dotación económica para el periodo 2028-2034. Los representantes del campo temen que una reducción de los fondos europeos debilite las ayudas que reciben las explotaciones y aumente la dependencia de los presupuestos nacionales, lo que podría generar diferencias entre los agricultores de los distintos Estados miembros.
Desde ASAJA, su director general, José María Castilla, ha cuestionado que se valore positivamente un acuerdo que no aclara todavía la financiación. Por su parte, el responsable de COAG, Andrés Góngora, ha resumido la situación señalando que los ministros han acordado las reglas, pero no cuánto dinero habrá disponible ni cómo se distribuirá.
Las organizaciones también rechazan que la política agrícola común pierda cohesión y dependa cada vez más de las decisiones presupuestarias de cada país. A su juicio, la PAC debe mantener una financiación suficiente y unas condiciones que permitan competir en un mercado europeo compartido.
El ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha valorado favorablemente el acuerdo parcial porque, según ha defendido, aporta flexibilidad en la aplicación nacional de la política y aleja el riesgo de una renacionalización completa. La diferencia de valoración entre el Gobierno y las organizaciones agrarias refleja que el pacto europeo no ha cerrado el debate sobre el futuro del campo.
Cerca de 500 tractores recorrerán el centro de Madrid
La movilización de este miércoles está prevista para recorrer algunas de las principales arterias de la capital y finalizar frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los tractores llegarán a Madrid en cinco columnas desde distintos puntos de origen y confluirán en la plaza de Colón. Desde allí, la marcha continuará por el paseo de Recoletos y el paseo del Prado hasta la glorieta del Emperador Carlos V, en las inmediaciones de Atocha, donde se encuentra la sede ministerial.
Las organizaciones convocantes esperan que la presencia de miles de agricultores y ganaderos permita visibilizar la situación económica de las explotaciones y presionar para que las administraciones adopten medidas concretas.
La movilización se produce en un momento especialmente delicado para una parte del sector, que denuncia el encarecimiento de los combustibles, los fertilizantes, la energía y otros productos necesarios para mantener la actividad agrícola y ganadera.
La convocatoria también refleja la división entre las organizaciones representativas del campo. ASAJA, COAG y Unión de Uniones mantienen la protesta, mientras que UPA ha decidido aplazar su movilización debido a la proximidad de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
El gasóleo agrícola y los fertilizantes, entre las principales preocupaciones
Una de las demandas centrales de los agricultores es la puesta en marcha de un plan de choque contra el aumento de los costes de producción.
Las organizaciones consideran que las ayudas temporales no son suficientes para compensar el encarecimiento de los carburantes, los fertilizantes, las semillas, los piensos y la electricidad. Por ello, reclaman la implantación de un gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad reducida y estable y bonificaciones aplicadas directamente al repostar.
El objetivo es proporcionar una solución permanente que permita a las explotaciones planificar sus gastos y reducir su exposición a las fluctuaciones de los precios energéticos.
Los convocantes advierten de que la falta de rentabilidad amenaza la continuidad de determinadas actividades agrícolas y ganaderas. En el sector cerealista, por ejemplo, alertan de que los costes de siembra y mantenimiento pueden resultar difíciles de asumir cuando los precios percibidos no compensan la inversión realizada.
El Ministerio de Agricultura defiende que el Gobierno ha desplegado ayudas extraordinarias para mitigar el incremento de los costes y ha impulsado inversiones destinadas a modernizar explotaciones y mejorar infraestructuras. Sin embargo, las organizaciones convocantes sostienen que las medidas adoptadas no responden suficientemente a la situación que atraviesa el campo.
Precios justos y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
Otra de las reivindicaciones de la protesta es garantizar que los agricultores y ganaderos reciban una remuneración que cubra los costes de producción.
Las organizaciones reclaman que se cumpla de forma efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria y que los productores no sigan siendo el eslabón con menor capacidad de negociación frente a la industria y la distribución.
El sector considera que el incremento de los gastos no siempre se traslada a los precios que reciben quienes producen los alimentos. Esta diferencia, sostienen, dificulta la viabilidad de numerosas explotaciones y reduce su capacidad para invertir, modernizarse y contratar trabajadores.
Los agricultores también piden que se controle el funcionamiento de la cadena comercial para evitar prácticas que perjudiquen a los productores y que los beneficios se distribuyan de manera más equilibrada entre los distintos participantes.
La reivindicación tiene además una dimensión para los consumidores. Las organizaciones defienden que una producción agraria viable es necesaria para mantener el abastecimiento alimentario y garantizar que las explotaciones puedan continuar trabajando a largo plazo.
Rechazo a la competencia desleal y a los recortes de la PAC
Las organizaciones agrarias reclaman que los productos importados de países terceros cumplan exigencias equivalentes a las que deben respetar los productores europeos.
La llamada cláusula espejo es una de sus principales demandas: consiste en exigir condiciones comparables en ámbitos como el uso de productos fitosanitarios, los requisitos sanitarios y las normas laborales o medioambientales.
ASAJA, COAG y Unión de Uniones consideran que los agricultores europeos soportan costes derivados de una regulación exigente y que esa diferencia puede perjudicarlos cuando compiten con productos importados que no están sujetos a las mismas obligaciones.
Por ello, las organizaciones mantienen sus críticas a determinados acuerdos comerciales de la Unión Europea, especialmente los relacionados con Mercosur y Marruecos, y piden controles fronterizos más efectivos.
La discusión sobre las importaciones está vinculada a la futura PAC: los productores reclaman una política europea suficientemente financiada que les permita afrontar las exigencias regulatorias, modernizar sus explotaciones y competir en condiciones que consideran equilibradas.
Menos burocracia y relevo generacional
La reducción de los trámites administrativos es otra de las exigencias que los agricultores llevarán a Madrid. Las organizaciones denuncian que la acumulación de registros, formularios y obligaciones consume tiempo que podría dedicarse al trabajo en las explotaciones.
Piden simplificar los procedimientos sin eliminar las garantías necesarias para proteger el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar animal.
El relevo generacional también preocupa al sector. Según los datos recogidos por EL PAÍS, la edad media de los trabajadores agrarios se sitúa en torno a los 55 años, mientras que el peso de los menores de 35 años continúa siendo reducido.
Las organizaciones consideran que la falta de rentabilidad, las dificultades para acceder a la tierra y la necesidad de realizar inversiones elevadas complican la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos.
Por eso, reclaman medidas que faciliten el acceso a financiación, formación y terrenos, además de mejores servicios básicos en el medio rural. El objetivo es evitar que la falta de continuidad familiar o empresarial provoque el abandono de explotaciones.
Entre las peticiones complementarias también figuran mejoras en los seguros agrarios, una gestión más eficiente del agua y políticas de prevención de incendios y mantenimiento de los terrenos forestales.
Una jornada de presión sobre el Gobierno
La tractorada de Madrid pretende convertir el malestar del sector en una exigencia de respuestas concretas. Los convocantes consideran que el acuerdo parcial sobre la PAC no resuelve las incertidumbres presupuestarias y que las explotaciones necesitan medidas inmediatas para afrontar los costes de producción.
El Gobierno, por su parte, defiende los avances logrados en la negociación europea y las ayudas desplegadas para apoyar al campo. La financiación definitiva de la PAC para 2028-2034 continúa pendiente de la negociación entre las instituciones comunitarias.
La protesta se celebrará además a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, un contexto que aumenta la presión política sobre las reivindicaciones agrarias.
El resultado de la movilización y la respuesta de las administraciones marcarán los próximos pasos de un conflicto que va más allá de las ayudas europeas. Los agricultores reclaman condiciones que permitan cubrir los costes, obtener precios suficientes por sus productos y mantener la actividad de sus explotaciones.
La cuestión de fondo es si las futuras decisiones presupuestarias y las medidas nacionales serán suficientes para garantizar la viabilidad económica del campo español durante los próximos años.
